Los conflictos en Pataz continúan. Tres miembros del Ejército del Perú resultaron heridos de bala luego de un enfrentamiento con presuntos mineros ilegales tras un operativo contra una supuesta organización criminal dedicada a la extracción ilegal de minerales.
Entre los suboficiales afectados figuran Herlin Monteblanco Castro, Roy Flores Baneo y Edwin Zavaleta Mejía. De acuerdo con información enviada a este medio, los soldados fueron trasladados vía aérea al Hospital Militar Central, en Lima, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro y estables.
Pataz permanece en estado de emergencia desde mayo
Desde febrero del 2024 y tras el asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R, compañía contratada por la minera Poderosa, la provincia de Pataz, conformada por 13 distritos, permanece en estado de emergencia. Pese a ello, los conflictos en esta zona minera, que cuenta con la presencia del Ejército y la Policía Nacional, no han cesado.
En julio, debido a la crítica situación, el Gobierno de Dina Boluarte prorrogó por 60 días dicha medida, con el fin de combatir con mayor eficacia a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal de oro. De acuerdo con un reciente informe de CooperAcción, en La Libertad operan al menos 52 plantes de procesamiento del mineral sin fiscalización efectiva.
En los últimos cuatro años, según el organismo, con un valor superior a los 3,500 millones de dólares, más de 33,000 volquetes cargados con 674,160 toneladas de oro salieron de la región sin trazabilidad; es decir, sin registro ni seguimiento alguno del producto. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), desde el 2019, las exportaciones de oro en el país se han visto duplicadas. A su vez, las operaciones ilícitas han cuadriplicado sus valores. Se estima que el 40% de este mineral que sale del Perú no cuenta con registros formales del Ministerio de Energía y Minas.
“No hay capacidad del Estado para estar presente y hacer esa labor de control (..) En zonas donde hay actividad informal, y en algunos casos abiertamente ilegal, lo que uno nota es que no hay procesos para fiscalizar toda la operación minera. No hay que olvidarnos que el presupuesto de este año, para el combate a la minería informal, disminuyó. No hay nada sostenible que hable de trazabilidad”, enfatiza Jose de Echave, doctor en Economía y y especialista en la problemática minera y ambiental del Perú.
Operativos contra la minería ilegal
Según información del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), desde mayo de este año, se han ejecutado 31 operativos ‘exitosos’, entre ellos se encuentran los siguientes: Lobo, Avatar I, Cueva, Anya, Apocalipsis I y II, Yanahuma, Armagedón I y II, Holocausto I y II, Amanecer, Rayo, Rumimaki; Excalibur I, II y III; Trueno, Calcuchimac, Centinela, Relámpago I y II, Drako I y II, Lima I y II, Choque Amaru I y II, Qatipay, Awqa y Centauro. Este último se realizó el 1 de setiembre.
Aseguran que entre los operativos que “significaron una gran pérdida económica para las organizaciones criminales de la minería ilegal” se encuentra Lobo (más de S/ 56 millones), Yanahuma (más de S/ 22 millones), Armagedon I (más de S/ 43 millones), Drako (más de 10 millones), Choque Amaru (más de S/ 24 millones), entre otros.
Para César Ipenza, abogado especialista en minería ilegal y temas ambientales, los operativos son clave para realizar trabajos de desarticulación de bandas, pero no resulta suficiente.“Mientras mayor sea la presencia de la autoridad, los ilegales pierden dinero, al igual que las autoridades corruptas que se beneficiaban de estas actividades. Pero no basta con clausurar los socavones donde opera la minería ilegal, también deben mostrarse resultados concretos del trabajo de inteligencia”, precisó para La República.
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