La aprobación del dictamen de la Ley de Crédito Suplementario por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso ha generado controversia y no por un asunto financiero, sino por su impacto en la Sunedu a través de una disposición complementaria. Esta medida extendería por tres años el mandato de las autoridades actuales de esta superintendencia, pese a que la Ley Universitaria lo prohíbe.
La gestión de cuatro de los siete miembros del Consejo Directivo de la Sunedu vence en febrero del 2026: Manuel Castillo (superintendente), Andrés Ramos, Miguel Vallejos y Manuel Hernández.
¿Por qué el documento ha generado polémica?
El dictamen del Proyecto de Ley 11923/2024-PE, cuyo autor es el Poder Ejecutivo, propone la aprobación de un crédito suplementario y otras medidas para financiar gastos relacionados con la consolidación económica, seguridad ciudadana, desarrollo social y otras medidas ligadas al gasto público. Su aprobación determinará el crédito suplementario para gobiernos regionales y locales, transferencias financieras desde el Ministerio de Economía, modificaciones presupuestales y otras medidas, como topes de ingresos para funcionarios.

Sunedu
La polémica del proyecto se encuentra en una de las disposiciones complementarias finales incorporadas por la Comisión de Presupuesto, liderada por la congresista Lady Camones (de la bancada de Alianza para el Progreso): la cuadragésima sexta.

Disposición complementaria del dictamen.
Este parámetro modifica la Ley Universitaria N° 30220, específicamente, la duración de los cargos de los directivos de la superintendencia educativa. De llegar a aprobarse como ley, el tiempo que el superintendente y los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu llevan en sus puestos se reiniciaría a partir de la fecha en que la norma entre en vigor.
De acuerdo con el congresista Segundo Montalvo Cubas (de la bancada de Perú Libre) —presidente de la Comisión de Educación Juventud y Deporte—, los congresistas Nelcy Ballesteros y Magaly Ruíz (de Alianza para el Progreso) incorporaron la cuadragésima sexta disposición complementaria final para extender hasta el año 2028 el mandato de las autoridades de la Sunedu.

Rechazo desde diferentes frentes y la respuesta de Lady Camones
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue la primera en levantar su voz de protesta. Según un análisis jurídico elaborado por expertos en derecho constitucional y administrativo de la institución, esta disposición “vulnera de manera flagrante los principios de legalidad, separación de poderes, y el contenido esencial de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política”. Los académicos también advirtieron que contraviene los artículos 102 y 103 de la Constitución, que establecen los límites del poder Legislativo.
“La propuesta legislativa —incluida dentro de un dictamen de crédito suplementario, sin debate especializado ni participación de los actores del sistema universitario— desnaturaliza el marco constitucional y legal vigente al pretender prorrogar mandatos que deben regirse por criterios técnicos, procedimientos públicos y elección conforme a ley”, señalan los expertos. En esa línea, afirman que, de aprobarse, “se consolidaría una situación de privilegio contrario al principio de meritocracia y de renovación democrática de autoridades”.
La UNMSM, en coordinación con la Sunedu y la ONPE, ya había convocado las elecciones para designar a los nuevos representantes de las universidades públicas al Consejo Directivo, proceso que debería realizarse en agosto. Por ese motivo, los académicos de la universidad consideran que la ampliación del mandato “resulta arbitraria, innecesaria e incompatible con el estado de derecho”.
En un comunicado, la UNMSM indica que el dictamen busca “introducir una reforma estructural a través de una ley de contenido presupuestario, desnaturalizando la finalidad del crédito suplementario”. Por eso, exhorta al Congreso a eliminar el debate de esta disposición legislativa.
El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP) también expresó su rechazo a la medida de la Comisión de Presupuesto. El Comercio accedió a una carta enviada por el presidente del CDCP, Antonio Riega López, a Miguel Vallejo, miembro del Consejo de la Sunedu. En ella, la CDCP sostiene que el dictamen contraviene el principio de legalidad reconocido en la Constitución y pretende la prórroga del mandato del actual superintendente de la Sunedu. “Contraviene los principios de legalidad, alternancia y representación democrática que rigen nuestra institucionalidad”, subraya.
En entrevista con El Comercio, Antonio Riega declaró que se trata de una iniciativa camuflada dentro de una ley con fines presupuestales. “Han incorporado una disposición innecesaria, pero sobre todo, que genera una preocupación especial por la intromisión del Poder Legislativo sobre un organismo que tiene una función importante de regulación y fiscalización a nivel nacional de todo el sistema universitario”, expresó. Riega aseguró también que los colegios profesionales no fueron consultados sobre esta disposición.
“Se está generando una conducción institucional de la Sunedu, que respondería a una voluntad congresal y no a la voluntad de las instituciones que son responsables de elegir a los integrantes del Consejo Directivo. Esto es muy delicado, porque la labor de la Sunedu justamente está en contraposición con una serie de iniciativas e intereses orientados hacia la lógica de mercado y no la lógica del desarrollo y la calidad universitaria, que tiene que ser salvaguardada. Se deben ofrecer garantías a todos los jóvenes que anualmente postulan a las universidades con expectativas genuinas de tener una formación profesional de calidad”, detalló.

Comunicado del Consorcio de Universidades
El Consorcio de Universidades —conformado por la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Lima, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad del Pacífico— manifestó su preocupación ante la aprobación del dictamen menciona, por contemplar “la extensión irregular del mandato de los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu”.
La respuesta de la presidenta de la Comisión de Presupuesto
Acerca de los cuestionamientos, Lady Camones respondió a El Comercio que el dictamen entrará en sustentación y debate en la Comisión Permanente. “Cualquier cuestionamiento deberá hacerse en la sesión y tomar decisiones sobre ello antes de ser aprobado”, indicó.
El Comercio solicitó a la Sunedu una entrevista o una respuesta por escrito sobre las postura de las universidades y colegios profesionales. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.