En lo que representa una advertencia a las entidades estatales, el Tribunal de Contrataciones Públicas emitió una resolución en la que establece que está prohibido otorgar la buena pro a empresas proveedoras cuyos propietarios, accionistas o ejecutivos, se encuentran cumpliendo sentencias por delitos de corrupción en agravio del Estado.
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Una investigación de La República reveló que la Municipalidad de San Isidro contrató a la compañía Industrias Argüelles Servicios Generales por S/47 millones de soles, pese a que el dueño de la empresa, Aniceto Argüelles Loayza, aceptó haber intentado sobornar a una jueza, por lo que se le condenó a cuatro años de prisión suspendida.
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La exrepresentante y exgerente de la misma compañía, Karen Pasco Flores, también fue sentenciada a cuatro años de prisión suspendida por haber participado en la compra fraudulenta de un terreno de la comunidad de Quipán (Canta), usando documentos adulterados de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
El Tribunal de Contrataciones Públicas anuló el contrato porque Aniceto Argüelles tiene vigente una condena. Foto: La República
Evidente impedimento
“(Aniceto Argüelles) se encuentra impedido para ser participante, postor y contratista desde la condena impuesta el 24 de enero de 2025”, señala la resolución del Tribunal de Contrataciones Públicas.
“En la sentencia se detalló que (Argüelles) cometió el delito de cohecho activo específico en su posición de presidente del directorio y dueño de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales”, precisa el fallo del tribunal.
Cuando este diario preguntó a Industrias Argüelles sobre este caso, recibió como respuesta que la adjudicación fue legítima porque no enfrentaba ningún impedimento.
La Municipalidad de San Isidro concedió la millonaria buena pro a Argüelles por el alquiler de una flota de vehículos para el servicio de limpieza, el 19 de agosto de 2025. Es decir, cuando estaba inhabilitado para contratar con el Estado.
El tribunal consignó otra información relevante con la que sustentó su decisión: después de recibir la sentencia, el dueño de la empresa Industrias Argüelles hizo una serie de modificaciones en su compañía, en un intento para seguir contratando con el Estado.
Tapando el sol con un dedo
Dos meses después que la Municipalidad de San Isidro convocó a licitación, Aniceto Argüelles dirigió una reunión del directorio de la empresa, informando que había transferido sus acciones (99.85%) a su esposa, quien a su vez las traspasó a su hijo Elvis Argüelles Milla. Y el restante 0.15% de acciones de Karen Pasco Flores pasaron al sobrino de Aniceto Argüelles, Gerson Guillén Argüelles.
En la misma sesión se cambió a todo el directorio, saliendo del mismo Aniceto Argüelles y Karen Pasco. Esta última dejó la gerencia general y el directorio de Industrias Argüelles debido a que el 31 de marzo de este año, fue confirmada una sentencia por el delito de falsedad ideológica.
De acuerdo con el fallo judicial, Pasco fraguó documentos para fabricar la compra subvaluada de 10 mil hectáreas, sin autorización de la comunidad de Quipán. En ese lugar, Industrias Argüelles construyó un relleno sanitario.
El 15 de agosto, Industrias Argüelles presentó una declaración jurada a la Municipalidad de San isidro, asegurando que no tenía sanciones por delito de corrupción, ni tampoco impedimentos para presentar su oferta.
Cuatro días después que la Municipalidad de San Isidro recibió conforme la declaración jurada de Industrias Argüelles, la empresa comunicó que le había otorgado facultades de gerente general a Aniceto Argüelles, condenado por corrupción.
Por razones que son materia de investigación, el Comité de Selección de la Municipalidad de San Isidro otorgó la buena pro a Industrias Argüelles, que estaba impedida de intervenir en la licitación.
“(Industrias Argüelles) estaba igualmente impedida de ser participante, postor o contratista, pues el señor Aniceto Argüelles cuenta con un poder general vigente que le permite tener control efectivo de la empresa, pese a los traspasos de acciones a su esposa e hijo”, indica el tribunal.
Además de anular la adjudicación, el tribunal dispone se inicien acciones legales contra Industrias Argüelles y su dueño Aniceto Argüelles.
Municipio de San Isidro acatará fallo
● El 24 de abril de este año, la Municipalidad de La Molina contrató a Industrias Argüelles Servicios Generales por el alquiler de camiones y maquinaria para la limpieza pública por S/23,8 millones.
● Es decir, la adjudicación se produjo cuando el empresario Aniceto Argüelles Loayza estaba impedido de hacerlo por estar condenado por corrupción.
● Al conocer el fallo del Tribunal de Contrataciones Públicas, la Municipalidad de San Isidro indicó que acatará la resolución que ordena anular la adjudicación a favor de Industrias Argüelles, así como acciones legales contra el dueño.