La Comisión de Ética Parlamentaria concluyó que existen pruebas suficientes para sancionar a la congresista María Agüero, de la bancada Perú Libre, por el recorte sistemático del 10% del sueldo a 14 trabajadores de su despacho. Por este motivo, aprobó recomendar al pleno del Congreso suspenderla por 120 días, la máxima sanción que puede solicitar.
Según el informe final al que accedió El Comercio, la comisión verificó que el dinero era recolectado por dos excolaboradores cercanos a Agüero: César de la Cruz Canales y Edson Flores Valencia, quienes actuaban bajo instrucciones directas de la congresista.
Ambos ex asesores parlamentarios recibieron prisión preventiva por 18 meses en noviembre pasado, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en paralelo a las acciones del Congreso.
Entre junio de 2022 y mayo de 2023, De la Cruz habría recaudado cobros indebidos por S/ 27.100 mediante transferencias bancarias, y S/ 64.250 mediante depósitos en efectivo, según destaca el informe final, que cita como fuente al Ministerio Público.
Pese a las evidencias, la bancada de Perú Libre intentó frenar el proceso este lunes 19. La congresista Kelly Portalatino planteó una cuestión previa para que el caso sea reevaluado por la comisión. Sin embargo, la maniobra fue rechazada por mayoría: obtuvo ocho votos en contra y apenas tres a favor.
Finalmente, la recomendación de suspensión contra Agüero fue aprobada con nueve votos a favor y tres en contra. Se opusieron únicamente los legisladores Kelly Portalatino, María Taipe (ambas de Perú Libre) y Elvis Vergara (Acción Popular).
Bajo el disfraz de “apoyo partidario”
El legislador Alex Paredes (Bloque Magisterial) preside la Comisión de Ética. El grupo tiene antecedentes de blindaje, pero esta vez aprobó apuntar solicitar la suspensión de Aguero.
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De acuerdo con las investigaciones, los cómplices de Agüero señalaban que el dinero era una contribución para cubrir supuestos “gastos logísticos del despacho” o como “apoyo partidario”. Sin embargo, la Comisión de Ética verificó que los montos no ingresaban a las cuentas oficiales del partido Perú Libre, y que la congresista no tenía autorización para solicitar ni canalizar esas contribuciones.
Según testimonios recogidos por la comisión y el Ministerio Público, fue De la Cruz quien convocó a una reunión en la que se informó a los trabajadores que debían entregar el 10 % de sus remuneraciones (salarios y bonos).
La extrabajadora parlamentaria Esther Vásquez Macedo relató ante la Fiscalía que, pocos días después de haber iniciado funciones, De la Cruz reunió a varios empleados del despacho de Agüero para informarles que se debían cubrir gastos logísticos.
“A los pocos días que ingresé a trabajar, César convocó a una reunión a Richard, Joyce, Bertha y a mí, manifestándonos que se tenían que hacer gastos logísticos internos dentro del despacho y que para solventar esos gastos, cada uno debía dar un aporte de dinero, propuesta que no fue cuestionada. Sin embargo, se discutió cómo se entregaría el dinero y el monto, desde propuestas todos por igual hasta proporcional a cuanto ganaba cada uno”, relató Vásquez ante el Ministerio Público en enero pasado. Su testimonio fue considerado en el informe final de la Comisión de Ética.
“Hubo propuestas del 20%, 15% y 5% del sueldo, pero César señaló que podía ser un punto medio, acordándose que sería el 10%”
Esther Vásquez, ex trabajadora de Agüero en el Congreso.
Además, la versión de Vásquez fue corroborada por otros trabajadores como Bertha De Souza, Richard Medina, Nathaly Hernández y Sergio Carrasco.
“Cuando era la fecha de pago, aproximadamente el día 20 de cada mes, César de la Cruz nos cobraba el 10% de los ingresos por concepto de apoyo partidario”, dijo De Souza al Ministerio Público en febrero pasado, de acuerdo con el informe final elaborado por la Comisión de Ética.
“Los depósitos a César de la Cruz se hacían porque era orden de la congresista; porque él era su hombre de confianza”.
Bertha de Souza, ex trabajadora de Agüero en el Congreso.
El dinero era transferido a cuentas personales
Uno de los elementos clave en el caso es la existencia de transferencias bancarias realizadas directamente a las cuentas de César De la Cruz.
Richard Medina Villagómez, extrabajador del despacho de Agüero, transfirió S/ 8,617 a una cuenta del BBVA perteneciente a De la Cruz, según documentación corroborada por la Comisión de Ética.
