La expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, advierte que si Perú denuncia la Convención Americana para salirse de la Corte IDH, mantendrá su jurisdicción un año más, y tendrá competencia en todos los hechos ocurridos hasta ese momento, por lo que podría llegar el caso de los 50 muertos en las protestas contra Dina Boluarte.
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–El gobierno creó un grupo de trabajo presidido por el ministro de Defensa para elaborar esta propuesta de ley de soberanía nacional, que -todo apunta- buscaría la salida de la corte interamericana ¿Qué piensa que hay detrás de eso?
Es muy preocupante y lamentable la falta de una política coordinada en materia de derechos humanos, sobre todo en el ámbito internacional. Ha habido proyectos de ley del Congreso para retirarnos del Sistema Interamericano; luego el premier anunció la creación de una comisión desde Cancillería para evaluar el funcionamiento del Sistema y la situación del Perú. Y ahora este grupo liderado por el Ministerio de Defensa. No hay coordinación y, más bien, hay mensajes muy contradictorios… Y, por otro lado, están las leyes contra la Convención Americana, como la ley APCI, la que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, y la reciente ley de amnistía. El último argumento ha sido lo de “proteger a nuestro país de la injerencia de organismos internacionales”. Eso es falso. La Corte Interamericana no está ejerciendo ninguna injerencia en nuestra soberanía porque el Perú ratificó la Convención Americana y aceptó la jurisdicción. Es mentira que la Corte esté excediendo su función.
–Incluso en el Ejecutivo señalan que son recomendaciones no vinculantes…
Eso es un error y un desconocimiento del sistema. La Corte IDH dicta sentencias, que contienen los hechos, los derechos vulnerados y las reparaciones, y que el Estado tiene que obedecer porque es de un tribunal. El Estado desconoce la Constitución, que en el artículo 205, claramente establece que cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos, una vez agotados los recursos internos, puede acudir a la jurisdicción internacional.
-El argumento del Estado ante la Corte IDH sobre la ley de amnistía es que no se ha agotado los recursos internos…
En esa audiencia se estaba discutiendo si la Corte iba a otorgar la ampliación de medidas provisionales para proteger el derecho a la justicia de las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta, y los argumentos del Estado eran que no se habían agotado los recursos internos. Eso es un error, porque era una audiencia de medidas provisionales, en el marco de la supervisión de sentencia de estos casos.
Además, argumentan que los jueces pueden inaplicarla…
Me parece gravísimo que los representantes del Estado cuestionaron qué se opongan a la ley de amnistía porque los jueces podían utilizar el control difuso y el control de convencionalidad para inaplicarla. Cuando el propio Estado dice eso, está aceptando que esa ley va contra la Convención Americana. Se están forzando los argumentos hasta el absurdo, y eso preocupa, porque cualquier cosa puede pasar. El congresista Fernando Rospigliosi, uno de los impulsores de esta ley de amnistía, dijo que tiene que haber una segunda amnistía para los responsables de las 50 personas que murieron en las protestas. Entonces, ya no estamos hablando de una ley de amnistía para proteger el debido proceso de los acusados como argumentan, estamos hablando del uso de la amnistía para garantizar la impunidad. Y la Corte Interamericana ha dicho permanentemente que no se puede aplicar una amnistía nunca para garantizar impunidad y violaciones de derechos humanos.
-Dina Boluarte parece muy interesada en querer salirse de la Corte IDH ¿De hacerlo, podría escapar de su jurisdicción?
No puedo intuir cuáles pueden ser las expectativas del gobierno, pero el procedimiento para salirse de la Corte sería que el Perú presente su denuncia de la Convención Americana ante el secretario general de la OEA, y la salida se hará efectiva un año después. Se estableció ese tiempo para ver posibilidades de cambios de opiniones, pronunciamientos de otros Estados, o cambios de gobierno.
¿Y la Corte IDH podrá ver los casos anteriores a la denuncia de Perú?
La Corte va a mantener competencia en todos los casos que ahora se están viendo, como el de Celia Ramos, sobre esterilización forzada, y el de Georgina Gamboa, que se verá en el siguiente periodo de audiencia, y que es sobre la violación sexual cometida por un oficial. La Corte seguirá teniendo competencia, y así el Perú se vaya, dictará sentencia en todos los casos ocurridos antes de la denuncia. Y la Comisión seguirá teniendo competencia para pronunciarse. La única manera que no lo haga sería que el Perú denuncie la Carta de la OEA. Allí hay dos años de plazo para salirse, pero incluso así, está el precedente de Nicaragua que en el 2021 mandó su carta al secretario general denunciando la carta de la OEA, y la Comisión Interamericana en respuesta explicó que, como órgano de la OEA, tiene la función de seguir analizando todos aquellos casos, incluso de Nicaragua, Venezuela y Cuba, la Comisión Interamericana sigue organizando audiencias, sigue haciendo monitoreo, otorgando medidas cautelares. Entonces, quien está pensando “me voy de la Corte y se acabó el asunto”, está mintiendo, y lo que habría que preguntarse es si es solo desconocimiento o es una mentira para garantizar apoyo de ciertos sectores que creen que van a gozar de impunidad.
-Pero simplemente no le harán caso, como esos países…
Preocupa que se piense “nos reímos en la Corte, y acá no pasa nada”, pues es lo mismo que le están criticando a Venezuela y a Nicaragua. Vamos por ese camino. Por supuesto, podemos no hacer caso a nadie, salirnos de la OEA, de Naciones Unidas, y sumarnos ese club de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero entonces, no nos llamemos democracia, no hablemos de Estado de Derecho ni de institucionalidad cuando estamos desconociendo las obligaciones. ❖