El congresista Pasión Dávila solicitó este miércoles a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, iniciar una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por presuntos delitos cometidos en la adquisición de material ferroviario a la empresa estadounidense Caltrain para el proyecto Lima-Chosica.
“Me dirijo a usted para poner en su conocimiento hechos que podrían configurar presuntos delitos contra la administración pública y delitos aduaneros, solicitando se disponga el inicio de las investigaciones preliminares correspondientes”, se lee en el oficio difundido por el portal de investigación Epicentro.
La operación cuestionada consistió en la adquisición de 90 vagones, 19 locomotoras y repuestos. Según el legislador, esta fue presentada por la gestión municipal como una donación, aunque los documentos revelarían lo contrario. Caltrain habría reportado la transacción como una venta, mientras la municipalidad la declaró bajo la modalidad de donación ante la Superintendencia Nacional de Aduanas.
La documentación presentada ante la Intendencia del Callao, de acuerdo con el documento, sostiene que el material ingresó como una donación. Sin embargo, la carta oficial emitida por la firma norteamericana atribuye a esa transferencia un valor de 4.9 millones de dólares. Paralelamente, la MML consignó esa misma operación por un monto que asciende a 822 millones de soles, equivalente a aproximadamente 224 millones de dólares.
Dávila advirtió además que existirían pagos no declarados “que no fueron declarados apropiadamente ante las autoridades competentes”. Citó al exministro Rafael Rey, quien reveló que se habría efectuado una transferencia superior a siete millones de dólares, lo que contradice la versión oficial.
Otra observación crítica apunta a la diferencia de valor entre lo declarado por Caltrain y lo registrado por la Municipalidad. Según el ingeniero ferroviario Daniel Maguiña, el valor técnico del lote no superaría los 400 millones de dólares. Sin embargo, la administración edil lo justificó con un “valor técnico patrimonial” que el congresista considera arbitrario. Dávila sostiene que dicha valoración representa una “sobrevaloración injustificada”.
Frente a estos hechos descritos, Dávila instó a que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) entregue el expediente completo de la operación ferroviaria, que la Municipalidad remita toda la documentación relacionada, que se obtenga información oficial de Caltrain mediante coordinación con autoridades estadounidenses, y que se cite a declarar a los involucrados.
“La gravedad de los hechos denunciados, que involucran un potencial perjuicio económico millonario al Estado y la vulneración de la normativa aduanera y de contrataciones públicas”, zanjó la misiva.
Consultado sobre la denuncia durante una rueda de prensa, López Aliaga respondió que él también podría tomar medidas legales. “(El parlamentario) tendría que probarlo. Me reservo el derecho de iniciar acciones penales, tener boca no significa hablar, ahí lo dejo”, expresó, sin dar más detalles sobre su posición frente a las acusaciones.
A mediados de julio, al presentar el material ferroviario, el burgomaestre anunció que fue denunciado penalmente por la iniciativa, duramente criticada desde el Ejecutivo y por expertos. “Tengo que ser agradecido, aquí hay todo un trabajo de los regidores de Lima que están denunciados penalmente por este bendito tren, yo también estoy denunciado penalmente, hoy día me ha caído otra denuncia más”, afirmó.
Aseguró no sentirse afectado por los procesos judiciales que enfrenta. “En mi caso no me preocupa porque estoy curtido, tengo cuero de chancho, a mi edad y circunstancias me resbala, síganme denunciando. Aquí hay un ‘Porky’ luchador que ha ganado en buena ley”, dijo.