“Nosotros hemos suspendido nuestra participación dado que esta es una mesa de sordos, donde no se escucha […] El ministro no tiene ninguna solución, nosotros vamos a salir a la calle sí o sí, porque tenemos que defender nuestro trabajo”, afirmó el viernes 1 de agosto, Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú).
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El domingo 3 de agosto, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC) de la Policía ordenó a su Dirección de Medio Ambiente la suspensión “de todas las comisiones de servicio” y el retorno a Lima de todo el personal, con excepción del que está destacado en Pataz (La Libertad). Esta medida se ejecutó al día siguiente.
En el memorándum, dirigido al general PNP Manuel Lozada Morales, director de Medio Ambiente de la Policía, el teniente general Zenón Loayza Díaz, jefe de la DIRNIC, justificó esta medida señalando que “existe la necesidad de replantear las operaciones policiales contra los delitos ambientales, tales como la minería ilegal, tala ilegal, entre otros”.
(Foto: El Comercio)
Este Diario tuvo acceso a una carta que el jefe operativo de la unidad policial “Venceremos”, en Moyobamba (San Martín), le envió a la fiscalía provincial de esa localidad, a través de la cual informa del repliegue de sus agentes y de la suspensión de todos sus planes de trabajo en cumplimiento a la orden dada de la DIRNIC.
Fuentes de El Comercio señalaron que las fiscalías provinciales de Madre de Dios, de Maynas (en Loreto) y de Puerto Inca (Huánuco) han recibido similares oficios.
El director de Medio Ambiente de la Policía, en breve diálogo con este Diario, dijo que el repliegue de sus agentes “ya no se va a ejecutar”, porque la medida “ha quedado sin efecto” el martes 5 de agosto. No obstante, hasta el cierre de esta nota, no transparentó el nuevo oficio.
Manuel Lozada Morales, director de Medio Ambiente de la Policía, fue acusado por el Ministerio Público por el presunto delito de rebelión, en el marco del juicio oral en contra del expresidente Pedro Castillo por el golpe del 7 de diciembre de 2022. La fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para el general PNP. (Foto: Andina)
Lozada refirió que la finalidad del retorno de los policías a Lima era para darles una capacitación e implementar nuevas estrategias en base a la experiencia de este personal.
Fuentes cercanas a la Policía Nacional en Loreto indicaron que la orden del cese de operaciones en contra de la minería ilegal se acató en el Puesto de Control de Yarana. Pero que hubo “una contra orden” que dispuso la reincorporación de los agentes a partir de este jueves. Aunque señalaron que no sabían si esa disposición sería para todas las bases a nivel nacional.
Sin coordinación con el Minem
El director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Máximo Gallo, dijo que no tenía conocimiento sobre la suspensión de las interdicciones en contra de la minería ilegal. Agregó que con su oficina no hubo ninguna coordinación.
“Todo lo que tenga que ver con intervenciones a la minería ilegal es de responsabilidad del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y de la fiscalía, nosotros como Minem no tenemos competencia. Apoyamos y damos información, pero no es nuestra competencia”, expresó en comunicación con El Comercio.
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Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin Perú, refirió que la interrupción de los operativos de la PNP en contra de los mineros fue un punto central en las conversaciones que sostuvieron con el Ejecutivo. En ese sentido, saludó la disposición inicial de la DIRNIC, al subrayar que el gobierno de Boluarte “está empezando a corregir sus errores”.
“Este fue un pedido [de los gremios mineros] y ellos [desde el gobierno] asumieron que se iba a dar, incluso con la garantía del defensor del Pueblo [Josué Gutiérrez], él estuvo presente [en la cita] y se ofreció como garante de que no iban a haber interdicciones, mientras se siga conversando [sobre el decreto supremo que dispuso el retiro de más de 50 mil registros del Reinfo del proceso de formalización]”, expresó a El Comercio.
