En setiembre del 2024, dos meses después de asumir sus funciones, la Mesa Directiva del Congreso que preside Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) aprobó el Acuerdo 028-2024-2025/MESA-CR, que dispuso la creación de un nuevo cargo para su personal de confianza y el de las bancadas con más de 11 integrantes: el jefe de gabinete de asesores.
El nivel remunerativo elegido para el puesto es el SP-12, el más alto asignado a un asesor del Congreso hasta la fecha, que implica un salario de S/19.300 al mes. El cargo es ocupado por excongresistas y personajes con estrechos vínculos políticos con las bancadas, con denuncias públicas e incluso involucrados en casos judiciales como el de Los Dinámicos del Centro.
Hasta la fecha hay nueve personas designadas en esa función en los despachos autorizados: en la presidencia, a cargo de Salhuana (APP); en la Primera Vicepresidencia de Patricia Juárez (Fuerza Popular); en la Segunda Vicepresidencia de Waldemar Cerrón (Perú Libre); en la Tercera Vicepresidencia de Alejandro Cavero (Avanza País); así como en las cinco bancadas que tienen por lo menos once congresistas. Entre ellas están las que integran la Mesa Directiva –a excepción de Avanza País–, Podemos Perú y Renovación Popular.
Modificaciones
Hasta antes del acuerdo 028, la mayor remuneración en los equipos técnicos de las bancadas y de la Mesa Directiva era el SP-10, equivalente a un salario promedio de S/15.000. El nuevo cargo de jefe de gabinete está dos niveles por encima. Con los nueve designados en dicha función, el Congreso desembolsa más de S/170.000 al mes, lo que equivaldría a más de S/2’000.000 al año.
Además, si bien no incrementó la cantidad de su personal, la Mesa Directiva hizo más cambios en la estructura interna de sus equipos, elevando la jerarquía de otros dos asesores de la presidencia al nivel SP-11, con un sueldo promedio de S/19.000; y de un asesor en las vicepresidencias a esa misma escala. Esta decisión ha implicado un incremento mensual de por lo menos S/37.500 en la planilla.
El acuerdo no cuenta con un estudio técnico previo que evalúe la necesidad o impacto de estas modificaciones. Tampoco se ha publicado un informe de impacto presupuestal ni el sustento para la variación de las escalas salariales dentro de los equipos técnicos.
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Los jefes
Salhuana eligió jefa de gabinete de su personal a la abogada Saby Meza Malqui, con quien meses atrás fue implicado en una denuncia de la Procuraduría General de Estado por presuntamente haber intercedido a favor de un empresario minero ante el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el proceso de inscripción del polémico Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La primera vicepresidenta Patricia Juárez nombró a la exlegisladora fujimorista Martha Chávez, quien antes también ha laborado en el Parlamento.
El segundo vicepresidente Waldemar Cerrón designó al abogado Loly Herrera Lavado, gerente general de la segunda gestión de Vladimir Cerrón en el Gobierno Regional de Junín y abogado de su madre, Bertha Rojas. Además, en el gobierno de Pedro Castillo fue secretario general del Minem y del Ministerio de Salud.
El tercer vicepresidente Alejandro Cavero eligió a la abogada Marissa Palomino Bonilla, cuyo hermano estuvo ligado al caso de aportantes falsos de Fuerza Popular cuando ella era personera legal del partido.
En las bancadas, sus voceros designan a los jefes de gabinete.
En APP fue nombrado el abogado Iván Arturo Vega Alferoff, aportante al partido que lidera César Acuña. Este Diario se comunicó con el anexo de la bancada en el Congreso, pero cortaron el teléfono tras consultarles del tema.
En Fuerza Popular se designó al subsecretario general del partido y excongresista fujimorista Miguel Torres Morales. Su vocero Arturo Alegría respaldó el acuerdo. Recalcó que el aumento del sueldo responde “a las capacidades” del personal.
“Fuerza Popular está sumamente contento con el personal que se ha designado. Las bancadas saben que siempre ponemos en los cargos de confianza a personal con las capacidades más grandes que tiene este Parlamento”.
En Perú Libre, la designación recayó en Clever Untiveros Lazo, exgerente general del GORE de Junín y allegado de Vladimir Cerrón. Untiveros fue implicado en el Caso Los Dinámicos del Centro, la presunta red criminal enquistada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín que se habría dedicado al tráfico de licencias de conducir. Un colaborador eficaz lo señaló de haber destinado el dinero recolectado para financiar la campaña de Perú Libre.
Pese a los cuestionamientos, el portavoz de la bancada Flavio Cruz consideró que, “mientras una persona tenga el proceso [en investigación], se le presume inocente”. Agregó que Untiveros “es alguien muy orgánico en el partido y por eso le damos la confianza”.
En Podemos Perú, su vocero José Luna Gálvez dijo que no conocía los detalles del acuerdo. Sin embargo, actualmente el grupo tiene un jefe de gabinete: José Fernández Gárate, esposo de una exfuncionaria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que fue cuestionada por haber sido contratada presuntamente por vínculos políticos.
“La Mesa Directiva toma sus acuerdos y se cumplen. Generalmente no hacen de conocimiento […]. No sé [de] montos ni nada porque no participamos en esa decisión. Es eminentemente administrativa”, dijo Luna.
En Renovación Popular, que recién desde enero pasó a tener once integrantes, su vocero Alejandro Muñante señaló que como bancada acatan los acuerdos de la Mesa Directiva. “A nosotros nos informan de esto que ya está aprobado, no nos consultan si estamos de acuerdo. Es un tema que a la bancada se le ha asignado. Ahora, el monto [remunerativo] yo desconozco”.
El grupo parlamentario colocó en el puesto a la exprocuradora y excandidata al Congreso Katherine Ampuero, quien se afilió al partido en julio del 2024.
De todos los jefes de gabinete mencionados se buscó su descargo.
Hasta el momento, la Mesa Directiva no ha ofrecido una explicación sobre la creación y el incremento presupuestal del cargo.
Este Diario intentó contactar por varios días y distintos medios a Salhuana y los otros miembros de la Mesa Directiva, pero no obtuvimos respuesta. Días antes del cierre de este informe, un asesor del titular del Parlamento adelantó que no se pronunciaría sobre el tema.
Legisladores de bancadas que no fueron beneficiadas con el acuerdo indicaron a El Comercio que no lo conocían. Luis Aragón, de Acción Popular, consideró que nunca debió aprobarse. Para Flor Pablo (no agrupada), en el Congreso “hay una demagogia tremenda”.