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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó este miércoles una ley recientemente aprobada por el Congreso que da amnistía a policías, militares e integrantes de los Comités de Autodefensa que participaron en actividades de lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, y que tengan procesos penales pendientes.
Este beneficio no se aplicará a quienes ya tengan una condena en firme o estén denunciados o imputados por delitos de terrorismo o corrupción de funcionarios, de acuerdo con el documento avalado.
La norma firmada también concede libertad por razones humanitarias a los policías, militares o integrantes de los Cuerpos de Autodefensa mayores de 70 años que se encuentren en prisión, siempre y cuando no hayan sido condenados por delitos de terrorismo o corrupción de funcionarios.
A la fecha, más de 1.000 personas están procesadas o investigadas derivado de su participación en la lucha antiterrorismo sin una sentencia firme, de acuerdo con el periódico oficial El Peruano.
Durante el acto de promulgación, Boluarte aseguró que esta nueva ley favorece a quienes defendieron al país de grupos terroristas y enfrentan acusaciones que después de años siguen sin resolverse.
“Que esta amnistía sea un mensaje de paz y no de divisionismo. Es momento de voltear la página y cerrar ese capítulo nefasto y sangriento que significó el terrorismo”, dijo la mandataria.
En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, defendió la nueva ley y rechazó que sea una norma que promueva la impunidad.
“Muchos dicen que la ley que se va a promulgar el día de hoy busca impunidad y no es cierto. Esta ley lo que busca es justicia y se sustenta en los principios que recoge nuestra Constitución Política del Perú y la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable”, dijo.
Durante el período 1980-2000, Perú vivió numerosos hechos de violencia perpetrados por grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, frente a los que los gobiernos de esa época desplegaron a las fuerzas de seguridad.
Algunas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos denuncian que ese despliegue derivó en violaciones a los derechos humanos y, durante la discusión de la ley de amnistía en el Congreso, algunos legisladores se opusieron a su aprobación.
La organización Human Rights Watch dijo este miércoles después de la promulgación que esta nueva ley es una “traición” a las víctimas de abusos.
“(La ley) socava décadas de esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por atrocidades y debilita aún más el estado de derecho del país”, señaló en un comunicado la directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus.