Susana Villarán | Cerca de 500 testigos serán

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, pide 29 años de prisión como condena para la extitular de la Municipalidad de Lima (2011-2014). Es acusada de liderar una organización criminal que lavó más de US$ 11 millonesde las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero, mediante sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014).

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La tesis fiscal también apunta a que esos aportes fueron parte de un acuerdo ilícito para que las constructoras sean favorecidas desde la Municipalidad de Lima. De allí la complejidad del caso: aborda la formación de una presunta red criminal, sus actos de lavado de dinero mediante las donaciones, simulaciones de aportes de campaña y presuntos pactos ilícitos de corrupción entre las constructoras y funcionarios municipales detrás de la firma de adendas.

Así, junto a la exalcaldesa hay otros 20 acusados. Entre estos figuran exfuncionarios municipales como José Miguel Castro, Gabriel Prado, Domingo Arzubialde y Marco Antonio Zevallos; o Leo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña OAS.

La defensa de Susana Villarán, pese a haber admitido públicamente los aportes hace ya seis años, se centra en negar que ellos hayan implicado un delito. La postura de reconocer los aportes y rechazar que ello haya sido ilícito se mantiene hasta ahora.

“La señora Villaran declaró públicamente en mayo del 2019 que aceptó aportes de campaña de dos personas jurídicas de Brasil (OAS y Odebrecht), y también fue clara en señalar que esos aportes fueron para un proceso electoral, nunca fueron aportes para ella. Además, que los mismos en absoluto estuvieron ligados o supeditados a algún acto de corrupción”, dijo a El Comercio la abogada de la exalcaldesa, Merly Edquen.

“Nuestra postura es la misma de siempre, no ha variado. Estamos a disposición de lo que decidan las autoridades judiciales y fiscales. Siempre respetuosos de las decisiones que se ajusten a derecho. Somos conscientes de que la mejor manera de aclarar cada una de las imputaciones del Ministerio Público es a través de un juicio público e imparcial, donde mi patrocinada sea escuchada y los testigos sean interrogados”, agregó.

Ante la acusación fiscal y la postura de la defensa, serán los jueces quien determinarán si Susana Villarán es culpable y, de ser el caso, qué pena le imponen.

Personas jurídicas (empresas y asociaciones) implicadas

Exfuncionarios, empresarios, artistas y aportantes

El Comercio revisó el auto de citación a juicio y el auto de enjuiciamiento del caso de la exalcaldesa, los documentos que sirven como base para el juzgamiento. En el primero, el juzgado ordena “emplazar” a todos los testigos que serán citados a lo largo del juicio, comenzando con los de la fiscalía, que ofreció a 378. La procuraduría ofreció a 159, pero casi todos ellos ya están en la lista del Ministerio Público, a excepción de cinco. Así, los dos partes acusadoras tendrán en total a 383 testigos.

En esa lista destacan representantes de las empresas Odebrecht y OAS, exfuncionarios de la Municipalidad de Lima ligados a la gestión de Susana Villarán, además de otros políticos, exfuncionarios y empresarios; junto a una larga lista de aportantes y falsos aportantes a las campañas. Ellos no están acusados o procesados por este caso: su participación será solo como testigos.

Allí figuran la exministra Anel Townsend como exvocera de la campaña del No a la Revocatoria; el exviceministro Gustavo Guerra García como expresidente de Invermet y Protransporte; María Jara como exgerente de Transportes Urbano de la Municipalidad de Lima; o Giselle Zegarra como exgerenta de Promoción de la Inversión Privada.

También están otros políticos como el exalcalde de La Victoria George Forsyth o Lourdes Flores Nano, excandidata a la alcaldía que enfrentó a Susana Villarán ; los exregidores Marisa Glave, Augusto Rey, Eduardo Zegarra y Hernán Núñez y los exministros Salomón Lerner y María Antonieta Alva como aportantes a la campaña.

Adicionalmente, serán citados artistas como los actores Jason Day, Chistian Thorsen y Mónica Sánchez, los músicos Julio Andrade, Susana Baca y Amanda Portales, o el escritor Alonso Cueto, quien fueron rostros de la campaña conta la revocatoria.

