Las principales noticias sobre minería en Perú han pasado de estar asociadas a la prosperidad, la bonanza económica y el aumento de las inversiones, para ocupar las primeras planas de las notas relacionadas con gravísimos crímenes que amenazan irónicamente la estabilidad fiscal.
De hecho, según la encuesta de Ipsos de mayo de este año que publicó Perú21, el 81% de los peruanos considera que la minería ilegal amenaza la seguridad nacional. En la convención minera Perumin, celebrada estos últimos días, se abordó el riesgo de que la minería ilegal detenga el desarrollo del país, propiciando políticas públicas nocivas desde puestos de poder obtenidos bajo su financiamiento.
En el centro de la discusión está Pataz, una provincia andina de la región La Libertad de aproximadamente 86 mil habitantes, y que alberga codiciadas minas informales de oro —o minas formales invadidas por ilegales bajo el amparo del Reinfo— que se han convertido en el bastión de organizaciones criminales. Al menos hasta mayo de este año, las bocaminas estuvieron manchadas de sangre sin que nadie pueda hacer nada.
Sin embargo, el 9 de mayo el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) asumió el orden interno de la zona y la situación ha empezado a cambiar. En este tiempo, ha asestado importantes golpes a la minería ilegal que representan más de S/240 millones en pérdidas a su actividad ilícita, y al fin parece que surte efecto el estado de emergencia que inició en febrero del año pasado.
GOLPES CERTEROS
El CUPAZ, bajo la jurisdicción del Comando Operacional del Norte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), articula en un solo esfuerzo a militares de la Fuerza Especial Conjunta —operadores de élite del Ejército, miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina y de la División de Operaciones Especiales (DOES) de la Fuerza Aérea— así como unidades especiales de la Policía con la misión de recuperar el control territorial.
El despliegue cuenta con el soporte del Comando de Inteligencia y Operaciones Conjuntas (CIOEC) e inteligencia del Ejército, lo que permite al CUPAZ enfrentar con eficacia a los mineros ilegales.
Según pudo conocer Perú21, entre mayo y septiembre, este comando ha realizado 33 operativos (ver detalle en el cuadro adjunto). El más importante de todos fue el Operativo Lobo, realizado en mayo en el Anexo Pueblo Nuevo, que significó un golpe a la minería ilegal por S/56’855,783. Por entonces también se realizó el Operativo Avatar I en el Anexo Suyubamba, que permitió un perjuicio para los ilegales de S/42’797,840.
El siguiente mes se organizó el Operativo Armagedón I en el Centro Poblado Zarumilla, que representó S/43’563,700 en pérdidas a este flagelo. Ya en agosto se dio el Operativo Choque Amaru I en el Sector La Ciénega, que valió S/24’382,920 en contra de la minería ilegal en Pataz.
En total, desde mayo, el CUPAZ ha logrado interdictar 70 bocaminas, 22 socavones y 52 campamentos mineros. Ha incautado 7 retroexcavadoras, 79 vehículos mineros, 1,350 unidades de dinamita, 4,731 detonadores, así como carabinas, pistolas, fusiles, municiones, chalecos antibalas y muchos artículos más que servían para causar zozobra en la zona.
El control territorial se da en los puestos de Sicun, Calquiche, Pamparacra, Parcoy y Tayabamba, pero también hay efectivos desplegados en Pueblo Nuevo, Hualanga, Chagual y Alto Pataz. Se han realizado 1,936 patrullajes en acciones de control, intervenciones e interdicción contra la minería ilegal.
ESFUERZO CONSTANTE
Los números hablan de un notorio avance. ¿Qué cambió desde que el CUPAZ tomó el control de los operativos en Pataz? Iván Arenas, especialista en temas mineros y analista político, dijo a Perú21 que hubo una nueva estrategia.
“La tarea era tener el control del territorio y de las rutas de la ilegalidad. El Ejército lo sabía”, manifestó.
Además, continuó, “cambió la mirada hacia la extracción ilegal de minerales, cuya actividad es absolutamente ilícita e intolerable. Asimismo, el Ejército es autoridad y disuasión frente al desorden en esa jurisdicción. A ello hay que añadir que existe una percepción positiva de la ciudadanía del Ejército frente al desbande en la zona”.
A todo esto, Arenas aseguró que todavía se necesita más “especialización técnica para entrar a los socavones y a las labores ilegales”. La tarea, aunque encaminada, aún está en progreso.
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