Recientemente, Petroperú capitalizó dos apoyos financieros otorgados por el Estado. El primero fue el llamado “Apoyo Financiero Transitorio” por US$750 millones (2022), que de transitorio no tuvo nada. El segundo, un préstamo de US$800 millones del Banco de la Nación (2024), destinado a capital de trabajo. En conjunto, la deuda que la empresa, ahora casi quebrada, no pudo pagar y que el Estado terminó convirtiendo en aporte de capital sumó S/6,100 millones. Dicho de otro modo: Petroperú nos hizo ‘perro muerto’ por ese monto.
A pesar de ello y de las reiteradas negativas por parte de diversos ministros de Economía, incluido Raúl Pérez Reyes, de seguir inyectando recursos a la petrolera estatal, el Estado ha vuelto a comprometerse a brindar apoyo financiero a Petroperú en caso de que lo requiera, según revela el informe de auditoría elaborado por PwC.
“Con la finalidad de continuar la reducción del nivel de endeudamiento, la Compañía viene realizando los siguientes planes de acción: (…) En Junta General de Accionistas de fecha 26 de junio de 2025, se aprobó que, a través de Petroperú, se manifieste el apoyo financiero que los accionistas brindarían a la Compañía en caso este fuera necesario”, señala el informe.
El ministro Pérez Reyes reconoció que lo indicado por el informe es verdadero. Precisó que PwC, “dado los resultados de Petroperú”, planteó a la Junta de Accionistas de la petrolera (donde el Estado actúa como único accionista) validar si estaba dispuesta a responder y resolver los problemas de Petroperú en caso de que la empresa enfrentara dificultades aún mayores. Y la respuesta fue afirmativa: “Sí, efectivamente, si (Petroperú) tuviese algún problema, el Estado tendría que ver cómo lo resuelve”, manifestó al programa Mesa de prensa, de Canal N.
Se enreda
El ministro intentó mantener su posición de que dicho respaldo no implica la entrega directa de recursos a la petrolera, pero reconoció que el compromiso adoptado corresponde, como señala PwC, a un “apoyo financiero”.
“Bueno, si ocurriese, veríamos el tema de apoyo financiero, lo cual no significa darle recursos”, afirmó.
El planteamiento de la auditora sobre el respaldo del Estado a Petroperú obedece a la existencia de varios factores que afectan la sostenibilidad de la empresa, según advierte el informe. Entre ellos, la reducción de ingresos por ventas en el mercado local, atribuida a las restricciones en los volúmenes de producción de la Nueva Refinería de Talara durante su periodo de estabilización.
A ello se suma la caída de los precios internacionales del crudo y sus derivados, lo que ha afectado los márgenes operativos y la valorización de los inventarios. Estos elementos, según PwC, configuran una “incertidumbre material que puede causar duda significativa sobre la capacidad de la compañía de continuar como empresa en marcha”.
Para el exviceministro de Energía Arturo Vásquez, el informe revela un riesgo real sobre la continuidad operativa de la petrolera estatal. “Si hay dudas sobre su capacidad de seguir operando, estaríamos frente a una crisis grave”, advirtió.
El informe de auditoría también reporta que Petroperú registró pérdidas por más de US$770 millones en 2024. Según el expresidente de la empresa, Carlos Paredes, estas se suman a las pérdidas del año anterior, acumulando un total cercano a los US$2,000 millones.
El año pasado, el MEF realizó el pago correspondiente al segundo semestre de 2024 por las deudas que Petroperú mantiene con la aseguradora CESCE, por un monto de US$168.36 millones. Lo anterior plantea estas preguntas inevitables: en una situación de quiebra de la compañía, ¿el MEF volverá a capitalizar los pagos que realiza por Petroperú? ¿Es eso, en el fondo, lo que implica la reestructuración anunciada por el ministro Pérez Reyes?
Tenga en cuenta:
PwC también menciona irregularidades y presunto favoritismo en contrataciones, lo que genera “aún más preocupación sobre la gestión de proveedores”, advirtió el exviceministro de Energía Arturo Vásquez.
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