Mediante un comunicado, el gobierno de Dina Boluarte calificó como “inaceptable” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se oponga a la aplicación de una ley de amnistía para militares, policías y miembros de los comités civiles de autodefensa investigados y procesados por delitos cometidos durante los años del terrorismo entre 1980 y el año 2000.
“El Gobierno del Perú considera inaceptable esta decisión de la Corte IDH. La Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario, coadyuvante o complementario. No puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna”, indica el pronunciamiento de la Presidencia.
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Ello, luego de que la Corte IDH dispusiera que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento esa amnistía, que fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte tras ser aprobada por el Congreso, “a fin de que no surta efectos jurídicos” hasta que se pronuncie de manera definitiva sobre el tema.
“El Perú es un país soberano y democrático que, a lo largo de su historia, ha demostrado un firme y decidido compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, añade en un tono conciliador.
Sin embargo, el comunicado de la Presidencia luego advierte que el Perú “seguirá evaluando” su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos”.
En ese contexto de cuestionamientos por la promulgación de dicha ley de amnistía y las advertencias de abandonar el SIDH, a fines de agosto el gobierno de Boluarte formalizó la creación de un grupo de trabajo temporal que, en un plazo de 60 días, deberá elaborar bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa una propuesta de “Ley de Soberanía Nacional”.