El Estado peruano dejará de recaudar en 2026 alrededor de S/26.350 millones por beneficios tributarios otorgados a distintos sectores y actividades, según reza el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con estimaciones de la Sunat.
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La cifra equivale al 2,2% del producto bruto interno (PBI) y representa el 12,7% de la recaudación proyectada para ese año, lo que evidencia el peso que tienen las exoneraciones, inafectaciones y devoluciones en las finanzas públicas.
En términos absolutos, el gasto tributario viene mostrando un incremento progresivo. “El monto aumentó en S/2.340 millones en el último año y en S/ 10.408 en este quinquenio (período de 2021 a 2026)”, analiza el economista y exjefe de Sunat Luis Alberto Arias Minaya.
De acuerdo a la evolución, en 2021, el gasto tributario ascendió a S/15.942 millones y en la última década casi se ha duplicado. Entre 2025 y 2026 se sumarán S/2.340 millones adicionales, impulsados principalmente por mayores beneficios que reducen el pago del impuesto general a las ventas (IGV).
De ese monto, el 76,8% corresponde al IGV, sobre todo por exoneraciones a productos agrícolas y a las operaciones en la Amazonía. Le siguen los beneficios vinculados al Impuesto a la Renta (16,6%), especialmente por la inafectación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y los relacionados con impuestos Ad Valorem (4,7%), debido a mecanismos como el drawback, un mecanismo aduanero que devuelve a los exportadores parte de los aranceles pagados por la importación de materias primas utilizadas en la producción local, “un subsidio ciego y un privilegio”.
El economista Armando Mendoza indicó que este mecanismo se creó hace 30 años como un subsidio para compensar los costos de exportación a otros países. Sin embargo, a la fecha su vigencia es cuestionable.
A nivel sectorial, el marco macroeconómico detalla que los beneficios se concentran en bienes y servicios de aplicación general (36,2%), agropecuario (25,6%), intermediación financiera (17,2%) y educación (5,4%).
Ampliaciones sin evaluación
El informe advierte que muchos beneficios tributarios se extienden en el tiempo sin una evaluación rigurosa de su impacto. Un ejemplo reciente es la reducción del IGV a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, prorrogada hasta 2027 pese a que debía culminar en 2024.
En 2026 vencerán 12 beneficios tributarios. Si no se prorrogan, la recaudación aumentaría en S/3.739 millones (0,3% del PBI) y, con mecanismos de control eficaces, podría llegar hasta S/6.889 millones (0,6% del PBI). Sin embargo, la Sunat señala que hasta hoy no existen estudios que evalúen su efectividad, a pesar de que la normativa exige revisarlos un año antes de su vencimiento.
Exoneraciones regresivas frenan la eficiencia fiscal en el Perú
Diversos organismos internacionales han llamado la atención sobre la necesidad de racionalizar estos gastos. La Cepal señaló que existe un amplio margen para reducir beneficios poco efectivos y así atender mayores demandas sociales. Por su parte, la OCDE indicó que la reducción de los gastos tributarios impactaría positivamente en los ingresos y permitiría fortalecer el gasto social focalizado en poblaciones vulnerables.
Algunos países de la región ya avanzaron en esa línea. Chile redujo su gasto tributario en 0,9 puntos del PBI entre 2015 y 2023, mientras que República Dominicana y Costa Rica lo hicieron en 1,0 y 0,8 puntos, respectivamente.
A contraparte, el Perú se ha mantenido casi inmutable toda vez que el gasto tributario promedió 2,2% del PBI entre 2015 y 2019 y 2,1% entre 2020 y 2023, lo que muestra una clara ausencia de reformas.
El documento técnico del MEF señala que los beneficios tributarios suelen ser costosos y, en contextos de alta informalidad y baja competencia, tienden a ser regresivos, pues favorecen a los contribuyentes de mayores ingresos. Sin una evaluación periódica ni criterios de focalización, estas medidas no solo limitan la eficiencia del sistema tributario, sino que también restringen el espacio fiscal en un país con crecientes demandas sociales.
Ley Chlimper 2.0 en manos del Gobierno
El pasado 14 de agosto, con una discreta cantidad de 43 votos a favor, el Pleno del Congreso ratificó en segunda votación el texto sustitutorio de la nueva ley agraria (Ley Chlimper 2.0) pese a las reiteradas alertas del Consejo Fiscal y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), toda vez que la iniciativa golpea el erario nacional al generar un forado fiscal de S/1.880 millones anuales.
Ahora todo queda en manos del Poder Ejecutivo, que tiene como máximo hasta el 10 de setiembre para observar o promulgar dicha ley. Desde las palabras del ministro de Agricultura, Ángel Manero, hay una abierta defensa sobre esta medida. En declaraciones a la prensa, indicó que en caso el Congreso ratifique la ley, el Gobierno la iba a promulgar.
“Según el marco macroeconómico, los beneficios tributarios son ineficaces para promover la inversión y el empleo, además, reducen los recursos públicos y promueven una conducta evasiva por parte de los contribuyentes. Si quiere ser coherente, el MEF debería observar la Ley Chlimper 2”, apuntó el exministro de Economía Waldo Mendoza.