Desde el 23 de agosto, Juan José Santiváñez ejerce funciones como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gabinete de Eduardo Arana. Con el aval de Dina Boluarte, el funcionario —quien fue censurado como ministro del Interior por el Congreso de la República— retornó al Poder Ejecutivo. Poco más de un mes después, los primeros reportes sobre su popularidad han salido a la luz: según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 72% de la población desaprueba su gestión al frente de la cartera de Justicia, frente a un escaso 5% que la respalda.
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El 23% restante de la ciudadanía prefirió no opinar sobre su desempeño; sin embargo, los resultados muestran que Santiváñez genera un marcado rechazo, lo que lo convierte en una de las figuras políticas más impopulares del país. En esa misma línea, Dina Boluarte acumula cifras históricas de desaprobación con un 93%, porcentaje que también alcanza el Congreso de la República.
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La gestión de Santiváñez como ministro de Justicia no ha estado exenta de polémicas. Desde que asumió el cargo, la Fiscalía lo ha vinculado con un nuevo caso de corrupción. El Ministerio Público lo acusa de integrar una red criminal en la que habría negociado la permanencia y asignación de efectivos policiales en beneficio de un empresario minero, a cambio de una retribución económica.
Además, investigaciones periodísticas revelaron la existencia de audios de la Fiscalía en los que se escucha al ministro de Justicia negociando, junto al actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, el traslado de un policía sentenciado por integrar una organización criminal hacia otro centro penitenciario.
Juan José Santiváñez: Lima sale en rechazo al ministro de Justicia
El ministro de Justicia enfrenta una fuerte desaprobación en Lima Metropolitana. El 78% de los encuestados en la capital considera que la gestión de Santiváñez ha sido insatisfactoria. La asociación de su figura con el crimen organizado es una de las principales hipótesis que explican el alto nivel de rechazo, el cual también se replica en la macrozona Norte del país, donde ciudades como Trujillo han sido duramente golpeadas por la delincuencia.
Asimismo, los adultos de entre 30 y 49 años, así como los ciudadanos de los sectores A/B, son quienes más cuestionan la gestión de Santiváñez al frente de la cartera de Justicia. De igual manera, mientras mayor es el interés en la política, más crece la desaprobación: el 88% de los encuestados que declaró estar interesado en temas políticos afirmó rechazar el trabajo del ministro.
Dina Boluarte mantiene récords históricos de desaprobación
“Qué bueno que me hayan puesto cero por ciento, porque eso es lo que les he dicho: pónganme cero-cero y nos vamos a penales”, declaraba Boluarte hace unos meses en referencia a los récords históricos de desaprobación que mantiene su gestión. La tendencia continúa: la encuesta del IEP señala que Boluarte tiene un 93% de desaprobación popular. El dato la convierte en la presidenta con mayor desaprobación histórica del siglo XXI. En contraparte, solo un 3% aprueba su gestión y un 4% prefiere no opinar del tema.
Desde septiembre del 2024, Boluarte no logra que su desaprobación sea menor al 90%. De igual modo, su aprobación es menor a las dos cifras desde noviembre del 2023. El Norte y el Centro desaprueban en un 95% a Boluarte, mientras el Sur, también presenta un rechazo a la presidenta del 92%.
La desaprobación de Boluarte parece ser un hecho que une a los peruanos más allá de su posición ideológica. Tanto los ciudadanos que aseguraron identificarse ideológicamente con la izquierda, como con la derecha o el centro, desaprueban en un 94% la gestión de la actual mandataria.
Congreso mantiene desaprobación histórica: 93% del Perú reprueba la gestión del Parlamento
La encuesta confirma otro dato demoledor: el 93% de los ciudadanos desaprueba la gestión del Congreso. Solo un 4% manifestaría su aprobación, mientras que el restante 3% opta por no opinar (NS/NP). Este nivel de rechazo lleva ya más de dos años sin variaciones significativas, lo que refuerza una tendencia de desprestigio institucional.
Desde agosto de 2021, la desaprobación del Parlamento trepó de forma abrupta, pues pasó de 61% a 87% en cuestión de meses, y luego se estabilizó en rangos entre 90 % y 94 % en todo el periodo siguiente. En ese mismo lapso, la aprobación se desplomó: de 31% a cifras entre 2% y 6%, y rara vez ha logrado repuntar. El empate con la indiferencia (NS/NP) apenas aporta al escenario de crisis: tampoco logra reivindicar al Legislativo.
Este estancamiento en niveles tan altos de rechazo no es casual. Usuarios en redes sociales coinciden en que el Congreso ha profundizado su imagen como una entidad que responde menos a urgencias colectivas y más a intereses particulares. Hay críticas recurrentes por medidas que favorecen a determinados grupos (como reformas parciales, blindajes legales o amnistías), así como por la falta de liderazgo claro frente al Ejecutivo.
Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, este rechazo masivo crea un escenario político cargado. El Legislativo ya no solo lidia con una crisis de credibilidad, sino con la necesidad urgente de reconstruir legitimidad. Pero, ¿cómo espera hacerlo cuando su imagen pública parece inmejorable? A menos de un año para los comicios, la capacidad del Congreso para renovarse o acercarse a la ciudadanía estará más examinada que nunca.
42% de los peruanos no quiere salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
El sondeo revela que el 42% de la ciudadanía está en desacuerdo con un eventual retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mientras que el 38% se muestra a favor y un 20% no precisa una postura. La mayor oposición se concentra en Lima Metropolitana, entre jóvenes de 18 a 29 años y en sectores con un alto interés por la política.
En contraste, el respaldo a la salida de la Corte IDH proviene principalmente de personas mayores de 50 años, de los niveles socioeconómicos A/B y de quienes se identifican políticamente con la derecha. Asimismo, el 33% de quienes no expresan una opinión definida residen en zonas rurales, lo que evidencia diferencias en las percepciones según edad, lugar de residencia y nivel socioeconómico.
61% de peruanos rechaza la ley de amnistía para violadores de derechos humanos
La amnistía para funcionarios que vulneraron derechos humanos aparece como una medida políticamente impopular. Mientras un 21 % está a favor, un 61% se manifiesta en desacuerdo y 18% prefiere no opinar o no sabe qué responde.
El análisis segmentado por zonas geográficas y socioeconómicas evidencia también diferencias notables. El rechazo a la amnistía es más fuerte en la macrozona sur del país. Asimismo, quienes pertenecen al nivel socioeconómico C y aquellos con educación superior tienden a mostrarse más críticos con la medida. En contraste, quienes apoyan otorgar la amnistía se concentran en los niveles A/B y entre los que se identifican políticamente con la derecha.
También sobresale un sesgo ideológico: quienes se identifican con la izquierda o el centro muestran una mayor disposición a rechazar la amnistía frente a quienes se ubican en la derecha. Esto sugiere que el debate sobre memoria, justicia y reparación no puede desligarse de la polarización política vigente en el país. En ese sentido, la medida de amnistía se posiciona como un tema simbólico que conecta con visiones profundas sobre impunidad y transiciones democráticas.
Este escenario plantea un dilema político porque mientras algunos actores pueden promover la amnistía con la intención de cerrar heridas del pasado o rebajar presiones judiciales, la mayoría de la población parece no estar dispuesta a tolerar concesiones que puedan interpretarse como impunidad. De aprobarse una norma en esa dirección, los líderes tendrán que enfrentar no solo cuestionamientos éticos, sino rechazo ciudadano consolidado. De cara a elecciones y definiciones clave, la amnistía se perfila como un tema que podría generar más rechazo que consenso.