En lo que va del 2025, el Congreso de la República ha presentado 85 proyectos de ley para la creación de nuevas universidades en el país. Esta ola de propuestas se suma a la oficialización, desde 2023 hasta la fecha, de 11 nuevas universidades, aprobadas también por el Legislativo y publicadas en el diario oficial El Peruano. Sin embargo, más allá de los anuncios, los avances reales son mínimos: solo una de estas instituciones ha sido construida, y ello se debe a que previamente funcionaba como una escuela. Congresistas de los partidos Perú Libre, Alianza para el Progreso y Acción Popular fueron los que más aprobaron estas medidas.
La presidenta Dina Boluarte ha respaldado abiertamente estas iniciativas en su último mensaje a la nación, a pesar de que expertos y entidades reguladoras advierten que se trata de medidas populistas sin base técnica, financiera ni estratégica. Su apoyo ha sido interpretado como una señal clara de alineamiento con el Congreso en una política que promete acceso educativo, pero no garantiza calidad ni viabilidad operativa.
Universidades en el papel
Entre las universidades que Boluarte ha anunciado recientemente se encuentran: la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes; la Universidad Nacional del VRAEM; la Universidad Nacional Tecnológica Fronteriza Autónoma de Yunguyo (Puno); la Universidad Nacional de Sechura (Piura); la Universidad Nacional de Folklore José María Arguedas; la Universidad Nacional de Arte Escénico; la Universidad Nacional de Carabaya (Puno); la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha; la Universidad Nacional Autónoma de Perla de Vilcanota (Cusco); la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo (Cajamarca); y la Universidad Nacional de Chupaca (Junín).
De todas ellas, solo una cuenta con instalaciones construidas. Ocho han sido ya oficializadas en El Peruano, mientras que otras dos aún están en etapa de evaluación por comisión. A pesar del aparente entusiasmo político, la ejecución práctica de estas instituciones es nula o limitada, con muchos proyectos aun sin terrenos asignados, sin comisiones organizadoras nombradas, y mucho menos con presupuestos asegurados.
Sunedu sin poder de decisión
Frente a este panorama, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha dejado en claro que no participa en el proceso de creación de nuevas universidades. En un reciente comunicado, la entidad recordó que esta decisión ahora recae exclusivamente en el Congreso, y que ellos se limitan a acatar dichas decisiones, sin intervención previa.
Un vocero de SUNEDU reveló a La República que la situación es preocupante por la falta de planificación. “No han sido consultados, no se les ha preguntado, y por experiencia sabemos lo que demanda constituir una universidad. Es bien difícil que las mencionadas entren en funcionamiento en el corto plazo. Yo calculo entre 8 y 10 años para que puedan operar realmente”, afirmó.
Según el proceso establecido, una vez creada por ley, cada universidad debe formar una comisión organizadora, designada por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) del Ministerio de Educación. Esta comisión está compuesta por un presidente (que actúa como rector) y dos vicepresidentes (encargados del área académica y de investigación). Luego, estas autoridades tienen un plazo de dos años para lograr el licenciamiento institucional. No obstante, en la práctica, este proceso suele demorar entre tres y cuatro años, debido a múltiples trabas.
Falta de presupuesto y gestión ineficiente
Uno de los mayores obstáculos para la ejecución de estas universidades es la ausencia de financiamiento. Aunque en noviembre de 2024 el entonces ministro de Educación, Morgan Quero, presentó una inversión de S/20 585 millones para su sector, no se incluyó específicamente la creación de nuevas universidades en el presupuesto inicial. Por lo tanto, estos proyectos carecen de fondos para construcción, equipamiento o contratación de personal.
“Crean la universidad, SUNEDU la reconoce y se nombra una comisión organizadora, pero no les mandan la plata. También está el tema de la inversión, porque una universidad necesita campus, sede, infraestructura, mobiliario… ¿Y quién les da la plata?”, cuestionó el vocero de SUNEDU.
El experto añadió que muchas veces las universidades sobreviven gracias a que algún gobierno regional o municipalidad cede terrenos o financia parte de la construcción, pero ese apoyo no siempre es suficiente ni rápido. “Esto sucede porque han sido creadas de un momento a otro, sin estar en ningún pliego presupuestal, sin ampliación ni previsión de gasto. Entonces, tienen que esperar una demanda adicional. Es complicado”, explicó.
Universidades sin futuro inmediato
Pese a las evidentes dificultades, tanto el Congreso como la presidenta Dina Boluarte continúan impulsando estas propuestas como promesas de mejora en el acceso a la educación superior, sin abordar los problemas estructurales del sistema universitario peruano. En su más reciente mensaje a la nación, Boluarte reafirmó el compromiso de crear 11 nuevas universidades, a pesar de que solo una se ha construido efectivamente y las demás siguen sin avances concretos.
Esta política de expansión indiscriminada, sin planificación ni recursos, podría terminar agravando los problemas del sistema educativo en lugar de solucionarlos. La creación de universidades debería estar basada en estudios de demanda regional, análisis de sostenibilidad financiera y garantía de estándares académicos, no en decisiones apresuradas con fines políticos, según el vocero.
En ese sentido, la postura de Boluarte, alineada con el Congreso, preocupa a los especialistas y a entidades como SUNEDU, que ven cómo se debilita aún más el sistema de educación superior, al priorizar la cantidad sobre la calidad. Mientras no se garantice un mínimo de condiciones para su funcionamiento, estas universidades seguirán existiendo únicamente en el papel.
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