En una entrevista con El Comercio, Alcántara también rechazó la solicitud de la Corte IDH para que el gobierno no trámite la ley de amnistía a militares y policías aprobada en el Parlamento.
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— En su mensaje a la nación, la presidenta Boluarte respaldó una reforma del sistema de justicia. ¿Este apoyo se va a concretar en un proyecto de ley?
A través de una norma legal que se emite en el 2019 se crea la comisión para la reforma de la justicia. Esta comisión es dirigida por la presidenta y la integran los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público, la JNJ, la contraloría y la Defensoría del Pueblo. Nosotros ya hemos realizado una serie de reuniones, pero aún no se ha llegado a un consenso. ¿Por qué? Porque cada institución tiene sus propios criterios sobre la reforma.
Entonces, lo que la presidenta quiere expresar es que efectivamente es necesaria la reforma del sistema de justicia, pero que necesitamos hacer el esfuerzo de todos los que intervienen en esta comisión. En el Congreso existe una comisión también, que es presidida por la congresista María del Carmen Alva. Ellos están haciendo su propio trabajo. Ellos van a presentar su proyecto y nosotros también tenemos que presentar un producto, porque ese es el mandato legal.
— ¿El Ejecutivo no presentará directamente al Congreso un proyecto, sino lo hará por medio de esta comisión?
Es en base al mandato que nos da la comisión de la reforma de la justicia, esto no tiene nada que ver, en este momento, con la comisión que preside la congresista Alva.
“En el Congreso existe una comisión también, que es presidida por la congresista María del Carmen Alva. Ellos están haciendo su propio trabajo. Ellos van a presentar su proyecto y nosotros también tenemos que presentar un producto, porque ese es el mandato legal”, afirma el ministro de Justicia. (Foto: Congreso)
— La fiscal de la Nación ha señalado que le parece bien una reforma con fortalecimiento, pero no a manera de intervención. ¿La reforma que alista el gobierno es una intervención?
No, no es una intervención. Uno de los integrantes de la comisión es el Ministerio Público. Lo que pasa es que esta institución a veces no ha estado concurriendo a las sesiones que se han citado. Pero de ninguna manera [es una intervención], pues.
— ¿Puede garantizar que la reforma que trabaja el Ejecutivo en esta comisión no representa una intervención a la fiscalía ni al Poder Judicial?
Definitivamente, no. En la comisión, como te digo, ellos están representados. Son los titulares [del Ministerio Público y de la Corte Suprema] los que están allí. No podría haber una intervención como resultado de esta comisión de reforma de la justicia.
— ¿Y cuándo estima que el Ejecutivo tenga listo este proyecto o las conclusiones?
Vamos a citar a una próxima reunión, en los primeros días de agosto.
— La presidenta Boluarte tiene una serie de investigaciones en curso en el Ministerio Público. ¿No le genera suspicacias que ella se pronuncie a favor de una reforma del sistema de justicia?
Es que la reforma judicial no se trata de intereses personales, sino de un mandato legal. Esta comisión no ha sido creada por la presidenta de la República, esto viene, si no me equivoco, desde el tiempo del expresidente Vizcarra.
— Boluarte incluyó en su mensaje a la Nación, pero no lo leyó una crítica al sistema de administración de justicia. Incluso, rechazó su politización. ¿Este cuestionamiento iba dirigido a la fiscalía?
No, no, no lo tomamos así. Es una crítica en general al funcionamiento del sistema de justicia, que como todos sabemos no es el mejor. Nadie puede negar que nuestro sistema de justicia necesita de reformas estructurales. No es una alusión directa a ninguna institución.
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— Y cuando la presidenta se refiere a la politización del sistema judicial, ¿lo dice por sus casos?
No, no necesariamente por los casos de la presidenta. Se ha visto que se generan denuncias no solo contra ella, sino contra muchos funcionarios públicos por solamente rumores y por situaciones de esta naturaleza.
— La Corte IDH le solicitó al Perú detener el trámite de la ley de amnistía a favor de militares y policías. El gobierno ha rechazado este pedido. ¿No se está incurriendo en un desacato ante un organismo internacional al que está el país suscrito?
Es que la ley no ha se promulgado. El mandato de la Corte IDH es que nos abstengamos de seguir tramitando una norma, cuando esta ni siquiera ha sido promulgada, ni siquiera ha sido materia de pronunciamiento por ningún sector. A nosotros [en el Ministerio de Justicia], por ejemplo, todavía no nos ha llegado la autógrafa. Sin embargo, ya la Corte IDH nos dice “no tramiten”.
Eso es una abierta injerencia y va en contra, inclusive, de los propios principios de la Corte IDH y de la CIDH. Solo se puede llegar a la Corte IDH, a la comisión, si se han agotado los instrumentos internos. En este momento, la norma solamente ha sido aprobada por el Congreso, pero no ha sido aún materia de revisión por parte del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo la Corte IDH nos va a decir “no hagan esto”? No es una ley ni ha sido sometida por aquellas personas que puedan sentirse afectadas a la jurisdicción interna, como lo dice la propia Corte IDH. Lo que cuestionamos es la intención de la Corte IDH de impedirnos emitir nuestras propias normas.
El 12 de junio, el pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. En julio, la Comisión Permanente aprobó dicho texto en segunda votación.
— Esta norma de amnistía a militares y policías se viene discutiendo hace meses en el Congreso. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo sobre el fondo?
Todavía no tenemos una postura, en tanto que no nos ha llegado la autógrafa para que nosotros nos podamos pronunciar.
Nota de redacción: El viernes 25 de julio, el Congreso remitió a la Presidencia de la República la autógrafa de la cuestionada norma de amnistía para militares y policías.
(Foto: El Comercio)
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— La presidenta Boluarte repitió la fórmula que el año pasado no le dio resultados para brindar su mensaje a la nación: un discurso extenso, con muchas cifras y sin nada de autocrítica…
Tengamos en cuenta que fue el último mensaje a la nación que va a dirigir la presidenta ante el Congreso. Entonces, consideramos muy importante que ella realice un recuento sobre cómo encontró el país y cómo lo estamos dejando. Es probable que las cifras sean un poco tediosas, pero consideramos que es necesario que se conozca cuál es el trabajo que ha realizado este gobierno a favor del país.
A mediados de mayo, Juan Alcántara juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Sucedió a Eduardo Arana, quien pasó a la PCM. (Foto: Andina)
— ¿No hubo un exceso en el tiempo, a su consideración? Es difícil que el ciudadano de pie siga un discurso de más de cuatro horas.
Sí, pero precisamente lo interesante es la parte inicial del mensaje a la nación, donde se hace un diagnóstico real, objetivo sobre cómo se encontró el país, qué sucedió en el país entonces y qué es lo que se ha hecho. Efectivamente, después están las cifras y eso está bien para los analistas. Lo importante es la parte inicial del mensaje, repito.