Lo que debía ser un operativo de rutina terminó en tragedia. En San Juan de Lurigancho, un intercambio de disparos entre policías terminó con la muerte del suboficial Julio Calderón Díaz, integrante de la Unidad Grecco, y tres efectivos heridos. El presunto autor del disparo fatal sería otro agente, el suboficial Paul Galicia Chacón, quien sostiene que actuó en defensa propia.
El hecho ocurrió el 12 de junio durante un operativo encubierto. Según las primeras versiones, Galicia se encontraba reunido con vecinos cerca de su vivienda, algunos de los cuales tendrían antecedentes policiales, lo que ha despertado sospechas sobre su comportamiento fuera del servicio.
En su testimonio ante las autoridades, Galicia relató que fue sorprendido por cuatro sujetos armados vestidos de civil, quienes —según su versión— no se identificaron como policías.
“Ellos avanzan sin decir ninguna palabra ni identificarse. Estaban a una distancia de 15 o 20 metros, y al escuchar que rastrillé mi arma, ellos realizan disparos”, declaró. Asegura que su objetivo era defenderse y que apuntó a las piernas, sin saber que eran agentes del orden.
No obstante, uno de los policías heridos desmintió su versión. Según este testigo, Julio Calderón sí se identificó como policía al gritar “¡Alto, Policía!”. Cabe resaltar que al estar encubiertos no portaban chalecos distintivos. En la escena del crimen se encontraron 15 casquillos de bala, y se determinó que Galicia efectuó al menos ocho disparos.
Luego del tiroteo, Galicia se presentó en una sede judicial, donde —según las imágenes incluidas en el expediente fiscal— se identificó como policía y admitió haber hecho uso de su arma “en legítima defensa”
Piden prisión preventiva
La situación legal de suboficial se complicó aún más tras un allanamiento en su vivienda, donde se incautaron presuntos envoltorios de droga y explosivo, de acuerdo con el informe oficial.
Ante estos hallazgos, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Paul Galicia y otros cuatro implicados, bajo la grave acusación de homicidio calificado.
Aunque la defensa insiste en que su cliente actuó en legítima defensa y sin conocimiento de que los atacantes eran policías, la Fiscalía sostiene que el uso de la fuerza fue desproporcionado y acabó con la vida de un agente en servicio.
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