Ollanta Humala | Nadine Heredia | Equipo

La fiscal provincial Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, presentó su acusación contra el expresidente (2011-2016), la ex primera dama y el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Para Humala Tasso y Heredia Alarcón se ha solicitado 35 años de prisión, mientras que para Castilla Rubio, 29 años por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

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Héctor Villalobos

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Asimismo, formuló acusación contra 19 personas naturales con penas que van desde los 9 a 35 años de prisión; así como contra Enagas Internacional SLU como persona jurídica, para la que se ha solicitado consecuencias accesorias.

De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos ilícitos fueron cometidos en torno a los proyectos Gasoducto Andino del Sur (etapa de ejecución), y Gaseoducto Sur Peruano (adjudicación), del 2011 al 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala.

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En ese contexto, se habría favorecido a las empresas brasileñas (Odebrecht y otras) y nacionales en los procesos de contratación pública. Para ello, se habrían efectuado pagos ilícitos en el proceso de licitación del Gasoducto Sur Peruano.

Documento enviado por la fiscal Geovana Mori sobre la acusación que presentó contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Documento enviado por la fiscal Geovana Mori sobre la acusación que presentó contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Cabe indicar que esta acusación constituye la número 26 presentada por el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial para el respectivo control de acusación, etapa donde se revisará el requerimiento acusatorio.

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Como se recuerda, Ollanta Humala cumple una condena de 15 años de prisión efectiva en el penal Barbadillo de Ate, tras ser sentenciado por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional por el delito de lavado de activos.

La misma condena se dictó contra Nadine Heredia por el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista, durante las campañas del 2006 y 2011. La sentencia vencerá el 28 de julio del 2039 y ambos deberán pagar S/10 millones de reparación civil.

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Al no estar presente en la audiencia, el juzgado emitió orden de captura contra la ex primera dama, quien el mismo día de la lectura de sentencia solicitó asilo diplomático a Brasil, país que se lo concedió en unas horas.

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