La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó los dos informes finales que recomiendan acusar constitucionalmente a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. Ambas iniciativas serán elevadas al Pleno para su respectivo debate y votación, lo que podría dar paso a inhabilitaciones y sanciones políticas.
En el caso de Chávez, el informe fue aprobado con 21 votos a favor y 2 en contra. El documento plantea acusarla por los presuntos delitos de negociación incompatibles y tráfico de influencias. La denuncia está vinculada a las presuntas irregularidades ocurridas durante su gestión como ministra de Cultura y luego como representante del Consejo de Ministros. La congresista María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue quien sustentó el informe.
Mientras tanto, el informe contra Geiner Alvarado, que fue aprobado con 24 votos a favor y 1 en contra, lo acusa de infringir el artículo 39 de la Constitución al autorizar el Decreto de Urgencia 102-2021 cuando ejercía como ministro de Vivienda, ya que se cuestionó la rapidez con la que se elaboró, además de favorecer a determinados gobiernos locales de forma irregular vinculados al entorno del expresidente Castillo. La acusación contra Alvarado propone una sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública.
Bettsy Chávez es acusada por presunto tráfico de influencias
El informe contra Bettsy Chávez fue sustentada por la congresista María Acuña Peralta, luego que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra la exministra por la supuesta contratación directa de personas cercanas a ella en su despacho parlamentario y en gestionar favores a allegados en entidades públicas durante su gestión ministerial. Las contrataciones por las cuales es señalada son las de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermanos de Abel Antonio Sotelo Villa, expareja de Chávez.
Además, se le atribuye haber intervenido directamente ante el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado y César Paniagua para lograr la contratación de Antonio Sotelo Calderón, padre de la expareja de Bettsy Chávez, en el puesto de jefe de la Oficina de Tacna del Organizamos de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), lo cual fue corroborado por Salatiel Marrufo, exfuncionario del Ministerio de Vivienda.
La Comisión Permanente designó a los legisladores Esdras Medina y María Acuña como integrantes de la subcomisión acusadora, y deberán encargarse de la sustentación del informe aprobado y formular la acusación ante el Pleno del Congreso. El documento demanda el levantamiento del antejuicio político de Chávez, a fin de permitir el procesamiento penal correspondiente.
Geiner Alvarado podría enfrentar una inhabilitación de 10 años
Por su parte, el informe contra Geiner Alvarado lo acusa de infringir el artículo 39 de la Constitución al aprobar el Decreto de Urgencia 102-2021 que, según el documento, habría beneficiado intereses propios o de terceros, vulnerando su deber de actuar al servicio del Estado y no de intereses particulares.
La SAC propone su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Durante la sesión se informó que Alvarado fue debidamente notificado, pero no presentó sus descargos ni justificó su inasistencia a la comisión, por lo que esta se consideró como injustificada conforme al Reglamento del Congreso. Se designó a los congresistas María Acuña y Víctor Flores como miembros de la Subcomisión Acusadora, y se encargarán de sustentar el informe ante el Pleno.