La reciente aprobación de la Ley Chlimper 2.0 en el Pleno del Congreso ha generado el rechazo de diversas organizaciones agrarias y de los trabajadores del sector. A través de una carta dirigida a los congresistas, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) exigió el archivamiento definitivo del dictamen de la Comisión Agraria, que aún está pendiente de segunda votación.
En caso de refrendarse la decisión de la máxima instancia del Legislativo en siete días, advirtieron que saldrán a las calles a defender con firmeza sus derechos y los intereses del país. No es la primera vez que lo hacen, en el 2020 expresaron su descontento a través de un Paro Agrario, en el que demandaron la derogatoria del Decreto de Urgencia N° 043-2019, dispositivo que extendió por 10 años los beneficios de la Ley de Promoción Agraria.
“Hicimos un paro agrario en el 2020, en el cual tumbamos la ley N° 27360. Luego, el Congreso aprobó otra norma, que es la N° 3110 y hoy, nuevamente, los empresarios están tratando de impulsar una nueva ley, con la que estamos en total desacuerdo. No vamos a esperar a que la promulguen. Por eso, nos hemos reunido con integrantes de las regiones para ver qué medidas tomamos. Es muy posible que el lunes o martes estemos en las calles, ya que tenemos que defender nuestros derechos”, declaró a este medio Jesús Vilcabana, secretario de organización de Fentagro.
Denuncian complicidad del Ejecutivo y Congreso
Durante una audiencia convocada por la Comisión Agraria del Congreso en Huancayo, se evidenció la complicidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y del Congreso. Tanto el titular del Midagri, Ángel Manero, como el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Eduardo Castillo, defendieron los alcances de la Ley Chlimper 2.0 como promotora de las inversiones.
“En el 2001, cuando se hablaba de la primera ley agraria y se decía que esos beneficios reducirían la recaudación, esta aumentó. Es lo mismo que se pretende hacer ahora. Se buscan atraer inversiones y que estas hagan grande al agro peruano, promoviendo plantaciones, centros de procesamiento y empleo formal. Con ello, la recaudación va a aumentar, tanto en renta como en IGV”, indicó Manero.
Para Vilcabana de Fentagro, el Poder Ejecutivo no observaría la norma en caso la apruebe en segunda votación el Pleno del Congreso. Según el análisis del dirigente, existen una serie de presiones del sector empresarial que busca prorrogar estos beneficios tributarios para empresas que ya vienen gozando de los beneficios de la Ley 31110.
Al respecto, un informe del MEF bajo la gestión de José Arista dio cuenta de esto. Siete grandes compañías agroexportadoras recibirían estos privilegios tributarios: Camposol, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola, Complejo Agroindustrial Beta y Agrovisión Perú.
“Tenemos que decirle a los señores congresistas que asuman su responsabilidad porque ellos están promoviendo y escuchando a los millonarios para que promulguen esta nueva ley. Quedan pocos meses para que se acabe el gobierno y están tratando de favorecer a los empresarios. Mientras tanto, los trabajadores estamos marginados”, agregó Vilcabana.
Ley Chlimper 2.0: alto costo fiscal
El gremio que agrupa a los trabajadores agroindustriales recordó que desde la entrada en vigencia de la Ley Chlimper en el 2000, las empresas dedicadas a la exportación han gozado de privilegios fiscales. Entre el 2011 y 2020, el Estado dejó de percibir cerca de S/2.500 millones debido a la reducción del Impuesto a la Renta al 15%.
Precisamente, en su renovada versión, la propuesta fujimorista busca prorrogar esos beneficios tributarios desde el 2026 hasta el 2035, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió acerca de un impacto fiscal de alrededor de S/1.850 millones anuales y S/20.000 millones en 10 años de implementación de la medida.
“Aunque la verdadera crisis que atraviesa el sector agroexportador se encuentra en los salarios, la inestabilidad laboral, el deterioro de los servicios de salud y las innumerables prácticas antisindicales, el empresariado agrario ha logrado que la Comisión Agraria apruebe el dictamen de una Nueva Ley Agraria”, señalaron desde Fentagro.
Advirtieron también que este dictamen incluye deducciones de hasta el 10% para compras a contribuyentes del nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), un sistema especial de depreciación del 20% del valor de obras de infraestructura de riego e hidráulicas, así como el reintegro tributario del IGV en determinados casos.
A renglón seguido, consideraron que el artículo 5 del texto sustitutorio que lleva por nombre “Seguridad jurídica y garantías de la propiedad agraria”, permitirá que los beneficios fiscales en favor de las empresas agroexportadoras -previstos hasta el año 2036- que firman acuerdos de estabilidad jurídica, se mantendrán inalterables, incluso si la ley fuera derogada. De esta manera, habrá una especie de “candado” para que sus privilegios no sean afectados en que caso de futuras modificaciones legislativas.
“Las grandes empresas agrarias y sus representantes sostienen que estos beneficios tributarios no deberían preocupar a los trabajadores. Para ellos, el trabajador solo debe manifestarse si vulneran algún derecho laboral o si afectan su salario. Sin embargo, lo que no dicen es que somos todos los peruanos, incluidos, en su mayoría, los trabajadores, los que estamos subsidiando a estos grandes capitales con una norma de estas características”, enfatizaron.
Impactos en materia laboral
Además del alto impacto en las arcas públicas advertido por el MEF y el Consejo Fiscal, otro de los puntos críticos es el debilitamiento de la fiscalización laboral. A Fentagro le preocupa la inclusión de dos disposición complementarias finales. La primera de ellas limita el trabajo de Sunafil, para supervisar las condiciones de trabajo en grandes empresas, priorizando a las informales.
“Esta limitación es un incentivo sumamente peligroso a la impunidad, más aún en sector agrario que, como se expuso, se concentra en grandes empresas formales; factor al que se agrega la baja tasa de afiliación sindical. De este modo, en grandes fundos o plantas en las que no hay presencial sindical, donde es posible que los trabajadores teman denunciar los abusos que padecen, ahora tendrán a una entidad fiscalizadora “atada de pies y manos”, explicaron.
En segundo lugar, Fentagro llama la atención sobre quinta disposición complementaria final que establece que, sobre la base de un incentivo a la digitalización, “el empleador puede emitir y notificar a los trabajadores del sector los contratos de trabajos suscritos, boletas de pago, reglamentos, instructivos, comunicaciones, constancias, etc.
Y es que, en un contexto en el que los trabajadores cuentan con reducidas competencias digitales, dicha regulación abriría las puertas a situaciones de engaño y abuso. Ante estas disposiciones contenidas en el dictamen de la Ley Chlimper 2.0, los trabajadores se mantienen alertas para rechazar en las calles estos privilegios fiscales, que además mantienen un régimen laboral explotador y discriminatorio.