(Foto: Archivo GEC)
El dirigente de los mineros informales, afiliado a Renovación Popular, explicó que han propuesto al gobierno que les permita regularizar sus permisos para la compra y almacenamiento de dinamita hasta el 31 de diciembre. Es decir, cuando supuestamente vence el Reinfo.
“Han excluido a 50 mil, entonces el gobierno ha comenzado a intervenir, mientras no se aclare este tema, no puede haber interdicciones […] Nosotros siempre vamos a conversar, apuntamos a una solución, la Policía y el gobierno han entendido [con esta primera disposición] que han cometido un error”, acotó.
(Foto: PCM)
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Tras las declaraciones del general PNP Lozada, este Diario se volvió a comunicar con Franco Bequer, quien calificó de “incapaz” al gobierno de Boluarte tras la serie de marchas y contramarchas sobre la política de formalización de la minería.
Agregó que espera que las interdicciones solamente sean en contra de la minería ilegal y no de los mineros artesanales que están en proceso de formalización.
Este Diario intentó comunicarse con el defensor del Pueblo, con el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y el ministro del Interior, Carlos Malaver. Sin embargo, no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.
“Ya la suspicacia se instaló”
El ex viceministro del Interior Ricardo Valdés dijo que la única manera de interpretar las idas y vueltas del gobierno sobre la lucha contra la minería ilegal “es que existen presiones muy poderosas y fuertes” que han viabilizado que se suspendan las intervenciones entre el domingo y el martes de esta semana.
“Al haber trascendido esta disposición y al prever que esto iba a levantar a parte de la sociedad civil formal en rechazo, han dado marcha atrás [de acuerdo con el general Lozada]. Pero ya la suspicacia se instaló. Y no sé si esta marcha atrás sea exclusivamente nominal”, manifestó en comunicación con El Comercio.
Valdés advirtió que es posible que el gobierno retroceda en el papel con la suspensión de las interdicciones, pero que no entregue los recursos necesarios a la Policía Nacional para ejecutar estos operativos.
“Ellos pueden dar por no presentada esta disposición [de repliegue], pero no le dan los recursos a la Policía y de alguna forma se tendrá presencia policial [en las zonas donde opera la minería ilegal], pero de brazos caídos. Hay que estar muy pendientes y atentos para ver si se reactivan los operativos policiales a partir de esta semana”, remarcó.
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La ex alta autoridad también subrayó que en el último mes es claro que hubo un retroceso en la postura del gobierno sobre el combate a la minería ilegal.
“Aquello que la presidenta afirmó sobre no retroceder [sobre la exclusión de 50 mil registros del Reinfo] no se cumple con estas medidas, ya se abrieron algunas ventanas […] Si el Estado peruana renuncia o abdica en el ejercicio de la ley en la lucha contra el crimen organizado vinculado a la minería, el país estará camino a un Estado fallido, como la presidenta criticó de otras naciones”, acotó.
La contradicción y el facilismo
El abogado César Ipenza, experto en derecho ambiental, sostuvo que llama la atención que mientras se discute y se genera un espacio de diálogo entre el Ejecutivo y los mineros informales, la actividad minera ilegal se haya incrementado en el país. Añadió que es principalmente en la Amazonía donde la inacción y la corrupción está permitiendo que redes criminales operen en la impunidad.
Ipenza, quien difundió en su cuenta de X la orden de la DIRNIC de repliegue de sus agentes, sostuvo que el gobierno de Boluarte se ha caracterizado por “la contradicción y el facilismo” frente a la minería ilegal.
“El ministro del Interior y el jefe de la DIRNIC deben explicar el porqué de esta decisión inicial. Ellos tienen la responsabilidad de las intervenciones, han dejado el país en abandono para que estas actividades se ejecuten en la absoluta impunidad”, finalizó.
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Manuel Lozada Morales, director de Medio Ambiente de la Policía, fue acusado por el Ministerio Público por el presunto delito de rebelión, en el marco del juicio oral en contra del expresidente Pedro Castillo por el golpe del 7 de diciembre de 2022. La fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para el general PNP.