El congresista Segundo Montalvo presentó una denuncia penal contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, por presunto abuso de autoridad, prevaricato e infracciones constitucionales. La denuncia fue presentada tras la publicación del Decreto Supremo 012-2025-EM, en el cual se excluye a más de 50 mil mineros informales del Reinfo. Según Montalvo, modifica de forma ilegal la Ley 32213, aprobada por el Congreso para beneficiar a este sector.
La Ley 32213, autorizaba al Ejecutivo a prorrogar por seis meses el plazo de formalización minera sin imponer requisitos adicionales. Sin embargo, el Ejecutivo introdujo condiciones que dejan fuera a miles de mineros en proceso de formalización, como la exigencia de una inscripción vigente en el Reinfo o limitaciones según el tiempo de suspensión. Para Montalvo, esto no solo es ilegal, sino que vulnera los derechos de miles de trabajadores que esperaban acogerse a la prórroga.
Según fuentes de La República, la denuncia fue remitida el 10 de julio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Montalvo no solo responsabiliza al ministro Montero, sino también a los funcionarios de la entidad que participaron en la elaboración y firma del decreto. Sostiene que se ha producido una clara violación del principio de legalidad y una intervención indebida en funciones legislativas que solo corresponden al Congreso.
El caso no ocurre en el vacío. En varias regiones del país, los mineros han salido a protestar tras quedarse fuera del proceso de formalización. La respuesta del Gobierno ha sido el despliegue de la Policía Nacional, para reprimir las movilizaciones, las cuales ya cobraron su primera víctima mortal en Chala, Arequipa. Para el congresista Montalvo, esta crisis es producto directo de una decisión autoritaria y arbitraria del Ministerio de Energía y Minas.
Decreto cambió el sentido de la ley y dejó fuera a miles de mineros
El Decreto Supremo 012-2025-EM fue emitido el 28 de junio por el Ministerio de Energía y Minas. Supuestamente, debía servir para poner en marcha la Ley 32213, que extendía el plazo de formalización minera por seis meses. Pero en lugar de aplicar esa ampliación de forma general, como lo indicaba la ley, el ministro Montero agregó condiciones que dejaron sin el beneficio a miles de mineros artesanales.
En concreto, el decreto impone dos grandes filtros: solo podrán acceder a la prórroga quienes estén actualmente inscritos en el Reinfo (un registro oficial del Estado) y quienes no hayan estado suspendidos por más de un año. Estas restricciones no estaban contempladas en la ley original y, según Montalvo, fueron añadidas sin ninguna base legal.
Además, el decreto incluyó referencias a otras normas anteriores que no tienen relación con la nueva ley aprobada por el Congreso. Esto, según el congresista, demuestra que el Ministerio actuó por cuenta propia y sin respetar el mandato del Parlamento, lo que ha generado una crisis en el sector minero informal.
Dina Boluarte minimizó movilizaciones de mineros
La presidenta Dina Boluarte restó importancia a las protestas protagonizadas por mineros en distintas regiones del país, tras el fracaso del Congreso en aprobar la nueva Ley MAPE. Según declaró, quienes continúan movilizándose no buscan formalizarse, sino mantener actividades ilegales. “Ahora están en las calles los ilegales”, afirmó la mandataria.
Las declaraciones se dieron luego de que el Parlamento rechazara un predictamen que planteaba extender por tres años el plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La jefa de Estado defendió la decisión del Ejecutivo de no respaldar una prórroga general.