Un día antes de que venza la última prórroga que dio el Congreso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el gobierno concretó su ampliación una vez más, a través de un decreto supremo publicado en “El Peruano”. Esta vez hasta el 31 de diciembre de este año. La medida ha sido criticada por expertos en minería y en derecho ambiental, que refieren que esta figura juega a favor de la minería informal, pero también de la ilegal.
El Ejecutivo titula el decreto supremo N°012-2025-EM-firmado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo- como el que “establece el cierre del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal”. No obstante, si el Parlamento no aprueba una nueva Ley MAPE, esta finalización del Reinfo quedaría en el aire.
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La norma también tiene una disposición complementaria final, que establece “la exclusión de personas naturales o jurídicas en vías de formalización” del Reinfo, “como consecuencia de la fiscalización de la información declarada por dichas personas”.
“Esta fiscalización comprende, entre otros aspectos, la verificación del desarrollo de actividades mineras en áreas distintas a las declaradas en el citado registro”, agrega el texto.
(Foto: El Peruano)
Desde su instauración, el Reinfo ha sido prorrogado en cuatro ocasiones: la primera en 2019, extendiendo el plazo hasta diciembre de 2021; luego hasta 2024; después hasta el 30 de junio de este año, y este domingo, hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta última vez fue el gobierno vía decreto supremo, las otras veces la decisión fue del Parlamento.
En los días previo a la emisión de la nueva ampliación, el titular de Energía y Minas responsabilizó al Congreso por no aprobar una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal, un tema aún pendiente en la Comisión de Energía y Minas, presidida por el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial).
“Esperábamos que el Congreso pudiera debatir una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal; entendemos que ese debate no ha concluido. No hay una nueva ley todavía; el debate continuará en agosto, entonces se hace necesaria, sin duda alguna, la ampliación del proceso de formalización”, dijo Montero, entonces, a TV Perú Noticias.
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“En la práctica, no es un cierre”
El abogado César Ipenza, experto en derecho ambiental, consideró que la administración de Boluarte Zegarra fue preparando el terreno para esta nueva ampliación del Reinfo, al recordar que ya el ministro Montero había dejado abierta esa posibilidad desde hace semanas. Agregó que “lo curioso” es que le hayan cambiado el nombre y hayan incluido el término “cierre del proceso de formalización, cuando la práctica no lo es”.
“El Congreso puede ampliar [el Reinfo], han queridos dar este término por un tema comunicacional”, manifestó a El Comercio.
Además, advirtió que el Ejecutivo no ha cumplido con una sentencia que el Tribunal Constitucional emitió en abril de este año, en la que exhortó a que los mineros incluidos en el Reinfo no sean exceptuados de responsabilidad penal.
“El Estado debía abstenerse de exceptuarlos de responsabilidad penal, ellos debieron dar una norma o mencionarlo en una disposición”, remarcó.
Sobre la disposición complementaria final, el letrado dijo que es “complicado” que el Ministerio de Energía y Minas vaya a concretar esta fiscalización. “El MINEN había creado un proceso bastante burocrático para excluir a los mineros [del Reinfo], se han puesto bastantes candados para evitar sacarlos, los suspenden y los dejan en un limbo”, expresó.
Iván Arenas, consultor especializado en minería, hidrocarburos y gestión pública, afirmó que el gobierno de Boluarte al ser “uno débil y que necesita del apoyo del Congreso, ha cedido a la presión política” de un sector de este que representa a los intereses de los mineros informales.
“Este es un gobierno débil y los partidos con representación en el Congreso no quieren pelearse con el bolsón electoral [que representa la minería informal e ilegal]. El Ejecutivo no quiere pelearse ni con sus aliados ni con este sector de mineros”, manifestó.
En comunicación con este Diario, Arenas opinó que no cree que esta sea la última ampliación del Reinfo.
“Los mineros informales quieren una ampliación permanente del Reinfo, no quieren una Ley MAPE técnica. Con el Reinfo vigente, ellos no necesitan de una Ley de la Minería Artesanal y Pequeña Minería […] Ellos han querido que salga la Ley MAPE en estos últimos seis meses, pero una tan mala. Y frente a ello, todos piensen que es mejor una extensión del Reinfo”, subrayó.
Arenas sostuvo que “no es factible” y es “casi imposible” que el Ministerio de Energía y Minas vaya a ejecutar la disposición complementaria final para retirar del proceso de formalización a todos los mineros informales con Reinfo suspendido. Agregó que estos serían aproximadamente 66 mil y que solo quedarían 20 mil en camino.
“No es factible, es casi imposible que se cumpla. Y eso sucede por la presión social, lo que se va a venir ahora es la gran protesta de la Confemin y de otros gremios. Y el ministro seguramente será interpelado nuevamente en el Congreso. Y posiblemente, tengamos una rectificación de este decreto y que se quite ese considerando”, complementó.
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Ambos expertos coincidieron en señalar que, si realmente el Parlamento desea concretar una Ley MAPE técnica y que ponga freno a la impunidad del Reinfo, el Bloque Magisterial debe dejar la presidencia de la Comisión de Energía y Minas. Agregaron que una bancada seria debe asumir ese encargo.
“Si se mantiene al Bloque Magisterial al frente de esta comisión, esto no se va a resolver, sobre todo en un año preelectoral”, dijo Ipenza.
Un cambio de timón
La congresista Diana Gonzáles (Avanza País), quien fue la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas en la última legislatura, dijo que la decisión del Ejecutivo de ampliar el Reinfo “no le sorprende”, porque ya el ministro Montero había adelantado este escenario. No obstante, aseguró que el Ejecutivo “ha perdido una valiosa oportunidad de cerrar este régimen que ha fracasado y que ha generado más problemas que soluciones”.
En diálogo con El Comercio, Gonzáles exhortó al gobierno de Boluarte a realizar una autocrítica “por su ausencia” en el debate de la nueva Ley MAPE en el Parlamento.
“No se puede hablar de compromiso, sino se participa. Al reiniciarse la legislatura, el Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas deben adoptar un rol más decidido. Una administración pasiva de esta crisis no da para más, el proceso de formalización minera requiere de una decisión política y no de parches”, expresó.
(Foto: Archivo GEC)
Gonzáles opinó que es el momento de que el Bloque Magisterial deje la conducción de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y que este grupo pase a “manos de personas o de una bancada que realmente trabaje de manera técnica”
“Se han evidenciado temas personales o ideológicos, yo misma he sido testigo como vicepresidenta de la comisión. Necesitamos de un texto consensuado con el Ejecutivo, donde el primer argumento sea técnico. Esto para luego no tener excusas sobre qué va a pasar con los mineros. Ellos van a regresar [a protestar] al Congreso, no van a ir al Ministerio de Energía y Minas y lo harán en plena campaña electoral”, alertó.
La parlamentaria señaló que su bancada “está en la capacidad de asumir esta responsabilidad”, pero detalló que esto será una decisión que se adopte en conjunto y viendo cómo queda conformada la nueva Mesa Directiva del Congreso.
Más información
Hace unos días, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) informó que su bancada promoverá una moción de censura en contra del ministro Montero por la nueva ampliación del Reinfo.
En mayo, El Comercio reveló que el ministro de Energía y Minas recibió a gremios de mineros informales en ocho oportunidades en menos de cinco meses. El director general de Formalización Minera del Minem, Máximo Gallo Quintana, registra 19 citas y otros funcionarios, 15. Es decir, 42 en total.