La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, solicitó un año de impedimento de salida del país contra la expresidenta de Consejo de Ministros, acusada de presunta rebelión.
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Hasta fines de agosto, la exfuncionaria venía cumpliendo una prolongación de prisión preventiva; sin embargo, la medida fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado su recurso de hábeas corpus.
La fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel en su contra al acusarla de haber subvertido el orden constitucional -junto a Castillo Terrones- buscando el cierre del Congreso de la República y la intervención de organismos constitucionales autónomos.
Tras ser liberada, Chávez Chino deberá seguir afrontando el juicio oral en su contra, que se viene desarrollando por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, bajo comparecencia con restricciones.
Décimosegunda audiencia del juicio de Pedro Castillo. Foto: GEC / Alessandro Currarino.
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Por el momento, la acusada no puede ausentarse de Lima sin orden judicial y cada siete días deberá pasar por control biométrico ante el PJ.
Precisamente, este miércoles, Chávez Chino deberá presentarse obligatoriamente y de manera presencial ante el colegiado de juzgamiento para participar del juicio oral a partir de las 9:00 de la mañana.
De no acudir, la sala adelantó que se ejecutarán los apercibimientos de ley. Es decir, ser declarada reo contumaz y ordenar su captura, en caso de inconcurrencia injustificada.
“Debe precisarse que ante la nueva situación de libertad que presentaría la acusada Chávez Chino su concurrencia al juicio oral es obligatoria, con los apercibimientos de ley en caso de inasistencia. De igual modo a los apercibimientos a los abogado defensores quienes podrán ser reemplazados por la defensa pública de ser el caso”
Latente peligro de que pueda fugar o asilarse
De otro lado, a partir de las 2:30 de la tarde, el Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Edhin Campos, analizará el requerimiento de impedimento de salida del país contra la exministra de Castillo Terrones.
A través de una resolución, el juzgado ratificó que la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, requiere al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que dicte impedimento de salida del país por el plazo de doce meses contra Chávez Chino en su condición de presidenta del Consejo de Ministros, como coautora del delito contra los poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión, delito previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado.
En este caso, el juzgado señaló que la presencia de la acusada no era obligatoria, teniendo en cuenta que será representada por su abogado en la audiencia que será de carácter virtual.
“Siendo que en caso de imposibilidad de conexión virtual de la acusada, se prescindirá de su presencia virtual, toda vez que su derecho de defensa técnica se encuentra debidamente garantizado al ser representado por su abogado”, sostuvo el magistrado Campos Barranzuela.
Fuentes fiscales han señalado a este Diario que el requerimiento fiscal enfatiza que tras su excarcelación la semana pasada, la posibilidad de que Betssy Chávez pueda eludir la justicia buscando un asilo político en alguna embajada, sigue latente.
Como se recuerda, en el 2023, la Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial (PJ), revocó la resolución que inicialmente había rechazado su prisión preventiva y dispuso que la exministra de Pedro Castillo sea internada provisionalmente en un penal.
Para el colegiado supremo persistía el peligro de fuga de la ahora acusada puesto que, de acuerdo a testimonios que obran en el proceso judicial, Chávez Chino intentó dirigirse hacia la Embajada de México en Lima, luego del fracaso del golpe de Estado.
BETSSY CHAVEZ ACUSACION FISCAL
La declaración de los testigos, ha imputado la fiscalía, también quedó confirmada por el reporte de de geolocalización del vehículo oficial de placa EGO-151 que la transportó aquel 7 de diciembre del 2022.
La situación no habría desaparecido en la actualidad y por el contrario se ha fortalecido en los últimos meses con las acciones y declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La mandataria mexicana, no solo se ha reunido con Guido Croxatto, uno de los abogados de Pedro Castillo; sino que ha ratificado su posición señalando que el vacado exmandatario está “injustamente encarcelado”.
“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región.”
Posteriormente, ante la prensa de su país sostuvo que recibió a Croxatto ya que desde su punto de vista, Castillo sería quien sufrió el golpe de Estado y por ello se solidarizó con él.
Además, recordó que la posición gubernamental sobre Castillo Terrones y su gobierno, viene desde su antecesor Andrés Lóprez Obrador.
“Es una política que viene desde el gobierno del presidente (Andrés Manuel) López Obrador en este caso, como en el caso de Ecuador de romper relaciones por la invasión a nuestra embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio. No importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”, dijo Sheinbaum.
