La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por presuntamente haber propuesto y designado a María del Carmen Olórtegui Risco como funcionaria de la institución en La Libertad sin que cumpla con los requisitos legales.
El Ministerio Público informó que Gutiérrez Cóndor habría cometido el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo en agravio del Estado.
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Según detallan, el defensor del Pueblo con el apoyo de funcionarios administrativos de su institución “propuso y designó” a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II en la región La Libertad.
Según la denuncia constitucional, el defensor del Pueblo la nombró a sabiendas que “no cumplía con los requisitos legales exigidos en el Manual del Clasificador de Cargos de dicha entidad”.
Además, el Ministerio Público dispuso remitir copias de la carpeta fiscal de la investigación seguida contra Olórtegui Risco, por el presunto delito de aceptación ilegal del cargo.
Cuando Olórtegui fue nombrada, en noviembre del 2024, militaba en Alianza para el Progreso (APP), cuyo líder es César Acuña, justamente gobernador regional de La Libertad.
Esta es la resolución firmada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, nombrando a María del Carmen Olórtegui Risco en el cargo de confianza de jefa de la Oficina Defensorial II de la Libertad, a partir del 18 de noviembre del 2024.
Actualmente, en Infogob del JNE figura su renuncia varios meses después de su designación: el 5 de marzo del 2025.
Cuando Olórtegui fue nombrada en un cargo en la defensoría era militante de Alianza para el Progreso.
En marzo, Perú21 difundió las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República de fines de febrero de este año, en el que se observó la contratación de María del Carmen Olórtegui como jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad.
Según la entidad, tanto ella como Juan José Canales Durand en el puesto de jefe de Gabinete de la Defensoría, fueron contratados a pesar que no se acreditó que cumplían con los requisitos para sus respectivos cargos.
La Contraloría advirtió que ambos mantuvieron su afiliación política al partido Alianza Para el Progreso (APP) durante el ejercicio de sus funciones, contraviniendo la necesidad de neutralidad de los servidores públicos.