“No soy titular ni en petición ni como concesionario en la provincia de Nasca ni el departamento de Ica”, declaró el último miércoles a RPP. Aunque es cierto que no tiene concesiones activas en su provincia, sí presentó dos solicitudes poco antes de ser elegido autoridad por el partido Alianza para el Progreso (APP), del cual es militante vigente.
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El Ministerio de Cultura redujo un 42% del área de la Reserva Arqueológica de Nasca, pero retrocedió días más tarde ante los cuestionamientos por el riesgo de avance de la minería ilegal.
El Comercio encontró que, en setiembre del 2020, Bravo intentó obtener dos concesiones mineras dentro de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa. La primera, en el distrito El Ingenio, tenía una extensión de 200 hectáreas y se denominaba Jhosep I. La segunda, Jhosep II, era de 100 hectáreas y se situaba en Vista Alegre. Ambos petitorios ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) se clasificaban en minería metálica e incluían la participación, en menor porcentaje, de Juan José Junchaya Díaz, quien labora como ingeniero de proyectos en el Gobierno Regional de Ica, y Juan Carlos Bustillos Illantes.
Petitorios mineros para operar en Nasca presentados por el actual alcalde provincial
Petitorios mineros para operar en Nasca presentados por el actual alcalde provincial
Los dos fueron rechazados porque el plano catastral presentado se superponía “de forma total” con la reserva arqueológica. Las resoluciones que confirman la cancelación de los petitorios, de enero y abril del 2021, precisan que “no se puede otorgar derechos para aprovechar recursos mineros” en el área restringida.
“En reiteradas resoluciones, el Consejo de Minería, máxima autoridad minera en sede administrativa, ha confirmado la cancelación de los petitorios mineros superpuestos totalmente al área de reserva arqueológica “Líneas y Geoglifos de Nasca”, señalando que el criterio de respetar al intangibilidad de dicha área se sustenta en las normas que regulan la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación”, justifican los documentos a los que este Diario tuvo acceso.
La reserva arqueológica, establecida en 1993 y con el límite definido en el 2004, tiene una extensión de 5.633,47 km² y comprende 10 distritos de las provincias de Nasca, Palpa e Ica, en la región Ica, y tres distritos de Lucanas, en Ayacucho. Un informe previo de El Comercio evidenció la alta presión minera en la zona pese a su condición de intangibilidad. En los 13 distritos del polígono original existen 728 registros de derechos mineros en trámite y 596 derechos mineros titulados, además de
2.594 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) – el 90% tiene condición suspendida, pero se mantiene dentro del plazo para “regularizar” que otorgó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)–.
MÁS VÍNCULOS CON LA MINERÍA
Bravo es uno de los defensores de la redefinición de los límites de la reserva arqueológica. Días antes de que el Ministerio de Cultura diera marcha atrás a la resolución que reducía en 42% el área protegida, el alcalde provincial aseguraba que el recorte de la poligonal no afectaba “la zona nuclear ni de amortiguamiento” de las Líneas de Nasca. Ante la prensa local de la provincia iqueña, el alcalde declaró que la reducción del área debía complementarse con el plan de gestión de la provincia para determinar “zonas liberadas” para “todo tipo de inversión”. De todas formas, reconoció que existe interés minero informal en la zona.
El polígono intangible original ya sufre la amenaza de la minería ilegal. En los 13 distritos que integran la reserva restaurada hay 728 registros de derechos mineros en trámite.
“Dentro de la poligonal hay muchos Reinfos, hay muchos mineros en proceso de formalización, eso es cierto. No solo en Nasca provincia, la poligonal abarca Ayacucho. […] Con el recorte del parea se busca el saneamiento físico legal de muchas áreas para expansión agrícola”, dijo.
Lo cierto es que la relación de Bravo con la minería se extiende con seis empresas distintas. De cuatro empresas en las que aparece como fundador en Registros Públicos, tres tienen deudas en cobranza coactiva con la Sunat por más de 2 millones de soles: Minería & Tecnología Bravo Empresa Individual De Responsabilidad Limitada-Minería & Tecnología Bravo debe S/1’457.867; Minecom JJ Bravo E.I.R.L., cuyo domicilio fiscal se ubica en Nasca, debe S/123.234, y Mining JJ & G Bravo S.A.C. adeuda S/634.513 al tesoro público.
En el caso de Minería & Tecnología Bravo E.I.R.L. cuenta con tres registros en el Reinfo en condición suspendida, en los distritos de Cañete (Lima), Nasca (Ica) y Caraveli (Arequipa).
No es lo único, otras dos empresas en las que el actual alcalde provincial de Nasca fue gerente cuentan con cinco inscripciones en Reinfo en distritos de Arequipa y Lima. Todas en estado suspendido.
Para Karina Garay, vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI) y extitular de la de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, la relación del alcalde con la minería, una de las actividades directamente favorecidas con el recorte del polígono intangible, implicaría un conflicto de intereses.
“Es cuestionable. El artículo 21 de la Constitución establece que los bienes de Patrimonio cultural son de la nación y protegidos por el Estado. El Estado implica el gobierno nacional y los gobiernos locales. Desde ahí, al dar una opinión favorable estaría favoreciendo a un sector al que pertenece, el sector minero. Además, el artículo 6 de la Ley de Ética de la Función Pública establece que el interés público debe prevalecer al interés privado. El hecho que mantenga vínculos con empresas mineras, o participe de manera directa o indirectamente, representa un favoritismo en la reducción”, dijo a El Comercio.
Este Diario intentó comunicarse con Bravo para consignar sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no fue posible.