El lunes 9 de septiembre de 2024, el entonces presidente de la Corte Superior de Lima Sur, Marco Angulo Morales, convocó a su oficina a la jueza de Lurín, Elizabeth Chávez Hachata, quien, extrañada por la cita, asumió que sería para tratar el caso más importante y mediático que tenía en sus manos: los peajes.
Y sus sospechas eran ciertas. La suspensión de cobro de peajes en Puente Piedra, dispuesta por el Tribunal Constitucional (TC) ese año, provocó que otras autoridades, vecinos y políticos buscaran similares decisiones en las zonas donde la empresa Rutas de Lima administraba esos pagos.
El propulsor de esa campaña era el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien a como dé lugar quería anular uno de los negocios que inició la corrupta compañía Odebrecht (ahora Novonor), accionista de Rutas de Lima.
Pero en Lurín el que lleva la batuta es el burgomaestre Raúl Marticorena Pérez, de Alianza para el Progreso.
Su gestión interpuso un habeas corpus ante el juzgado para dejar sin efecto los peajes de Conchán, Arica y San Pedro, e incluso los que no eran de su jurisdicción, como los de Quebrada Seca, Huaylas, Punta Negra y Villa El Salvador.
Antes de hablar con Angulo, Chávez prendió su grabadora y dejó que la conversación fluyera. Así fue como corroboró que su superior jerárquico quería influir en su decisión. A ese audio accedió Perú21.
“Acá hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional”, empezó el magistrado. “Habría que mantener ahí una línea (…), si hay un fallo del tribunal, ya no hay mucho qué decir”, insistió.
Chávez escuchaba y luego dejaba sentada su posición, que no era la de Angulo. La ley señala que cada juez es independiente y autónomo.
“Un antecedente es lo de Puente Piedra, pero está por verificarse si se puede aplicar o no, si resulta o no compatible con estos habeas corpus que han presentado para poder aplicarlo como jurisprudencia”, respondió.
Angulo Morales, quien cuidaba sus palabras, pero no ocultaba sus diferencias de criterio, refutaba.
“El riesgo es otorgarles licitud o validar la existencia de esos peajes cuando su fuente es ilícita. De acá a unos años podría ser materia de reflexión. En su momento podrían (decir) ‘¿y cómo se ha validado esto?, ¿en base a qué? Ah, garantías constitucionales que han sido tramitadas ¿dónde? Ah, en Lima Sur, ¿quién es la juez?’. Y ocurren estas cosas”, alegaba.
Sin embargo, Chávez Hachata seguía firme. “Yo solo tengo jurisdicción en Lurín. No me pueden pedir que yo anule un peaje de Villa El Salvador porque yo no soy competente allá, a menos que ese peaje vulnere un derecho de libre tránsito de los pobladores de Lurín”, aseveró.
En capilla
Había tensión en el aire. Fueron 18 minutos de diálogo, en los que el titular de la Corte de Lima Sur aparentaba sostener una reunión informativa. Al finalizar, Angulo solo atinó a decir a la jueza que actúe de acuerdo al procedimiento.
Cuatro días después, el 13 de septiembre de 2024, Elizabeth Chávez era cambiada de puesto, al Juzgado Penal Liquidador de Lurín, por decisión de Marco Angulo. Su lugar lo ocupó la jueza Vilma Vidales, quien también sostuvo un encuentro del mismo calibre con Angulo y grabó esa conversación que entregó a Chávez.
A diferencia de su colega, no obstante, Vidales retrocedió y no se sumó a la denuncia que finalmente llegó a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial. Aunque esta instancia ha tomado ambos audios como prueba.
En noviembre del año pasado, el entonces presidente de la Corte fue suspendido de sus funciones, pero en mayo de 2025 regresó a la judicatura al interponer una acción de amparo y hoy preside la Sala Mixta Transitoria de Villa María del Triunfo.
El último 14 de julio, el juez Wilson Chiu, de la ANC, propuso la destitución de Angulo por cometer “faltas muy graves” al “ejercer presión” contra Chávez Hachata, quien renunció este año y ahora es abogada independiente.
Vidales, por su parte, se encargó de emitir la sentencia y lo hizo en línea de lo que Chávez proyectó: solo anuló el cobro de peajes en Conchán porque impedía el libre tránsito de los vecinos de Lurín.
Perú21 se contactó con el magistrado Angulo, quien negó haber interferido en las funciones de las juezas.
“Nunca hubo presión, nunca hubo amenaza o coacción de algún tipo (…), lo único que hubo fue un control permanente de la labor jurisdiccional que realizan los jueces, y lo otro que hago es invocar que los jueces tengan presente lo que dice el Tribunal Constitucional”, se defendió.
Su futuro inmediato está en manos del jefe de la ANC, Juan Antonio Fernández Jerí, quien debe decidir la destitución por razones administrativas. Pero también Angulo está bajo investigación de la Fiscalía, un proceso penal que lo puede llevar a prisión.