Luego están los testigos extranjeros. Allí destacan exejecutivos de Odebrecht como Jorge Barata, Ricardo Boleira, Raymundo Trindade, Raúl Ribeiro, Fernando Migliaccio y Luiz da Rocha; los publicistas Felipe Belisario Wermus (mejor conocido como Luis Favre) y Joao Santana; o Valfredo de Assis, exgerente de OAS.

Los más probable es que, por las trabas que ha impuesto un sector de la Corte Suprema de Brasil, ligado al gobierno de Lula da Silva, a la colaboración con Perú para el caso Odebrecht, estos testigos no puedan declarar directamente en el juicio. En ese escenario, la fiscalía optará por leer sus declaraciones previas, lo que ya ocurrió en los juicios que acabaron en condenas, como los de Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

Al respecto, la defensa de Susana Villarán dijo que esperan que “la suspensión de la cooperación internacional (con Brasil) no sea un obstáculo para que los testigos puedan rendir su testimonio en juicio y, como defensa poder contra interrogarlos”.

“Esperamos que esta suspensión de la cooperación sea temporal, como ya se ha manifestado en extenso, y [que] la Fiscalía responda prontamente a las irregularidades que se les imputa en el trámite de esta cooperación internacional. Eso sí es urgente, el plazo de 90 días corre para que el Equipo Especial responda oportunamente por intermedio de las autoridades competentes y absuelva y resuelva ese impasse”.

De las 21 personas naturales, 9 personas jurídicas y 16 incluidos como terceros civiles (solo para que se les cobre una futura reparación civil), ocho defensas presentaron sus propias listas de testigos.

La más amplia es la de la principal acusada, Susana Villarán, con 165 nombres. De estos, 88 se repiten con los testigos de la fiscalía, por lo que solo representan 77 testigos nuevos. Entre los testigos solo citados por la defensa de la exalcaldesa figuran como el del jurista y exregidor Fernán Altuve, la abogada Pilar Freitas y los empresarios José y Hernando Graña, exdirectivos de la constructora Graña y Montero y colaboradores eficaces del Ministerio Público.

En las listas de testigos presentados por otras siete partes (los acusados Jorge Torres Padilla y Freddy Chirinos, y las empresas Ogilvy & Mather, Mindshare Perú, Chisac y J. Walter Thompson Per), solo hay 16 nombres nuevos. Así, sumados todos los testigos, son un total de 484 las personas que serán citadas para declarar en el juicio.

Las partes que no hayan ofrecido a los testigos como suyos podrán contrainterrogarlos. Además, los jueces también podrán hacer preguntas complementarias.

Luego está la prueba documental. Del auto de enjuiciamiento del caso se desprende que solo de parte del Ministerio Público hay 608 pruebas documentales de la carpeta principal, más 769 de las carpetas fiscales acumuladas y de sus respectivos anexos, para un total de 1377 pruebas de este tipo.

A lo largo del juicio, la fiscalía, la procuraduría y las defensas puedan optar por prescindir por algunos de sus testigos o de sus documentales. Pero en principio, el juzgado se apresta a evaluar toda la evidencia.

Piden adelantar la fecha

La investigación a Susana Villarán por este caso se remonta al 2017 y fue asumida por el fiscal José Domingo Pérez en agosto del 2020. Dos año después, el fiscal terminó la indagación y presentó la acusación contra la exalcaldesa.

Luego de un largo proceso de control juidicial, el caso quedó listo para ir a juicio a inicios de mayo. Luego, el juzgado colegiado finalmente programó el inicio del juzgamiento, pero con fecha para el 23 de septiembre del 2025. Es decir, de aquí a cuatro meses.

El juzgado justificó su decisión al notar que hay dos acusados que residen en el extranjero: el peruano Mario Ruas Nogueira (México) y el brasileño José Adelmário ‘Leo’ Pinheiro (Brasil), expresidente de la constructora OAS. Por lo tanto, la notificación del inicio del juicio se debe tramitar a través de solicitudes de cooperación internacional, lo que “conforme a procedimientos similares en otros juicios orales, requiere un plazo de cuatro meses aproximadamente”.

