Castro, quien también estaba acusado en el mismo caso, se acogió a la figura de colaboración eficaz: aceptó su responsabilidad en los hechos y optó por aportar información relevante al Ministerio Público a cambio de beneficios penales. Su participación como testigo se perfilaba como uno de los elementos más importantes del proceso.
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“Esperábamos el valioso aporte que podría haber brindado en el juzgamiento que se iniciará este 23 de septiembre contra la exalcaldesa Susana Villarán y otros acusados. Estábamos con expectativas”, declaró el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación, en diálogo con Canal N.
La Policía llegó al inmueble de Castro tras recibir una alerta. Según el parte policial, se encontró el cuerpo con un corte en el cuello y signos visibles de sangrado en el cuello, el brazo y la ropa.
En la escena también se hallaron un cuchillo de cocina con manchas de sangre y otro cuchillo con mango negro en similares condiciones. Además, la puerta del baño presentaba indicios de manipulación. La escena fue inmediatamente aislada y quedó bajo custodia de la Policía Nacional, que investiga el caso como un presunto homicidio.
Fuentes de El Comercio informaron que Castro acudía con regularidad a las citaciones del Ministerio Público y que incluso asistió a una diligencia la semana pasada. Su muerte ocurre a menos de tres meses del inicio del juicio oral.
El fiscal Pérez señaló que el fallecimiento de Castro “tiene que ser una alerta” para los jueces a cargo del caso.
El fiscal José Domingo Pérez está a cargo del proceso contra Villarán y otros procesados por el mismo caso. Foto: GEC / Britanie Arroyo.
“Hay situaciones que deben obligar a que procesos de gran corrupción se puedan llevar de la manera más oportuna, más célere, más continua, para evitar situaciones que pueden afectar el regular desarrollo de un proceso”, dijo.
Presunto intermediario de los aportes ilícitos
Castro fue uno de los hombres de mayor confianza de Villarán durante su gestión en la Municipalidad de Lima.
Cuando Villarán inició su gestión como alcaldesa, en el 2011, lo designó como gerente de finanzas. Un año después, lo nombró gerente municipal, cargo que ocupó hasta el término de la gestión (2014).
Susana Villarán enfrentará, desde septiembre próximo, un juicio oral en su contra por el Caso Odebrecht.. Foto: Alessandro Currarino.
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De acuerdo con el testimonio de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Castro actuó como intermediario entre la constructora brasileña y Villarán para canalizar millonarios aportes ilícitos destinados a financiar la campaña contra la revocatoria de 2013. En los registros internos de Odebrecht, figuraba bajo el codinome “Budián”.
Se esperaba que su testimonio en el juicio no solo confirmase los cargos contra la exalcaldesa, sino que también permitiese trazar el mapa de relaciones y decisiones detrás del entramado de presuntos pagos ilegales que, según la acusación fiscal, marcaron la gestión municipal de Villarán.
En el expediente fiscal se señala que, mediante el mismo esquema utilizado con Odebrecht, Villarán —mediante Castro— gestionó otro aporte por parte de OAS.
Odebrecht y OAS mantuvieron inversiones en infraestructura durante la gestión de Villarán. Odebrecht lideraba el proyecto de Rutas de Lima, mientras que OAS ejecutaba la obra Vía Parque Rímac. De acuerdo con la Fiscalía, los pagos ilegales habrían sido recompensados con condiciones favorables en las concesiones.
La fiscalía también indagó sobre la participación de Castro en la creación de una cuenta bancaria en la Banca Privada de Andorra, a nombre de Gabriel Prado, exgerente de seguridad ciudadana. La cuenta tenía como fin recibir dinero de las constructoras.
En mayo del 2019, el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra Castro, pero al año siguiente, debido a los riesgos por la pandemia del Covid-19, se le varió por 12 meses de detención domiciliaria.
Posturas
El abogado penalista Vladimir Padilla señaló que el Código Procesal Penal contempla este tipo de situaciones. “Cuando un testigo no puede acudir a juicio por una circunstancia excepcional, se lee lo que él declaró anteriormente y se valora”, explicó.
A su juicio, la fiscalía no habría quedado desarmada con su muerte. “Yo no diría que se ha perdido un testigo fundamental en el caso porque se supone que la fiscalía ha debido corroborar toda la información que él estaba dando. Si ha sido diligente, definitivamente no ha colocado todas sus esperanzas en un solo testigo. Eso sería sumamente negligente”, remarcó.
Consultado sobre si el fallecimiento de Castro podría cambiar el rumbo del juicio, Padilla respondió: “No debería cambiarlo en tanto que hay otros elementos de prueba y otros coimputados que, además, se podrían someter también a la conclusión anticipada”. Explicó que, al inicio del juicio oral, el juez preguntará a los acusados si se declaran culpables o inocentes. “Si uno se considera culpable, lo dice y habla con la fiscalía para tener un beneficio, y sobre eso se va a cerrar todo el tema”, precisó.
Para el penalista Luis Vargas Valdivia, el impacto dependerá de cómo se condujo el proceso de colaboración.
“Hasta donde tengo entendido, el procedimiento de colaboración eficaz [de Castro] no ha terminado. Entonces, ese proceso tendrá que archivarse”, sostuvo. En ese contexto, advirtió un problema : “Como se archivará, en principio no se van a poder utilizar las pruebas que se han actuado en él. Solo se pueden utilizar las pruebas que se actúan una vez que el proceso de colaboración eficaz concluye y es convalidado por el juez”.
Agregó que la declaración de Castro tampoco podría ser usada, salvo que él hubiera autorizado expresamente que ciertas pruebas se adelanten y sean incorporadas antes del cierre del acuerdo.
Desde otra perspectiva, el penalista Andy Carrión afirmó que el fallecimiento de Castro, si bien relevante, no debería alterar significativamente la dirección del juicio.
“La declaración de Castro es uno de los elementos más que existen dentro del acervo probatorio, que están siendo corroborados con otros documentos, pero no es lo único. No creo que la muerte de Castro pueda afectar sensiblemente, al menos para conducir a una absolución por parte de los imputados”, dijo.
Carrión recordó que, en casos similares, como el de Ollanta Humala y Nadine Heredia, se validaron declaraciones previas de colaboradores eficaces que no asistieron al juicio oral.
“Tenemos algunos precedentes en los cuales las declaraciones previas de las personas han sido validadas por el tribunal. […] Por ejemplo, las declaraciones que vertieron los funcionarios brasileños en el caso Humala las dieron en etapa de investigación preparatoria, pero al juicio no se presentaron; no obstante, el tribunal las consideró válidas”.
Para el abogado, las pruebas aportadas por Castro mantienen valor legal. “Estas no mantienen algún tipo de nulidad u otras en relación a quien las aportó. Estas tienen validez por sí mismas, porque son pruebas actuadas de manera independiente”, explicó.