La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) condicionó la continuidad del diálogo iniciado esta semana con el Ejecutivo sobre la formalización minera a que se dejen de hacer interdicciones, las intervenciones que hace el Estado para luchar contra la minería ilegal.
Especialistas consultados por El Comercio consideraron que este pedido no debe ser aceptado y que, si el Ejecutivo accede, se estaría favoreciendo a la minería ilegal. Además, indicaron que ello consolidaría el retroceso en la postura del gobierno frente a los reclamos de los mineros, ya advertido con la decisión de dar un plazo de 15 días para que los 50 mil excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) presenten una apelación.
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El último miércoles, mediante una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, los dirigentes de la Confemin hicieron este pedido para “generar un ambiente de confianza y buena fe” en medio de la mesa de diálogo y para que los mineros participen “sin presión de medidas que puedan percibirse como coercitivas”.
Este jueves, en declaraciones brindadas a RPP Noticias, el presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, dijo que “lo que solicitamos es que no haya interdicción porque el martes han estado interdictando, en Carabelí y en otros sitios, reventando las minas”. “Entonces, mandamos una carta diciéndole que suspenda esas sanciones, toda vez que tenemos una mesa de diálogo (…) Si estamos en una en una mesa de diálogo, no pueden estar interdictando”, afirmó.
Cuestionado sobre si esta es una condición para que el diálogo continúe, replicó que “mientras ese diálogo ocurre no puede haber interdicción”. “Si van a estar interdictando, lamentablemente nosotros no vamos a dialogar. ¿Cómo vamos a dialogar si no hay ninguna garantía para poder hablar sin ninguna presión de ambos lados? Están agrediendo, están interdictando”, aseguró.
Duranta la misma entrevista, afirmó que el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, “no sabe nada de formalización” minera y reafirmó su pretensión de buscar que los 50 mil excluidos vuelvan a ser inscritos en el Reinfo. Luego, dijo que “está bien” lo anunciado por el Ejecutivo respecto al plazo para que se puedan apelar esas exclusiones.
“Tiene que haber una reconsideración para que cada uno muestre verdaderamente sus expedientes y puedan regularizar en el tiempo, porque eso no se hace en 15 días”, dijo. “Justamente uno no puede formalizarse porque no hay las condiciones para formalizarse, para regularizar la documentación. Tengo experiencias, mañana (este viernes) lo voy a mostrar en Palacio de Gobierno, que tienen 3 meses, 5 meses, 6 meses y que no han resuelto nada”.
La mesa técnica convocada por el gobierno de Dina Boluarte, en medio de protestas de mineros informales por la exclusión de 50 mil Reinfos y la no aprobación en la actual legislatura de una Ley Mape en el Congreso, inició el último lunes en Palacio de Gobierno y durará 60 días. Este viernes habrá una nueva sesión, en la que se espera la presencia de ministros, representantes de gremios mineros y representantes de entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Máximo Franco, presidente de la Confemin, a su llegada a Palacio de Gobierno el último lunes para la mesa de diálogo
¿Qué son las interdicciones?
Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, dijo a El Comercio que las interdicciones son intervenciones de la Policía y el Ministerio Público para erradicar actividades de la minería ilegal y otras “colaterales”, como el transporte, el procesamiento, la comercialización y el financiamiento. A su criterio, el Estado no puede parar o suspender una actividad de ese tipo porque sería incumplir la ley.
“La interdicción es la aplicación de la ley, sin más ni menos”, remarcó. “Es un proceso de tipo administrativo en donde tiene que aplicarse la ley. Nada impide que, en aquellos aspectos donde la donde la actividad minera es marcadamente ilegal, el Estado ejerza las funciones que le corresponden para erradicarla”.
Añadió que las interdicciones apuntan a enfrentar la minería ilegal, tanto la que se practica en zonas no permitidas como la que se hace en concesiones de terceros. Señaló que si quienes fueron excluidos del Reinfo continúan realizando actividad minera, también podrían ser objeto de interdicciones, “sobre todo si están dentro de los parámetros de la actividad ilícita, en zonas prohibidas como son cursos de agua, zonas en reserva o concesiones de terceros”.
En octubre del 2024, el alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros para la lucha contra la minería ilegal remarcó que las interdicciones ejecutadas a lo largo de ese año lograron que la minería ilegal pierda más de S/2 mil millones.
César Ipenza, abogado especialista en delitos ambientales, enfatizó que “una acción de interdicción está destinada a perseguir y sancionar y destruir bienes con los que se ejerce la actividad ilegal” y, por lo tanto, suspender esas acciones favorecería a la minería ilegal. “Sería ir en contra del marco jurídico, porque el perseguir una actividad ilegal está en un mandato legal de la policía y de la fiscalía”, dijo.
Operativo de interdicción. Foto: Gobierno.
