El primer ministro, Eduardo Arana, anunció este viernes la creación de un subgrupo de trabajo que revisará el decreto que excluye a más de 50 mil mineros informales del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y otras demandas de ese gremio.
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Esta decisión -cuestionada por expertos- fue adoptada en la segunda reunión de la mesa técnica sobre formalización minera que encabeza el Poder Ejecutivo. A diferencia de la sesión del lunes, esta vez sí fue convocado el Ministerio Público.
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Tras más de dos horas de diálogo, Arana, flanqueado por los mineros informales, explicó que esta subcomisión se encargará de examinar jurídica y técnicamente las demandas de los gremios informales. “Estimamos que la respuesta será a la mayor brevedad”, aseveró.
En esta jornada estuvieron presentes también los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), Máximo Franco Becquer y Celso Cajachahua, respectivamente.
Así como los parlamentarios Paul Gutiérrez (No agrupados), Diana Gonzáles (Avanza País) y Alex Paredes (Somos Perú). Los dos primeros asistieron en su calidad de presidente y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
Además, participaron el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y representantes del Poder Judicial y la Sociedad Nacional Minería y Petróleo y Energía (SNMPE).
Ministro Eduardo Arana junto con el titular del Minem y representantes de los gremios informales.
De acuerdo con el primer ministro, el subgrupo estará encabezado por el flamante viceministro de Gobernanza Territorial, Francisco Gavidia; y conformado por los representantes de la Confemin, Fenamarpe, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Ministerio de Energía y Minas.
Según precisó Arana, la instalación de esta nueva instancia será el lunes 21 o máximo el martes 22 de julio. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) admitió que la agenda de este viernes era distinta y que no se pudo seguir debido a que estuvieron debatiendo las demanda de los gremios mineros.
“La agenda de hoy no se ha podido realizar, no se ha podido llevar a cabo porque hemos estado debatiendo y toda la sesión ha discurrido entre los argumentos legales de cada una de las partes. Todos han intervenido […] y hemos decidido que este debate se encapsule para que en la próxima sesión podamos abordar los temas de fondo”, explicó a los medios de comunicación.
El primer ministro también negó que se vaya a ceder en la exigencia de cesar con las interdicciones y garantizó que este es un aspecto respaldado por todas las partes.
“Las interdicciones son acciones desde el Ejecutivo para combatir la minería ilegal y en eso hemos hecho una conclusión unánime que nos permite asumir que las interdicciones contra cualquier minero ilegal van a continuar”, aseveró.
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En tanto, Gutiérrez, quien preside la Comisión de Energía y Minas, enfatizó que el subgrupo se creó a petición del gremio informal y se dedicará a analizar el decreto DS N.º 012-2025-EM, que deja fuera del Reinfo a 50.565 registros.
“De tal manera que se pueda dar una solución a la demanda que hacen los pequeños mineros y mineros artesanales con respecto a la exclusión que se ha dado en el decreto supremo”, afirmó en declaraciones a los medios de comunicación.
En diálogo con El Comercio, la parlamentaria Diana Gonzales, comentó que en la sesión los mineros informales insistieron en sus demandas y mostraron especial interés en la interdicción referente al uso de explosivos cuyo plazo vence el 30 de agosto.
“Yo no entiendo por qué esto es materia de preocupación. Cualquier ciudadano necesita autorización para el uso de explosivos, salvo que el Reinfo haya sido su amparo legal”, dijo.
Gonzales agregó que el defensor del pueblo continuó abogando por el gremio informal, esta vez sobre la revisión de los plazos para que se puedan ejecutar las medidas adoptadas.
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De otro lado, el presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, aseguró que las autoridades presentes en la reunión coincidieron en que se ha vulnerado el debido proceso con la exclusión de más de 50 mil mineros del Reinfo.
“Han entendido que la legalidad se ha transgredido. Entonces, por esta razón, llegaron a la conclusión de que se cree inmediatamente un subgrupo de trabajo para poder analizar y resolver de manera inmediata esas leyes que no deberían de salir”, indicó a la prensa.
Franco Bequer señaló que su gremio acreditará a sus especialistas técnicos para que participen del grupo. Ello con miras a que el gobierno retroceda en su decisión.
“Vamos a demostrarles a las autoridades que han firmado este decreto supremo que tenemos la razón, que no se puede excluir de un porrazo a más de 50 mil personas sin un debido proceso. No hubo informe técnico y ningún análisis”, acotó.
Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.
Minutos antes del inicio de la reunión, Frank Almanza, fiscal superior en materia ambiental, señaló que su institución tiene mucho que aportar y explicó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no asistió pues debía atender un compromiso fuera del país.
Frank Almanza, fiscal superior en materia ambiental.
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Cuestionamientos
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, e Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, cuestionaron la creación de este subgrupo.
“Todo lo que ha dicho el Ejecutivo de no ceder cae en saco roto porque se está cediendo en diversos temas y esa es una constante. Vemos cómo se impone el poder de los mineros informales sobre las decisiones del Estado”, enfatizó Ipenza.
Ipenza subrayó que los puntos de agenda eran otros e indicó que “ahora estamos viendo otros temas” y conforme el Gobierno vaya cediendo los mineros informales tendrás más aspiraciones y pedidos.
“El Gobierno está cediendo al chantaje y a la amenaza”, añadió.
Finalmente, advirtió que es probable que los operadores dentro del Ejecutivo, con tal de salvar la situación y al no tener ninguna respuesta, lo que van a hacer es generar más subgrupos y más espacios de discusión que, en la práctica, “no van a resolver nada” y facilitarán que “siga imperando la impunidad”.
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Por su parte, Arenas señaló que “no es verdad” que no se haya respetado el debido proceso con el decreto supremo como afirman los mineros informales.
“Quieren extender el tema porque buscan que, definitivamente, el Gobierno retroceda y ya no excluya a los 50 mil mineros. Estos Reinfos han estado suspendidos desde hace años. Entonces, no se puede decir tan fácilmente que no se ha respetado el debido proceso. Están interpretando la ley a su manera”, remarcó.
El especialista consideró que el Ejecutivo no puede “caer en una mecedora” para allanar el campo para dar marcha atrás y eliminar las resoluciones y que los 50 mil Reinfos vuelvan.
Agregó que ese tema no debería ser el foco del debate sino los 31 mil registros vigentes porque “la minería ilegal no se hace con registros suspendidos sino vigentes”.
Arenas subrayó que la agenda planteada por el Ejecutivo era distinta: la formalización de los 31 mil mineros, la Ley Mape y los trabajadores, pero Confemin está imponiendo otros temas.
“El Gobierno está cediendo evidentemente […] ¿Cómo va a crear una subcomisión para ver los 50 mil si tiene que formalizar a los 30 mil?. Esa tiene que ser la discusión”, cuestionó
Arenas estimó que estas servirá de excusa para que los mineros pidan que se extienda el Reinfo.