La pesadilla de Ricardo Villalobos Guabloche, un microempresario textil de 36 años, inició la madrugada del 26 de enero del 2021, mientras se encontraba en su casa ubicada en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Su hijo había cumplido un año y el negocio familiar prosperaba. Sin embargo, bastó diez minutos para que toda su vida cambiara.
Villalobos y su esposa acababan de celebrar la aprobación de un préstamo que el Estado peruano les otorgó como parte de una iniciativa para ayudar a los pequeños negocios afectados por la pandemia de la COVID-19. Minutos después, alguien tocó a su puerta. Al abrir, encontró un costal color negro colocado en la entrada, y de inmediato un grupo de diez agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo intervino.
En el paquete mencionado se hallaron 420 gramos de alcaloide de cocaína, 417 gramos de cannabis sativa (marihuana), un revólver oxidado, una escopeta partida en dos y 43 billetes falsos de 100 dólares. Lo acusaron de tres delitos: tráfico ilícito de armas, tráfico de billetes falsos en grado de tentativa y tráfico ilegal de armas.
“Me siento perseguido”
En diálogo con La República, Villalobos ha enfatizado que es inocente y que la intención explícita de los efectivos fue la de “sembrarlo”. Esta expresión coloquial que alude a la colocación intencional de pruebas falsas en contra de una persona.
Señala directamente a los policías Judá Ben-Hur Baldarrago Avendaño, Jorge Luis Vargas Pérez, Wueiser Iván Ponce Sobrados, entre otros. Añade que casos como el suyo abundan en nuestro país, pero por miedo a las represalias las personas no denuncian. “Ya son cuatro años, van a cumplirse cinco, que sigo luchando y hasta ahora no veo respuesta. Me siento perseguido”, declara. Él ha solicitado garantías para su vida, pues teme que le pase algo o a su familia.
Pero en el país de las injusticias, los testimonios no bastan. De acuerdo con videos grabados por la propia Policía y analizados por peritos forenses, se puede observar cómo un sujeto deja unos costales en la puerta de Villalobos y huye del lugar mientras es vigilado por el oficial Ponce, que percatándose del hecho no detiene al involucrado.
Pese a las evidencias de su defensa, el microempresario cumplió una condena de nueve meses de prisión preventiva en una cárcel de la región. Su madre, quien sufría de cáncer, falleció meses después del arresto de su hijo. Tras salir en libertad, su caso continúa en etapa de juicio. “No pude hacerme despedir de mi mamita (…) He venido a Lima a buscar justicia. La fiscal por venganza o no sé por qué insiste en volverme a meter preso. Estoy viviendo la injusticia en carne propia”, enfatiza.
Solicitan prisión efectiva y reparación civil contra agentes PNP
De acuerdo con los documentos presentados por la Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico de Drogas, Maribel Mondragón Fernández, al juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Coronel Portillo, a Ricardo se le imputa la presunta comisión del delito contra la Salud Pública-Tráfico Ilícito de Drogas y el delito en modalidad de tráfico de billetes falsos en grado de tentativa. La Fiscalía solicita once años de pena privativa de la libertad efectiva.
En cuanto al cargo por tráfico ilegal de armas, se dispuso el sobreseimiento de la investigación, dado que las armas incautadas no presentaban signos de uso anterior y no se hallaron restos de pólvora en sus cañones. No obstante, sobre la PNP también pesan cargos. Este medio accedió a documentos del Ministerio Público que corroboran el pedido de la Fiscalía de acusar a los policías implicados en la detención del microempresario textil de ser cómplices del delito contra La Administración Pública, en la modalidad de abuso de autoridad.
Solicitan un año de pena privativa de la libertad y multas en reparación civil que oscilan entre los 5 mil y 20 mil soles, además de la inhabilitación de los acusados: Tomas Jabo Abad, Jorge Luis Vargas Perez, Angel Rene Bruno Ortega, David Andaya Quispe, Juda Ben Hur Baldarrago Avendano, Juan Carlos Palma Torres, Julio Cesar Cueva Alfaro, Hernan Rodolfo Mendoza Yauri y Wuelser Ivan Ponce Sobrados.
Un informe de la división de Inspectoría General Dirección de Investigaciones de la Policía, obtenido por este medio y emitido el 10 de julio del presente año, concluyó con la inhabilitación de los oficiales y suboficiales implicados. Su pase al retiro no ha sido contemplado en los archivos. La República solicitó a la Policía Nacional conversar sobre la denuncia del ciudadano en mención, indicaron que por el momento “no sería posible atender a nuestra solicitud.
“Desde mi punto de vista corresponde una baja inmediata porque estamos frente a policías que se equivocaron y decidieron convertirse en delincuentes. Creo que necesitamos recuperar el principio de autoridad y la cero tolerancia frente a estos actos de obstrucción a la justicia o de corrupción policial”, acota Rubén Vargas, exministro del Interior, experto en crimen organizado y política antidrogas.
¿Una práctica común e impune?
En agosto de este año, nueve agentes de la Policía Nacional, incluido el exjefe del Grupo Terna, el coronel Walter Palomino, fueron detenidos por presuntamente pertenecer a una organización criminal conocida como ‘Los Incorregibles de San Juan de Miraflores’, que operaba dentro de la propia institución sembrando drogas, armas y falsos operativos para extorsionar inocentes.
Los integrantes de esta red ya habrían sido denunciados desde el 2022 por una ciudadana identificada como Paulina Quispe. En ese momento, ella los acusó de haber ingresado a su minimarket para “sembrar” productos ilícitos, con el fin de incriminarla a ella, a su hija —embarazada en ese entonces— y a dos trabajadores de su negocio.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Lima Noroste solicitó 35 años de prisión efectiva para los agentes antidrogas y de la división regional de Inteligencia del Callao Jhordan Díaz Zevallos, Marco Antonio Guerrero Chuquimajo, Julio Rodríguez, Julio Ruiz, Oscar Medina, Roberto Chuquivilca y Roy Marcelo. La misma pena fue requerida contra los suboficiales Jacobo Cancino Vidal y Brian Smith Arias Figueroa, quienes trabajaban en la comisaría de Mi Perú.
Para Vargas, el hecho de que malos elementos del cuerpo policial opten por realizar este tipo de acciones parte de la premisa de la impunidad. “Para que un mal policía o un grupo de policías decida manchar su uniforme, sembrando pruebas o participando de actos extorsivos, es porque saben que no van a ser descubiertos, y si los descubren saben que no habrá sanciones efectivas”, declaró a este medio.
“La situación es absolutamente crítica y grave. Es un serio problema que también rompe con la premisa de la confianza. Un principio básico entre la ciudadanía y la policía como institución”, finalizó el exrepresentante de la cartera que ahora lidera Carlos Malaver.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.