“Yo le diría a la Confemin: bueno, si están en un proceso de diálogo también dejen de operar. Suspendan sus operaciones mientras dure esa discusión, para que tampoco la policía o la fiscalía los intervenga y los interdicte, ¿no?. Lamentablemente este mensaje va en la misma línea de lo que está haciendo el Defensor del Pueblo, que más allá de defender al pueblo está defendiendo mineros informales e ilegales”, dijo el abogado a este Diario.
Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, dijo que las interdicciones apuntan también a “establecer dónde está la producción, cómo está la producción, de donde es originaria la producción”. “Si estás pidiendo que no se den interdicciones, lo que estás pidiendo es que no se cumpla la ley, que no se hagan interdicciones para saber cuál es la trazabilidad del oro. Eso no se puede hacer”, manifestó.
Indicó que estar en una mesa de negociación no implica “omitir o saltarte la ley, que indica que si el Estado tiene que hacer interdicciones porque quiere saber la trazabilidad de la producción de oro, tiene que hacerlo”. También apunta que esto también dificultaría fiscalizar a los 30 mil que siguen el Reifgo, ya que “la minería ilegal se camufla en Reinfos vigentes”.
“Un minero ilegal no necesita un Reinfo suspendido, necesita un Reinfo vigente, de tal manera que sigue habiendo en este momento minería que se está, de alguna u otra manera, camuflando y las interdicciones tienen que seguir existiendo”, afirmó.
Protesta de la Confemin. Los mineros artesanales levantaron temporalmente sus protestas de cara a la mesa de diálogo con el Ejecutivo. Foto: Cortesía/ Juan José Santy.
El Ejecutivo no debe acceder
Por todo ello, Ricardo Valdés consideró que la propuesta hecha por el dirigente minero “no es aceptable”. “Es como que se deje de intervenir los camiones cargados con cocaína o barcos cargados con cocaína. Eso es interdicción. Uno no puede abdicar a la interdicción porque ese es el ejercicio de la ley en algo que es marcadamente ilícito”.
Estimo que, si el gobierno termina accediendo a este pedido, el propio Estado entraría “en una suerte de ilegalidad, porque estaría abdicando las funciones que le corresponden en la lucha contra la criminalidad”. “Si el Estado abdica de su función de la lucha contra la criminalidad, entonces el propio Estado y los funcionarios que acuerdan estarían, al menos, incursionando en el delito de omisión de funciones”, agregó.
El antecedente de la concesión de apelaciones a los Reinfos excluidos, añadió, revela que “ya hay una suerte de ablandamiento de las condiciones por parte del Ejecutivo”. “(El plazo de 15 días) me parece una exageración, tomando en cuenta las reiteradas ampliaciones de los Reinfos que hemos tenido a lo largo de los años. Los que no han hecho nada hasta ahora no lo van a hacer en 15 días. Me parece que los mineros no formales están ganando cada vez más tiempo en este proceso y el Estado está, hasta cierto punto, debilitando su posición para negociar”, dijo.
Dina Boluarte junto a representantes del gremios mineros, Confemin, congresistas, etc, durante la primera ronde de la mesa de diálogo.
César Ipenza consideró que es probable que el gobierno de Dina Boluarte termine accediendo a esta demanda, lo que en la práctica sería “ volver a permitir que (los 50 mil excluidos del Reinfo) operen”. “Posiblemente se lo vayan a otorgar porque, finalmente, es una posición de complacencia del Ejecutivo (…) Ya se dio con el anuncio de la reconsideración de los 50.000 excluidos. No sería extraño. Aquí vale todo con tal de evitar el conflicto y complacerse con ese grupo de actores”, cuestionó.
Arenas agregó que la suspensión de las interdicciones no fue uno de los puntos a tratar al momento de establecerse la mesa de diálogo y que, más bien, podría ser una forma de romper el diálogo: “Si el señor (Franco) Bequer llega a querer imponer otra agenda, estaría incumpliendo la que se estaba discutiendo para poder establecer la mesa de diálogo. Todos lo demás ya tiene otro fin, que sería fulminar la mesa”.
Por ello, coincidió en que, si el Ejecutivo accede a este condicionamiento, sería un grave retroceso del gobierno. “Las interdicciones tienen que hacerse, no tiene que ver una cosa con la otra. (…) Lo que estaría haciendo Confemin es querer patear parar el tablero, porque no hay nada más allá de la agenda que ya se estableció el primer día de trabajo”, indicó.
“Suspender las interdicciones indicaría que el gobierno retroceda porque va a dejar de hacer interdicciones a la producción. Si no las hace, va a permitir que la minería ilegal se pueda camuflar en la minería informal, porque necesitan Reinfos vigentes”, advirtió. “Si durante el proceso se eliminan las interdicciones (…) los ilegales van a poder, a través de Reinfos vigentes, van a poder seguir camuflando su producción. No se puede hacer”.