Dina Boluarte inicia su último año en la presidencia del Perú con serias acusaciones de provocar un retroceso progresivo de la democracia. Un reciente informe de Amnistía Internacional argumenta que desde inicios de su gobierno ha intensificado las restricciones a derechos fundamentales. De acuerdo a la investigación, en los últimos dos años y siete meses, el Estado ha limitado la libertad de reunión, expresión y asociación, ha perpetuado la impunidad ante muertes y represión durante las protestas, y ha debilitado la protección institucional contra la violencia de género, entre otros efectos.
Represión y criminalización de las protestas
El balance, publicado a fines de julio, destaca la respuesta del Estado frente a las protestas de 2022 y 2023, como uno de los principales puntos de observación. En los primeros tres meses del gobierno de Boluarte, 50 personas murieron y más de 1.400 resultaron heridas en medio de manifestaciones. La mayoría de agresiones ocurrieron fuera de Lima, en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, donde la población es mayoritariamente indígena o campesina. Amnistía Internacional documentó 25 muertes y concluyó que al menos 20 podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Según la organización, las fuerzas del orden actuaron con un “marcado sesgo racista” y utilizaron balas, perdigones y gases de forma discriminada. Además, los planes operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas calificaban a los manifestantes de “delincuentes” o “grupos hostiles”. La narrativa sirvió de base para justificar el uso de armamento letal sin que la presidenta o sus ministros ordenaran un cambio de estrategia.
Tal narrativa fue reflejada en el discurso presidencial de Boluarte por el 28 de julio, cuando se refirió a los manifestantes como “golpistas”. “Es lamentable que siga usando mensajes estigmatizantes contra quienes han expresado su oposición mediante protestas pacíficas. Este discurso re-victimiza a las familias que aún buscan justicia”, critica Vanessa Cuentas, Coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.
En diciembre del 2023, el gobierno publicó el Decreto Legislativo 1589, el cual agrava penas por disturbios y añade un nuevo delito: la “colaboración” con protestas, incluso mediante apoyo logístico. Tras ello, una encuesta nacional del IPSOS reveló que el 85% de peruanos cree que protestar en el país no es seguro.
A ello se suma que en 2025 se han mantenido estados de emergencia en once regiones, lo que permite el despliegue de fuerzas militares sin supervisión judicial y restringe la libertad de reunión.
Restricciones a la libertad de prensa y sociedad civil
Otro de los puntos críticos destacados en el informe es la hostilidad del gobierno hacia la prensa independiente. Durante la crisis de diciembre de 2022, la Asociación Nacional de Periodistas en Perú (ANP) registró al menos 63 ataques contra periodistas. A lo largo del mandato de Boluarte, los cuestionamientos a los medios se han vuelto frecuentes desde el Ejecutivo.
La presidenta ha llegado a acumular más de 250 días sin responder preguntas de la prensa, mientras ha mantenido referencias negativas hacia el periodismo. En octubre de 2024, calificó la labor de los medios como “terrorismo de imagen“. Meses después, a inicios del 2025, se reportaron los asesinatos de Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis, en Loreto, periodistas que denunciaban irregularidades en sus localidades, lo que es calificado como un reflejo de la desprotección que afrontan los periodistas.
Amnistía también advierte sobre los efectos de la reforma de la Ley APCI, aprobada en marzo de 2025. La nueva norma obliga que las organizaciones sociales y medios que reciben cooperación registren previamente sus actividades ante el Estado. La presidenta defendió la ley en una ceremonia televisada, diciendo que busca “revisar a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses del país”. “La norma impone un control indebido al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con financiamiento exterior”, se indica.
Impunidad y desprotección institucional
El documento también resalta una serie de leyes que debilitan la lucha contra la impunidad. Por ejemplo, el Congreso aprobó la Ley N° 32107, que prescribe crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, y el Proyecto de Ley N° 7549, que otorga amnistía a miembros de las fuerzas del orden implicados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
“Tenemos un Congreso que está caminando, de alguna manera, aliado con el crimen y me refiero a la discriminación de los derechos humanos en leyes que son aprobadas”, señala Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). Añade que “estamos viendo un ataque contra la justicia y el derecho de las víctimas para buscar reparación”.
Por otro lado, el documento apunta que el premier Eduardo Arana ha mencionado sobre la creación de una comisión para evaluar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto habría ocurrido “luego de que, durante el mandato de Dina Boluarte, el Estado haya sido declarado en desacato ante tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”,
“Es la enésima vez que se viene discutiendo sobre eso”, observa Rivera. “Creo yo que lo que se busca es un efecto más político de deslegitimación de la Comisión y de la Corte para tomarlos en consideración como si fuesen órganos solamente políticos que solo favorecen a quienes están procesados por terrorismo, lo cual es falso. Se presenta la imagen de dos órganos internacionales de protección de derechos humanos que son los más importantes de la región, pero que en Perú comienzan a tener una situación de desprestigio a partir de este tipo de políticas”, explica.
Desamparo en expansión
Las medidas de desprotección del Estado identificadas alcanzan diversos sectores. En 2024, se eliminaron causales para acceder al aborto terapéutico en casos de violación infantil o malformaciones fetales. Se aprobó una ley que limita el uso de servicios sanitarios para personas trans y se mantiene un decreto que califica el ‘transexualismo’ como un programa de salud mental.
En materia ambiental, ocho defensores del territorio fueron asesinados entre 2023 y 2024, sin que exista un sistema efectivo de protección.
Finalmente, el informe destaca que la política migratoria se ha endurecido. Las normas vigentes criminalizan el reingreso irregular al país y permiten expulsiones aceleradas sin el debido proceso. De 1.903 personas expulsadas bajo el nuevo sistema, solo una fue por razones de orden público.