Su complicidad en el golpe de Estado ejecutado por Pedro Castillo; el grave delito cometido al apoyar el quiebre democrático ese 7 de diciembre de 2022 parece ser hoy apenas, increíblemente, una anécdota.
En ese país al revés que suele ser muchas veces el Perú, Betssy Chávez, acusada por rebelión, ha pasado de la prisión preventiva y la huelga de hambre a la libertad sin restricciones.
La ex primera ministra, a quien las cámaras del Salón Dorado revelaron coordinando el acto golpista, ha estirado sus injustos días de suerte: la Fiscalía desistió ayer de su solicitud de prolongación de prisión preventiva en su contra.
El fiscal supremo Edward Casaverde argumentó que conforme a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dispuso la excarcelación de Chávez resulta inviable solicitar dicha prolongación cuando el plazo de prisión preventiva ya venció, por lo que renunciaba al acto procesal que formuló el 18 de diciembre de 2024, y porque, además, la procesada ya se encuentra libre.
Al Poder Judicial no le quedó más que archivar este acto procesal.
Pero quien con sus acciones avaló el golpe de Estado y le sacó la lengua a la democracia, podría, ahora también, mostrarle la lengua al Congreso, ese mismo que la suspendió de sus funciones por el atentado en Palacio.
Y es que el legislador Roberto Sánchez, uno de los ministros del gabinete Chávez en el momento del golpe, anunció que contratará a su amiga y aliada castillista como asesora de confianza en su despacho congresal.
Como si nada hubiera pasado ese 7 de diciembre, el parlamentario justificó su pedido señalando que no existe impedimento legal y resaltando la experiencia técnica y política de su amiga Betssy, quien al avalar el mensaje de Castillo apoyó el cierre de ese Congreso al que irónicamente estaría cerca de regresar.
“La doctora Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional. Yo estaría contentísimo para que sea soporte profesional en mi despacho”, señaló Sánchez, que ha enviado su requerimiento al Parlamento solicitándola como asesora nivel 8, correspondiéndole un sueldo de 8 mil soles.
Es decir, encima de ser la cómplice del golpe, Chávez Chino recibirá su sueldo con el dinero de todos los peruanos, además de los beneficios que le corresponde como trabajadora parlamentaria.
El proceso para su incorporación no requiere de concurso público, basta con la presentación de una declaración jurada y documentos propios del proceso. Chávez cumplirá funciones de apoyo técnico, político y de acompañamiento en la labor parlamentaria, entre otros.
Trabajar en el Congreso, además, le asegurará arraigo laboral a la suspendida legisladora. Ya su abogado indicó que su patrocinada ha señalado Lima como su lugar de residencia. Chávez no volverá a sentarse en su curul mientras sea investigada, pero sí en una oficina del Congreso. Mucha suerte por estos días para quien atentó contra la democracia.
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