Un reportaje televisivo de “Punto Final” difundido en agosto de 2024 reveló esta situación y sirvió de base para que la Comisión de Ética iniciara una investigación formal. El Ministerio Público también abrió una carpeta fiscal (Caso 197-2023) en la que varios extrabajadores brindaron su testimonio.
Agüero tenía pleno conocimiento
La comisión concluyó que María Agüero no solo conocía el recorte a sus trabajadores, sino que lo dispuso personalmente. Diversos testimonios apuntan a ello, como el de Richard Medina, quien señaló: “La congresista indicó que César De la Cruz sea el encargado de recaudar el dinero”.
También destaca la declaración de la ex trabajadora parlamentaria Bertha De Souza, quien señaló que los aportes se entregaban a De la Cruz porque “era orden de la congresista”.
Esther Vásquez, por su parte, relató que tras recibir su sueldo, De la Cruz le recordaba que debía entregar el 10% acordado.
Además, se determinó que existía un vínculo de absoluta confianza entre la congresista y sus colaboradores encargados de recaudar el dinero. Testimonios como el de Teresa Apaza, Karlos Held y Joyce Mejía coincidieron en señalar que César de la Cruz era el canal habitual mediante el cual la parlamentaria transmitía sus disposiciones.
No eran aportes partidarios legítimos
Otro punto clave del informe es la aclaración sobre la naturaleza de los fondos recaudados. Aunque algunos trabajadores señalaron que les informaron que los aportes eran para el partido Perú Libre, la tesorera titular de esa organización, Ofelia Ríos Pacheco, declaró que ni Agüero ni De la Cruz ni Flores estaban autorizados para recibir aportes.
“La única persona autorizada para recibir aportes es la tesorera nacional, y los mismos deben hacerse por planilla y ser depositados en la cuenta del partido en la Caja Huancayo”, precisó Ríos ante el Ministerio Público.
Según los estatutos de Perú Libre, los aportes partidarios deben ser del 5% y descontarse de manera formal, no en efectivo ni mediante transferencias a cuentas personales.
Además, la Comisión de Ética solicitó información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para verificar si los montos recortados a los trabajadores fueron registrados como aportes partidarios. Sin embargo, según el informe final, la ONPE respondió que ninguno de los implicados figura como aportante privado de Perú Libre.
Por tanto, la comisión determinó que el argumento del “apoyo partidario” no se sostiene y que la justificación presentada por Agüero ante los medios de comunicación y en sus descargos escritos carece de verosimilitud.
Descargos de la congresista: una estrategia de negación
En sus descargos presentados el 27 de noviembre de 2024, la congresista negó haber ordenado cualquier tipo de recorte salarial. Atribuyó las acusaciones a una campaña de desprestigio mediático basada en testimonios de exempleados con presunto “resentimiento”.
También afirmó que las transferencias que se muestran en los reportajes “no la involucran” y que no existe ninguna “ruta del dinero” que la relacione con los aportes. Sostuvo que demostrará su inocencia en la investigación fiscal en curso.
Sin embargo, para la Comisión de Ética, sus declaraciones a la prensa como “a mí nadie me transfiere nada” o “yo no recibo nada, a mi cuenta no entra nada”, no son creíbles frente a la contundencia de los testimonios y la documentación bancaria que obra en el expediente.
Afectación a la imagen del Congreso
El comportamiento de la congresista María Agüero fue calificado por la comisión como una infracción ética grave, que vulnera principios fundamentales como la honradez, veracidad, integridad, respeto y responsabilidad.
Además, se remarcó que esta conducta ha causado un perjuicio directo a la imagen institucional del Congreso de la República. La indignación ciudadana y el rechazo mediático que generó el caso conocido como “la congresista del 10%” fueron mencionados como factores que agudizan el descrédito del Parlamento.
Incluso se recordó que el Ministerio Público realizó el 5 de noviembre de 2024 un operativo de allanamiento en oficinas e inmuebles de Lima y Arequipa vinculados a la legisladora, como parte de las diligencias preliminares de la investigación penal.
Próximo paso: decisión en el pleno
La decisión final queda ahora en manos del pleno del Congreso, que deberá votar esta recomendación.
Este caso representa uno de los episodios más emblemáticos del denominado “mochasueldo”. Otro fue el de María Cordero Jon Tay (ex Fuerza Popular), quien finalmente fue suspendida de sus funciones.
No obstante, la Comisión de Ética ha blindado a otros legisladores denunciados también por ‘mochasueldos’, como Edgar Tello (Podemos Perú), Rosío Torres, Magaly Ruiz (ambas de Alianza para el Progreso) y otros, quienes han recibido sanciones menores, como multas y amonestaciones públicas.