Nueva denuncia contra una congresista. Esta vez, Rosio Torres, parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), ha sido acusada por presuntamente haber cometido el delito de peculado doloso. Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, Torres se habría apropiado indebidamente de bienes públicos en beneficio propio. En un comunicado, la Fiscalía señaló que el caso está vinculado tanto a su partido como a la candidatura política de su esposo.
“Los hechos se refieren a que Torres Salinas habría utilizado —para fines personales y relacionados con su agrupación política— a una trabajadora contratada y remunerada por el Congreso de la República, asignada a su despacho, para que entre el 4 y el 9 de abril de 2022, y durante su horario laboral, depure el padrón de militantes del partido Alianza para el Progreso. El objetivo de esta acción era facilitar la candidatura de Fernando Meléndez Celis, cónyuge de la congresista, como gobernador regional de Loreto”, detalla el comunicado de la Fiscalía.
Fiscalía ya investiga a Rosio Torres por recorte de sueldo
Esta no es la primera denuncia en contra de la congresista de Alianza para el Progreso. Torres viene siendo investigada por un presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho congresal. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, entre los años 2021 y 2023 se habrían efectuado transferencias de dinero por parte del personal, con montos que oscilarían entre 1.000 y 10.000 soles.
La tesis fiscal sostiene que ese dinero provenía de asesores y auxiliares del despacho de Torres y era transferido a cuentas bancarias administradas por su sobrino. Asimismo, se señala que la congresista habría utilizado su cargo como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el periodo 2021-2022, para exigir dichos aportes.
Para esclarecer los hechos, la Fiscalía ha requerido los registros de movimientos bancarios y ha citado a declarar a quienes serían las víctimas de estos recortes.
APP acumula varias figuras que han pasado por investigaciones en la Fiscalía
El caso de Torres no es único en su tienda política. En julio de 2024, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Magaly Ruiz, congresista del partido apepista, por presunto tráfico de influencias agravado y negociación incompatible. Según la acusación, Ruiz habría intentado influenciar al fiscal Richard Rojas para que archivara una investigación en su contra —relacionada con recortes de sueldo a su personal— y favoreció la contratación del hermano del fiscal en su despacho, además de contar con nepotismo al contratar a la pareja de su hijo.
Otros congresistas de APP han pasado investigaciones sin que estas lleguen a mayores. Tal es el caso de María Acuña. La congresista fue denunciada en abril de 2023 por presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho parlamentario, pero la Fiscalía archivó la investigación en agosto de 2024 al considerar que no había pruebas suficientes. La acusación, que se inició tras denuncias públicas, fue cerrada y ni siquiera se presentó una denuncia constitucional al Congreso