La congresista Patricia Chirinos ha apelado la resolución del Poder Judicial que declaró infundada su denuncia por presunta difamación contra el periodista Marco Sifuentes, director del programa La Encerrona. La demanda fue rechazada por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima, pero la parlamentaria busca que el proceso se reactive. El recurso de apelación ya fue admitido.
La denuncia surgió a raíz de opiniones expresadas por Sifuentes en un programa de streaming, donde señaló los presuntos vínculos al sicariato y la delincuencia en la región Callao. Según la parlamentaria, los comentarios vulneraban su honor. No obstante, el tribunal determinó que no existían elementos suficientes para considerar que se trató de un delito.
Pese a que el tribunal desestimó la denuncia, Chirinos ha insistido con una apelación y, además, ha iniciado una nueva demanda. Esta vez, apunta directamente al director de La Encerrona, responsabilizándolo de las interpretaciones vertidas en el programa. Las acciones han sido consideradas como parte de una estrategia para acallar a la prensa.
Ante la insistencia de Chirinos, organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han alertado que este tipo de acciones judiciales son mecanismos que buscan silenciar voces críticas. Calificaron la apelación como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una demanda utilizada para amedrentar a periodistas.
¿Qué implicancias tiene esta apelación para la prensa?
El IPYS ha expresado su preocupación por el uso del sistema judicial para hostigar a periodistas. En un comunicado público, la organización advirtió que estas demandas no buscan justicia, sino generar desgaste económico, emocional y profesional sobre quienes ejercen la crítica. Consideran que la apelación contra Sifuentes representa una amenaza directa a la libertad de expresión.
Estas acciones judiciales, cuando se presentan desde el poder político, tienen un efecto inhibitorio sobre otros medios. La posibilidad de enfrentar procesos penales por opiniones periodísticas atenta contra el derecho ciudadano a estar informado. El uso de la figura penal de la difamación en estos casos ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales.
Marco Sifuentes ha recibido el respaldo de distintas organizaciones periodísticas, que ven en su caso un intento más de censura desde el Congreso. Desde La Encerrona, se ha denunciado que la querella tiene motivaciones políticas.