Este lunes se sostendrá una tercera mesa de diálogo entre representantes del Estado y de los mineros artesanales e informales, luego del fracaso del debate de una Ley Mape. Mientras tanto, la minería ilegal continúa expandiéndose. Conocer la gravedad del problema es importante para evitar que el diálogo derive en acuerdos en contra del interés nacional.
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—Exportaciones de oro ilegal—
El IPE estima que el valor de oro ilegal exportado alcanzaría en 2025, por primera vez, al de origen legal, en alrededor de US$ 12 mil millones. Sin mayores acciones, las proyecciones apuntan a que incluso podrían superarlas. Con ello, mientras que los envíos de origen ilegal se habrían multiplicado por cuatro desde 2019, los envíos legales apenas se habrían duplicado. Estas cifras no consideran el contrabando hacia países vecinos, por lo que el volumen real de la ilegalidad es mucho mayor. Además, los grandes proyectos de oro en cartera están retrasados o paralizados, lo que limita el crecimiento de la producción legal.
Uno de los principales canales de salida de oro no registrado sería la frontera con Bolivia. A partir de datos oficiales bolivianos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental documentó volúmenes inusuales de exportación de oro desde 2011, cuyo origen fue atribuido posteriormente al contrabando desde el Perú. La situación se agrava con el crecimiento sostenido de las cooperativas mineras en ese país. Según la Fundación Milenio, estas organizaciones —constituidas como de pequeña escala y sin fines de lucro— operan, en su mayoría, fuera del control ambiental y laboral del Estado, y pagan un porcentaje mejor de regalías. El contrabando de oro desde Perú, absorbido en gran parte por las cooperativas, habría impulsado que la producción nacional de oro de este país se cuadruplicara en los últimos 15 años. Peor aún, la autorización en 2023 para que el Banco Central de Bolivia comprara oro directamente a las cooperativas ha abierto un nuevo canal de blanqueo.
El número de nuevas empresas procesadoras y comercializadoras de oro registradas mensualmente se triplicó, con lo que al 2025 cada mes se crean 82 procesadoras y 58 comercializadoras, en promedio.
—El rol de las procesadoras y plantas de beneficio—
En un contexto de precios internacionales al alza y fiscalización limitada, las fases posteriores a la extracción – particularmente la comercialización y el procesamiento– han cobrado un rol central en la expansión de la minería ilegal. Así, frente a la década previa, el número de nuevas empresas procesadoras y comercializadoras de oro registradas mensualmente se triplicó, con lo que al 2025 cada mes se crean 82 procesadoras y 58 comercializadoras, en promedio.
Este problema no se limita al oro. La cadena de valor del cobre también registra un incremento en el número de actores dedicados al procesamiento, en un contexto en el que el precio de este mineral también alcanza máximos históricos. Así, el número de plantas de beneficio se triplicó entre 2015 y 2025. En regiones como Ica y Puno, incluso se multiplicaron por más de tres y, en Arequipa – la región con mayor número de plantas – se duplicó.
—Más minería ilegal, menos Estado—
El auge de la minería ilegal también se refleja en el aumento de las operaciones sospechosas y a sus montos reportados a la UIF vinculadas a esta actividad. Entre 2020 y 2024, el promedio anual de estas operaciones se multiplicó más de cinco veces respecto al periodo 2015–2019. Además, el problema se ha intensificado: hasta junio de 2025, el número de operaciones ya equivale al 88% del promedio anual del último quinquenio.
Este avance ocurre, además, en contextos de débil presencia estatal. Según el PNUD, el Índice Densidad del Estado (IDE) —medido a partir del acceso a servicios básicos como agua, educación, salud y seguridad ciudadana— ha disminuido o mostrado una mejora más limitada en los distritos con presencia de minería aurífera no formal entre 2017 y 2024. Las caídas ocurren en regiones con alta presencia de minería ilegal como La Libertad y Madre de Dios.
Combatir a la minería ilegal requiere mucho más que el cierre de registros y formalizar operadores. Lo primero es recuperar la presencia efectiva del Estado en los territorios donde hoy predomina la minería ilegal. Además, es necesario implementar una estrategia integral que fortalezca la trazabilidad del oro, refuerce el control fronterizo, articule esfuerzos con países vecinos y promueva programas de desarrollo alternativo en zonas afectadas.