En el Perú, ejercer el periodismo de investigación se ha convertido en una profesión de riesgo, marcada por presiones políticas, amenazas legales y hostilidad institucional. Lo evidencian no solo los testimonios de periodistas como Ángel Páez, Karla Ramírez y Christopher Acosta, sino también los recientes movimientos del Congreso y el Poder Ejecutivo para restringir la libertad de prensa.
“El periodismo de investigación independiente se encuentra bajo una situación de acoso por sectores muy vinculados a organizaciones políticas y criminales relacionadas con la corrupción”, advirtió Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del Diario La República. Además, recordó que dos periodistas han sido asesinados en el interior del país por su trabajo de denuncia. Uno en Ica, otro en Iquitos. “Esto refleja no solo el riesgo que implica investigar, sino la violencia que se ha normalizado contra quienes hacemos nuestro trabajo”, señaló.
A este contexto se suma un clima normativo adverso. El Congreso, con el apoyo de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre, impulsa un paquete de leyes que criminaliza la difusión de información pública, limita el financiamiento a medios independientes y refuerza la penalización de la difamación. Para Páez, esto representa un retroceso democrático: “Desde que se formó esta alianza entre sectores de izquierda y derecha, el propósito ha sido silenciar, acorralar y amedrentar a los periodistas”.
Uno de los puntos más alarmantes es la creciente censura encubierta desde el Gobierno. La presidenta Dina Boluarte lidera una gestión que se ha caracterizado por el secretismo, hostilidad y silencio hacia la prensa. La mandataria ha evitado responder preguntas de la prensa por más de 300 días consecutivos y se negó a dar entrevistas. En eventos oficiales, los periodistas son colocados detrás de vallas o incluso en jaulas metálicas, sin posibilidad de contacto directo con la presidenta.
El caso más reciente de hostilidad por parte de Boluarte se registró el pasado 6 de julio. La jefa de Estado convocó a los medios de comunicación, pero evitó responder la pregunta del periodista de Panamericana, Jorge Madico, quien se atrevió consultarle por su aumento de sueldo de 35.568 soles.
Pero no solo la mandataria tiene actitudes contra la prensa, el exministro del Interior, Juan José Santiváñez logró acceder ilegalmente a un reportaje del programa dominical Cuarto Poder antes de su emisión. La filtración desató una investigación que aún continúa, pero Boluarte defendió públicamente a su ministro y tildó a los medios y a la Fiscalía de estar orquestando un “golpe blanco”. En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas calificó como “el más grave ataque contra los medios desde el inicio de su mandato”.
Periodistas denuncian situación crítica en el periodismo de investigación
Karla Ramírez, jefa de la unidad de investigación del programa Panorama, coincide en que la situación es crítica. “No estamos en el mejor momento para el periodismo de investigación”, sentenció. Explicó que los problemas van desde la crisis económica de los medios hasta el cierre de fuentes informativas, como el acceso a información pública en el Congreso o el Ejecutivo. “Hemos pedido datos sobre el aumento del sueldo de la presidenta Boluarte y se nos ha negado”, reveló. Esta negación de acceso vulnera directamente la Ley de Transparencia y pone en entredicho la rendición de cuentas de Presidencia.
Ramírez también alerta sobre el impacto de medidas como la llamada ‘ley Mordaza’ y la criminalización del uso de fuentes confidenciales. “Eso puede desalentar a quienes quieren denunciar irregularidades”, afirmó. En su experiencia, algunos reportajes provocaron represalias directas. “Denunciamos autoridades policiales y como respuesta nos cerraron el acceso a archivos y expedientes”, contó.
Y es que la censura no siempre llega por medios legales. En más de una ocasión, según cuenta Ramírez, las entidades involucradas han denunciado videos periodísticos en Youtube para que sean retirados por supuesta violación de políticas de contenido. “Nos preocupan más los intentos por eliminar la información que los trolls. Lo que no queremos es que nuestra investigación sea desmentida”, enfatizó. Ella misma fue denunciada por 3 millones de soles por un traficante de terrenos, en un intento evidente de amedrentamiento judicial.
A ello se suma la ley de franja informativa obligatoria promulgada en mayo por el Ejecutivo, que obliga a medios privados a emitir mensajes del Estado contra la violencia de género. Si bien el objetivo podría parecer loable, organizaciones como el Consejo de la Prensa Peruana han denunciado que “se quiere controlar a los medios” a través de esta norma. Según la crítica institucional, la ley busca instaurar una suerte de “pauta oficial encubierta”, que abre el camino para imponer futuros contenidos bajo el pretexto de causas sociales.
Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, lo describe con claridad: “Es un primer paso para empezar a copar la agenda de los medios”. Para Acosta, el gobierno de Boluarte es “oscuro y curandero”, y ha restringido información que antes era pública, como el registro de visitas por la puerta 6 de Palacio. “Solicitamos el acceso a esa información y antes de recibir una respuesta, la Presidencia la declaró reservada”, explicó. Este patrón se ha replicado en otras instituciones como ministerios y direcciones regionales.
“Fui demandado por supuestamente revelar datos confidenciales del caso Qaliwarma. El caso fue archivado, pero evidencia una estrategia del gobierno para intimidar a los periodistas”, comentó. En su opinión, “el periodismo siempre será incómodo para el poder”. Y ante la embestida legal, advierte que también se busca limitar el financiamiento externo a medios críticos, imponer colegiaturas obligatorias y controlar el discurso. “Quieren regularnos como si fuéramos funcionarios públicos, cuando lo que ejercemos es un derecho ciudadano: la libertad de expresión”, puntualizó.
Mientras tanto, los ataques no provienen solo del Estado. Páez detalló que al exponer a la empresa Arguelles, que admitió haber intentado sobornar a una jueza, su reportera Rosmery Tapara fue amenazada y recibieron cartas notariales. “Donde hay dinero del Estado, hay interés público, y por tanto, justificación para investigar”, enfatizó.
La precariedad también afecta a los equipos. Mientras la unidad de investigación de La República pasó de siete integrantes a tres, Ramírez recuerda que antes se podía sostener equipos más grandes. Hoy, con menos recursos, los medios dependen de alianzas para generar contenido propio. Acosta destaca que, a diferencia del periodismo rápido en redes, su equipo trabaja en “cámara lenta”, construyendo historias durante semanas. “No competimos por primicias, sino por profundidad”, remarcó.
En ese contexto, los tres periodistas coinciden en que el periodismo investigativo cumple una función esencial. Para Karla Ramírez, no hay duda del impacto social de su labor: “Cuando sacamos a la luz una mala compra, evitamos un acto de corrupción. La corrupción sí mata. Ese dinero robado es menos medicina, menos libros, menos escuelas. El periodismo de investigación dice: los estamos vigilando”.
Christopher Acosta resalta la importancia de mantenerse firmes ante el ataque político y legal: “Seguiremos trabajando durante este año electoral complicado, enfrentando la polarización. Esté quien esté en Palacio, nosotros investigamos donde haya irregularidades”.
Y Ángel Páez, desde su experiencia de más de tres décadas, concluye con claridad la ruta a seguir: “Vivimos un momento de acoso a la prensa. Incluso otros medios atacan a periodistas de investigación por razones ideológicas o comerciales. Pero la mejor forma de responder es seguir publicando investigaciones. Eso es lo que seguimos haciendo en La República. Y en eso pueden confiar nuestros lectores: no dejaremos de escarbar para destapar lo que es de interés público”.