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
López Obrador, como se recuerda, fue quien otorgó el “asilo político” a Lilia Parees, esposa de Pedro Castillo, horas después de que el Golpe de Estado no surtiera efecto y el exmandataria fuese detenido.
La noche de ese mismo 7 de diciembre del 2022, Paredes ingresó a la Embajada de México en Lima junto a sus dos menores hijos. Dos semanas después pudo viajar a México en condición de asilada, luego de que nuestro gobierno le otorgó el salvoconducto para poder trasladarse con inmunidad.
(Foto: Instituto Nacional de Migración de México)
La exministra afronta un pedido de la fiscalía para que sea condenada a 25 años de cárcel, lo cual incrementa el riesgo de fuga.
Sumado a ello, Chávez Chino y su defensa legal trataron de buscar un arraigo laboral ante la justicia. Para ello, el exministro de Castillo y congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) presentó un requerimiento ante el Congreso de la República a fin de que la exministra sea contratada como asesora de su despacho, pero esto no prosperó.
La imputación directa contra Chávez Chino es que, junto a Pedro Castillo y su entonces asesor Anìbal Torres, acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos constitucionales.
Además, habrían dispuesto la intervención de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretado. Para tal efecto, la acusada Chávez Chino, aprovechó la condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del exmandatario Castillo Terrones, para disponer, a través de su mensaje a la nación, la intervención de dichas instituciones armadas para suprimir el régimen constitucional, con lo que se atentó contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional.
No se allanarán al pedido de impedimento y rechazan peligro de fuga
El Comercio se comunicó con Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino a fin de conocer si habían logrado obtener los arraigos para presentarlos durante la audiencia de impedimento de salida del país de este miércoles; no obstante, el abogado minimizó dicho requisito.
Señaló que el solo hecho de que Chávez Chino sea abogada de profesión ya justifica su arraigo laboral. Además, alegó que lo que se evaluará es un impedimento de salida del país, que no es una medida tan grave como la de una prisión preventiva.
Y, en esa línea, confirmó que no se allanarán al pedido de impedimento de salida del país, por lo que rechazó los argumentos presentados por el Ministerio Público para alegar la existencia de un peligro de fuga por parte de su patrocinada.
Noblecilla adujo que los elementos presentados son los mismos que ya fueron analizados con anterioridad y que incluso han sido expuestos en juicio oral sobre su intención de fugarse y asilarse en la Embajada de México.
“Vamos a alegar, desde luego, que toda la construcción de la fiscalía ya ha sido superado y ya estamos a un 70% del juicio, y todas esas testimoniales, todas las pruebas que tenía la fiscalía, ya van agotándose, porque se va esclareciendo de que nunca existió de que Betssy Chávez pueda fugarse.”
Por ello, aseguró que su patrocinada no fugará puesto que “su camino” es en el Perú y el supuesto peligro de fuga es un “invento” de la fiscalía.
“Es lo único que tienen, es un invento, pero es lo único que tienen. A lo que voy es que, al 70% de avance del juicio está cada vez más demostrado que nunca existió un peligro de fuga de Betssy Chávez y le aseguro que la intención de Betssy Chávez es quedarse”, concluyó.
Pedro Castillo
Vuelve a pedir cese de prisión
Pedro Cstillo presentó ante el Poder Judicial (PJ) un nuevo pedido de cese de la prisión preventiva que viene cumpliendo, en el marco del proceso que se le sigue por el Golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022.
A través de un escrito, el vacado exmandatario cuestiona que la Denuncia Constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación no haya sido presentada al momento de ser detenido, tras su mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso.
Según el exmandatario, quien cumple prisión preventiva en el Penal de Barbadillo (Ate), la fiscalía recién presentó su denuncia cinco días después de su detención, por lo que no se respetó el debido proceso.
“Solicita la cesación de prisión preventiva en mérito a un nuevo elemento de convicción que acredita la afectación al debido proceso en razón que la Fiscalía de la Nación, no presentó una denuncia constitucional completa que cumpliera los requisitos formales del reglamento del congreso, dado que se realizó recién el 12/12/2022”, se indica.
Por ello, a través de una resolución judicial a la que accedió El Comercio, el juez supremo Edhin Campos dispuso realizar una audiencia el próximo 15 de setiembre a las 3:00 de la tarde, a fin de evaluar el pedido de Castillo Terrones.
