El proyecto ferroviario del alcalde Rafael López Aliaga, que busca conectar Lima con Chosica a través de trenes traídos desde Estados Unidos, ha generado un nuevo enfrentamiento con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras el burgomaestre capitalino asegura que la “marcha blanca” se realizará sí o sí en julio, la cartera de Transportes insiste en que no existen obras concluidas ni condiciones mínimas de infraestructura para poner en funcionamiento estas unidades.
Además de las discrepancias técnicas, el debate gira en torno a un punto aún más delicado: la viabilidad financiera. Hasta ahora, la Municipalidad de Lima no ha revelado con claridad si cuenta con el presupuesto necesario para adaptar las vías, construir estaciones, implementar señalización y garantizar condiciones de seguridad. La promesa de López Aliaga avanza con fuerza mediática, pero sin respaldo técnico ni financiero definido ante la opinión pública.
Durante un evento público en San Juan de Miraflores, el alcalde reafirmó que los trenes donados por la compañía Caltrain serán puestos en circulación este mismo mes. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, declaró. No obstante, el MTC ha respondido que ninguna infraestructura ha sido terminada, ni siquiera iniciada, lo que hace inviable cualquier tipo de operación piloto.
A través del medio RPP Noticias, el ministro César Sandoval sostuvo que no hay expediente aprobado ni plan de implementación que permita avanzar con la prueba operativa. Desde el Ejecutivo, se propuso evaluar la posibilidad de ampliar la actual concesión ferroviaria a través de una adenda, pero este proceso implicaría estudios técnicos, especificaciones, cronograma y ejecución, lo que tomaría al menos un año. A la fecha, no se ha confirmado que la Municipalidad haya presentado formalmente tal propuesta.
Ante las declaraciones del MTC, López Aliaga ha elevado el tono. Señaló que, si el gobierno central “pone trabas”, organizará una marcha ciudadana hasta la sede del Ministerio. Consideró que se intenta politizar el proyecto y obstaculizar su ejecución con argumentos burocráticos. “Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, dijo públicamente.
Pese a la amenaza de movilización, el titular del MTC reiteró que ningún funcionario edil se ha reunido con su equipo técnico para mostrar el expediente del proyecto. Tampoco se han identificado fuentes de financiamiento que respalden una intervención de esa magnitud. El ministro sugirió que, si la Municipalidad desea avanzar por cuenta propia, debe demostrar que cuenta con el presupuesto, los estudios y el marco técnico que exige una obra de transporte masivo.
Los trenes que llegarán a Lima entre el 4 y 8 de julio forman parte del lote retirado por Caltrain en el estado de California. Se trata de unidades con más de 40 años de antigüedad, alimentadas por diésel y con altos índices de emisión de contaminantes. Aunque fueron donados, el traslado y la puesta a punto de estas unidades implicarán un desembolso superior a los 24 millones de dólares, según estimaciones preliminares.
Expertos ferroviarios han advertido que la infraestructura actual no soporta la circulación de trenes de dos pisos. Las vías no cuentan con señalización moderna ni pasos a nivel seguros, y existen puentes donde las unidades podrían no tener el espacio suficiente para pasar. A esto se suma la falta de estaciones acondicionadas, sistemas de control, talleres de mantenimiento y personal capacitado. Sin estas condiciones, alertan, el servicio no solo sería ineficiente, sino riesgoso para la población.
Uno de los aspectos más críticos del plan ferroviario es la ausencia de información oficial sobre la inversión total que demandaría. La Municipalidad de Lima no ha detallado el origen de los fondos para adecuar las vías, implementar los sistemas técnicos ni contratar personal. Tampoco ha presentado un cronograma público ni informes técnicos ante el MTC o el MEF.
Hasta ahora, las únicas cifras conocidas corresponden a los gastos vinculados al transporte marítimo y los trámites de internamiento de los trenes. Sin embargo, para que el proyecto funcione de forma segura y sostenida, se requerirían millones adicionales en obras civiles, adquisición de equipos y operatividad. La promesa de que los trenes funcionarán en pocas semanas no se sostiene con evidencias documentadas. El proyecto sigue en una etapa preliminar, sin sustento legal ni financiero demostrado.