Entre gallos y medianoche, el Congreso volvió a demostrar su desconexión con la ciudadanía. Bajo la presidencia del apepista Eduardo Salhuana, el Parlamento culminó su legislatura atropellando derechos y dando un primer paso para perpetuar la impunidad.
La ley de amnistía para militares y policías procesados por su accionar en el conflicto armado interno fue aprobada en el Pleno de manera exprés la madrugada del jueves con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.
El proyecto había sido aprobado en la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, el martes 10.
En principio, el dictamen de esta ley no estaba en la agenda del Pleno, pero el miércoles por la tarde la Junta de Portavoces acordó incluirla, con el apoyo del fujimorismo y sus bancadas aliadas.
Así, la ley recibió luz verde en el hemcicilo, con el aval de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular y otras agrupaciones.
Organizaciones que defienden derechos humanos alertaron que esta norma representa un retroceso para las familias que buscan justicia tras haber sido víctimas de agentes del Estado peruano durante la década de los 80 y 90.
La ley de amnistía busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las fuerzas del orden con procesos abiertos en casos emblemáticos. Bajo el argumento de una “justicia humanitaria”, se pretende borrar décadas de lucha por la verdad.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público han advertido que esta norma viola tratados internacionales y pone al país en riesgo de desacato frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha cuestionado la medida con severidad.
Por si fuera poco, el Congreso también aprobó el retorno de la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, una de las medidas más impopulares entre la ciudadanía.
En menos de un mes, fue eliminada una reforma que había sido aprobada por el anterior Parlamento.
El miércoles último, pasada las 11 de la noche, la Junta de Portavoces también amplió la agenda de proyectos a debatir en el Pleno para incluir la votación de este proyecto.
La propuesta también fue impulsada desde la comisión de Rospigliosi.
El jueves 12 la contrarreforma fue aprobada en el Pleno con 92 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención.
Aunque se presenta como una protección contra la persecución política hacia los congresistas, el diseño aprobado abre la puerta a nuevos blindajes: los legisladores no podrán ser procesados ni detenidos sin autorización del propio Pleno, incluso en casos de flagrancia, se deberá esperar 24 horas a que el Congreso tome una decisión.
En manos de un Congreso deslegitimado, la inmunidad no representa independencia, sino una institucionalización de la impunidad.
La ley protegerá a los diputados y senadores elegidos en el Congreso bicameral en 2026.
Tanto la ley de impunidad como la que restituye la inmunidad parlamentaria, necesitan de una segunda votación. En la siguiente legislatura, la coalición que controla el Congreso buscará ratificarla.
Sin retiro de AFP y eliminación del Reinfo, pero con Ley Chlimper 2.0
La legislatura de Salhuana también deja otros temas pendientes en materia económica.
En el Congreso hubo un retroceso inexplicable con el proyecto de ley para el octavo retiro de la AFP.
El martes, la bancada de Podemos Perú pidió en la Junta de Portavoces exonerar esta propuestsa de trámite de comisión para que sea discutida de frente en el Pleno, pero no fue aprobada.
Al día siguiente, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, de Acción Popular, anunció que el debate de este octavo retiro se pospone hasta que el MEF publique el reglamento de la reforma de pensiones.
Eso implicará que el proyecto sea discutido a partir de agosto, en la nueva legislatura y, posiblemente, con un nuevo titular de la Comisión de Economía.
Otra iniciativa en materia económica que generó revuelo fue la ley que incrementa la pensión mínima de los profesores a S/ 3.300. El proyecto fue aprobado en primera votación, pero la segunda no fue realizada esta última semana.
El congresista de Fuerza Popular, César Revilla, presentó una reconsideración con que el objetivo de que la propuesta regrese a la Comisión de Presupuesto.
La reconsideración tampoco fue votada y el proyecto dependerá de lo que suceda el próximo semestre.
En cambio, donde sí se consideró la segunda votación fue con la ley que deroga la protección frente a la usuara bancaria.
El jueves, el Pleno intentó ratificar dicha norma que desprotege a los usuarios del sistema financiero frente a altas tasas de interés.
El proyecto, sin embargo, solo alcazó 52 votos a favor, no alcanzó los 66 necesarios.
El Congreso, en cambio, culminó este periodo aprobando la ley que otorga una serie de beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras. La norma también es conocida como la “Ley Chlimper 2.0”.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adelantó que promulgará la ley, en caso sea ratificada.
La Ley Chlimper 2.0 implicaría pérdidas fiscales anuales de S/1.850 millones —más de S/20.000 millones entre 2025 y 2035— en favor de empresas como Camposol, Danper, Agrovisión y otras grandes agroexportadoras. La medida fue respaldada por 43 legisladores que votaron en bloque, liderados por Fuerza Popular y acompañados por bancadas como Acción Popular, APP y Avanza País.
La ley, criticada por debilitar la fiscalización laboral y erosionar la base tributaria, fue aprobada sin consulta al Ministerio de Economía ni a los trabajadores del sector.
La legislatura también culminó sin una solución sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y sin darle luz verde a la nueva Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape). Acción Popular propuso prohibir la ampliación del Reinfo mediante una iniciativa de ley, pero en la Junta de Portavoces otras bancadas se rehusaron a incluirla en la agenda del Pleno.
La semana del Congreso no solo culminó plagada de contrarreformas, dilaciones de temas claves y propuestas pendientes, sino también con una venganza concretada.
El miércoles, el Pleno inhabilitó por tercera vez al expresidente Martín Vizcarra.
Esta vez, Vizcarra fue inhabilitado 10 años de la función pública debido a una denuncia constitucional que pesó en su contra por haber disuelto el Parlamento en setiembre del 2019.
La próxima legislatura, continuará la casería.
El Congreso tiene en la mira a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, a través de un juicio político impulsada por Rospigliosi y otros parlamentarios.
El viernes fue la última sesión ordinaria del Pleno dirigida por Salhuana. Se retiró entre aplausos de sus colegas que conforman la coalición que gobierna el Parlamento, la misma que un día antes le otorgó el voto de confianza al primer ministro Eduardo Arana.
El próximo mes será elegida una nueva Mesa Directiva, quien gane la presidencia, será el último de la era unicameral del Congreso.