Ante esta decisión el fiscal José Domingo Pérez envió un escrito al juzgado para solicitar que se adelante la fecha del inicio del juicio. Para ello, citó una sentencia del Tribunal Constitucional, vinculada al caso del peaje en Puente Piedra, en que exhorta al Poder Judicial y al Ministerio Público a “resolver con celeridad” los procesos que implican a exfuncionarios de la Municipalidad de Lima vinculados a la firma de adendas de contratos.

En diálogo con El Comercio, el fiscal Pérez consideró que el trámite para notificar a los acusados en el extranjero podría resolverse en solo dos meses, con lo que el inicio del juicio podría adelantarse a julio.

“Entiendo el tema de la carga procesal (del juzgado), que tienen que hacer todo el aspecto formal para las notificaciones, pero cuatro meses es un tiempo muy excesivo, teniendo la experiencia anterior y de los demás procesos que hemos estado llevando en juzgamiento” dijo.

Sobre este aspecto, la abogada de Susana Villarán dijo a El Comercio que al exalcaldesa y su defensa comparten “la preocupación de un juicio célere”, pero que respetan lo que decida el juzgado.

“El colegiado ya ha manifestado la fecha de inicio de juicio y también los motivos del porqué se inicie en la fecha indicada. Tanto Ministerio Público, Procuraduría y defensas estamos supeditados a las decisiones del colegiado. Nosotros, las partes, somos los que estamos a disposición de las decisiones adoptadas por el Colegiado, y no al revés”.

El penalista Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, opinó que el pedido de la fiscalía es “atendible siempre y cuando las diligencias de cooperación judicial internacional se lleven a cabo de manera correcta”.

“De nada sirve adelantar el juicio si luego uno de los acusados termina diciéndote que no ha sido debidamente notificado”, comentó a este Diario. “No creo esto que dependa exclusivamente del colegiado, sino que va a depender de cómo está el trámite de la notificación internacional”.

Más allá de si se logra adelantar la fecha de inicio, todo apunta a que el juzgamiento será largo, incluso con una complejidad mayor a la del juicio de Ollanta Humala, que duró más de tres meses. Esto debido a que hay un número mayor de procesados y de delitos.

José Domingo Pérez señaló que la rapidez con la que avance el juicio dependerá de que se realicen audiencias más de una vez por semana. “Si se fijan sesiones de lunes a viernes, esto puede acabar en menos de un año. Si se fijan sesiones tres veces a la semana, estaríamos hablando de un año y y algunos meses más”, comentó.

El magistrado agregó que lo usual es que, debido a la alta carga de casos que manejan, los jueces solo realicen una audiencia por semana. En contraste, el juicio de Alejandro Toledo se realizó con audiencias diarias de lunes a viernes, lo que permitió que termine en solo un año.

Para el fiscal, la clave es que las autoridades del Poder Judicial le den al colegiado la logística y se les reduzca la carga para que estas audiencias se puedan realizar de forma más seguida.

“Se demuestra de que, si los jueces reciben el apoyo de la parte administrativa, con personal, con la descarga procesal que ellos necesitan, un juzgamiento se puede llevar en un año”, comentó. “Hay que tener en cuenta esta sentencia del TC que exhorta tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público a que den una debida atención a este caso, que tiene interés social”.

Gilmar Andía consideró que la rapidez con la que avance el juicio también responderá al manejo que haga el juzgado de las audiencias. “Va a depender de qué tan ágil sea la sala para manejar el litigio. Son 21 acusados. Eso quiere decir que hay 21 abogados que pueden hacer preguntas a cada uno de los testigos, además de las preguntas que haga el Ministerio Público. No todos hacen preguntas, pero imaginemos que lo haga la mitad. Estaríamos hablando que, con cada testigo estaríamos una hora y media, hasta horas por testigo”.

Por ello, consideró que será clave que el juez al que se encargue dirigir el juicio sea “bastante técnico, que ponga las pautas claras a los abogados para que no estén haciendo preguntas repetitivas, preguntas impertinentes, que sea inteligente para resolver las objeciones. Eso lleva a hacer un juicio ágil. Cuando las partes tienen la cosas claras, el juicio fluye”.