La Fiscalía de la Nación presentó por tercera vez una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el Congreso, en relación con las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. La acusación, tramitada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también alcanza a los exprimeros ministros Pedro Angulo Arana y Luis Alberto Otárola, así como a los exministros César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Según el Ministerio Público, los hechos investigados ocurrieron en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se habría empleado de manera excesiva y desproporcionada la fuerza policial y militar.
¿Cuál es el delito del que se le acusa a Dina Boluarte?
Dina Boluarte y sus exministros Alberto Otárola, César Cervantes y otros imputados son acusados de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, de acuerdo con los artículos 122° y 121° del Código Penal, respectivamente. La imputación se basa en dolo eventual y en omisión impropia, es decir, no haber cumplido con su deber de prevenir los actos de violencia durante las protestas sociales en diversas regiones del país.
Según el documento, las autoridades debieron diseñar y aplicar protocolos específicos para proteger la vida y la integridad física de los manifestantes durante protestas públicas. Sin embargo, al incumplir este deber, habrían atentado, de manera directa o indirecta, contra los derechos de los ciudadanos, además de incumplir normas internacionales que obligan al Estado a respetar y proteger estos derechos.
Tercera denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes en protestas
En noviembre de 2023, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los exministros César Cervantes y Vicente Romero. La acusación se basó en presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, derivados del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones en regiones como Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Lima Metropolitana. Sin embargo, terminó siendo archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
En julio de 2024, la Fiscalía presentó una segunda denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte y varios exministros, incluyendo a Pedro Angulo y Jorge Chávez Cresta. Esta vez, la acusación impulsada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Viillena, se centró en los delitos de lesiones leves y graves, señalando que al menos 75 personas resultaron heridas debido al presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública durante las protestas.
A diferencia de la primera, esta sí fue admitida y se encuentra en etapa de investigación y análisis por parte de la Subcomisión, sin que hasta la fecha se haya emitido un informe final ni se haya elevado el caso a la Comisión Permanente del Congreso para su evaluación. Cabe mencionar que, en paralelo, la presidenta Boluarte presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en agosto de 2024, buscando anular las acciones de la Fiscalía relacionadas con esta denuncia.
Ahora, una nueva denuncia constitucional ha sido presentada por la Fiscalía de la Nación contra Dina Boluarte y siete exautoridades mencionados previamente.
El recurso de amparo presentado por Dina Boluarte ante el Tribunal Constitucional
La segunda y tercera denuncia constitucional contra Dina Boluarte podrían ser declaradas nulas debido al recurso de amparo presentado por la presidenta ante el Tribunal Constitucional, el cual inicialmente fue rechazado por el juez Jonathan Valencia López y, posteriormente, por la Segunda Sala Constitucional de Lima.
Sin embargo, el 28 de agosto de 2024, la defensa de Boluarte elevó el caso al TC, que admitió su revisión. El 24 de abril de 2025, el pleno del TC escuchó los alegatos de ambas partes en una audiencia pública realizada en Arequipa, quedando el caso al voto para una decisión final.
Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional no ha emitido un fallo definitivo sobre este recurso de amparo. La decisión que adopte será crucial para determinar los límites de las investigaciones fiscales a un presidente en funciones y podría sentar un precedente en el tratamiento de casos similares en el futuro.