A solo cuatro días del inicio de la llamada marcha blanca en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el sistema de control migratorio encendió su primera señal. El 19 de mayo, Migraciones del Perú comunicó que una ciudadana peruana requisitoriada fue detectada por los inspectores durante su ingreso al país en un vuelo procedente de República Dominicana. El control fue ejecutado en medio de la fase de pruebas del nuevo terminal aéreo, en la que participan cinco aerolíneas internacionales y un número limitado de operaciones.
La pasajera, identificada con las iniciales Z.C.L.W y de 24 años de edad, fue intervenida por el personal de Migraciones y puesta a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP). El hecho ocurrió durante las verificaciones de rutina que realiza el sistema migratorio, el cual evalúa tanto la autenticidad de los documentos de viaje como la existencia de alertas nacionales e internacionales.
La detención llega en medio de cuestionamientos públicos sobre las condiciones en las que operan los distintos cuerpos de seguridad dentro del aeropuerto. El congresista Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, cuestionó duramente las falencias estructurales que enfrenta la Policía Nacional en este nuevo espacio, particularmente la unidad encargada de combatir el tráfico ilícito de drogas.
“No le toman importancia a los departamentos Antidrogas dentro del diseño de los planes que hay en los puertos y aeropuertos. Eso es grave”, declaró Azurín en entrevista con Exitosa Noticias.
La intervención realizada por Migraciones sirvió también como telón de fondo para una crítica más amplia sobre la operatividad de la PNP en las nuevas instalaciones del aeropuerto. Según Azurín, los agentes de unidades especializadas como Requisitorias, Policía Fiscal y Extranjería enfrentan dificultades logísticas por la falta de espacios adecuados para calabozos, oficinas operativas, almacenamiento de evidencias y material de seguridad.
Desde febrero, el legislador venía alertando sobre las deficiencias encontradas en las visitas técnicas realizadas a la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en el nuevo terminal. Aunque LAP —concesionaria encargada del aeropuerto— fue notificada, las observaciones no han sido corregidas.
Mientras se cuestiona el estado de la seguridad policial, Migraciones avanza con la implementación de un sistema automatizado de control fronterizo. A partir del 1 de junio, los pasajeros nacionales y extranjeros residentes podrán realizar un prerregistro migratorio mediante la plataforma Migracheck, diseñada para agilizar el paso por las puertas electrónicas o e-gates del aeropuerto.
La Superintendencia Nacional de Migraciones explicó que esta herramienta permite a los viajeros completar un prerregistro hasta 48 horas antes de su vuelo internacional, con el fin de reducir el tiempo de espera en el terminal. Los datos ingresados por los usuarios serán verificados automáticamente con alertas de entidades como Interpol, Requisitorias y la Alianza del Pacífico.
La medida busca descongestionar los módulos convencionales y facilitar el ingreso de pasajeros adultos con carné de extranjería vigente y pasaporte electrónico. No obstante, el sistema no está habilitado para menores de edad ni para extranjeros no residentes, quienes deberán continuar con el procedimiento habitual, incluyendo la validación de permisos notariales o consulares.
La marcha blanca, iniciada oficialmente el 15 de mayo, sirve como ensayo general antes de que el nuevo aeropuerto empiece operaciones completas el 1 de junio. Durante esta fase, las autoridades buscan evaluar cada parte del proceso: desde la llegada de los pasajeros y el control migratorio hasta la capacidad de respuesta de los equipos de seguridad.
La detención de la joven requisitoriada durante esta etapa evidencia que algunos sistemas ya están operativos. Sin embargo, también deja al descubierto las limitaciones que enfrenta el personal policial, cuyas condiciones de trabajo no han sido adaptadas al tamaño ni a las exigencias del nuevo entorno.
Mientras Migraciones promociona su nueva plataforma tecnológica como una herramienta para modernizar los controles fronterizos, las declaraciones del congresista Azurín vuelven a poner el foco en la necesidad de asegurar que cada unidad del aeropuerto —tecnológica o humana— esté en condiciones de cumplir su función.
Con el cierre inminente del antiguo terminal, sus instalaciones no quedarán en desuso. Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), ha anunciado que se desarrollarán planes para maximizar el uso de su infraestructura. Áreas como la terminal de aeronaves seguirán siendo utilizadas para mantenimiento y para aviones que requieran estacionamiento prolongado.
Además, se están explorando usos alternativos para las instalaciones sobrantes, utilizando los espacios para oficinas logísticas, centros comerciales, instalaciones médicas e incluso áreas educativas. Un aspecto destacado es la propuesta de convertirlo en un hub logístico, especialmente con el interés mostrado por algunas grandes corporaciones chinas.