La minería informal y el factor Congreso: sus

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Según un análisis efectuado por El Comercio, solo entre enero del año pasado y lo que va del presente, los presidentes de los tres grupos de mineros informales más notorios en el último tiempo suman cerca de 160 visitas al Parlamento Nacional.

Se trata de Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin Perú); Celso Cajachagua, presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe); así como José Torrealva, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz).

En suma, Bequer —quien está afiliado a Renovación Popular y en 2021 postuló, sin éxito, al Congreso con Avanza País— acumula en total hasta 82 ingresos al Legislativo; mientras que Cajachagua hizo lo propio 48 veces.

En tanto, Torrealva, exalcalde de Pataz, investigado preliminarmente por minería ilegal y afiliado desde setiembre pasado a Podemos Perú, ingresó 28 veces. Todo esto, según el registro oficial de visitas de la entidad.

Sus visitas, sobre todo, se incrementaron ampliamente entre setiembre, octubre y noviembre del año pasado, respectivamente, meses claves en donde se terminó por definir en el Congreso la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual, de acuerdo con distintos especialistas, ha devenido en los últimos años una suerte de manto protector para la minería ilegal. Su prórroga se dio medio de amenazas de convulsión social.

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Ciertamente, esta es una situación que se ha tornado en una verdadera bomba de tiempo. La prórroga del Reinfo —aprobada hacia finales de noviembre del año pasado— tan solo aplazó un problema que si bien viene de años atrás, actualmente vive su cúspide más violenta. La masacre ocurrida en Pataz es una muestra de esto. Y el reloj sigue corriendo, en medio de unas elecciones que ya están en marcha y que definirán las próximas autoridades del país.

“La minería ilegal en el Perú constituye el delito que en este momento está generando mayor ingreso ilegal que, incluso, el narcotráfico. Únicamente en Pataz se está produciendo aproximadamente la tercera parte de todo el oro que se produce en el Perú”.

Gustavo Adrianzén Presidente del Consejo de Ministros (07/05/2025)

El legislador que ampliamente ha recibido más visitas por parte de estos tres dirigentes es Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), quien asumió la conducción de la Comisión de Energía y Minas en el segundo semestre del 2024. Su parcialización hacia el sector minero informal ya quedó en evidencia.

También figuran Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y Guido Bellido (Podemos Perú), respectivamente. Los tres con propuestas para prolongar la vigencia del Reinfo.

Sin embargo, en los registros también aparecen legisladores de otras bancadas, como Alianza para el Progreso (APP), entre los más frecuentados. También es cierto que un ingreso al Legislativo puede haber significado la visita de más de un parlamentario o incluso sus asesores, una vez dentro del recinto.

Ranking por dirigente

Máximo Franco Bequer (Confemin):

Celso Cajachagua (Fenamarpe):

José Torrealva (AMA Pataz):

Que el Congreso haya cedido a la ampliación de cuestionado Reinfo por otros seis meses hasta junio de este año —con 87 votos a favor, con la posibilidad de otros de seis meses más—, bien puede ser una muestra de la influencia que se ejerce y que este no es un tema menor.

“De los ocho proyectos que agrupó el dictamen con el que se amplió el Reinfo en 2024, cuatro provienen de la bancada Podemos Perú”.

Pero ya en marzo del año pasado se había aprobado la derogación de la disposición que facultaba a la policía a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el Reinfo.

Además, mientras aún se espera un texto final del predictamen de lo que se significará la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (también conocida como la Ley Mape), se insiste con iniciativas dirigidas hacia este sector.

La Comisión de Energía y Minas -a cargo de Gutiérrez, en medio de la tragedia en Pataz- se alista para discutir un predictamen que apunta a flexibilizar las reglas de caducidad de las concesiones mineras.

Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se advirtió que esta propuesta carece de argumentación técnica, “generaría un grave impacto en la competitividad de la minería peruana, desalentaría la inversión minera formal y afectaría gravemente la estabilidad económica del país”. Así se le hizo saber a través de un escrito a Gutiérrez.

El tema estaba agendado para el último martes, pero no se llegó a abordar. Sigue en el tintero.

La Confemin estaba presente en el Congreso para su discusión. El predictamen agrupa iniciativas legislativas de Alejandro Muñante (Renovación Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Edwin Martínez (No Agrupado).

“Este proyecto es de suma importancia toda vez que tenemos identificados grandes concesiones, cantidades de concesiones, acaparadas por más de 30 años sin trabajar. Y este proyecto especifica claramente que no debe permanecer por 30 años, sino por cinco. La Confemin Perú participará activamente en este debate de la Comisión de Energía y Minas”, expresó previo a la reunión uno de sus dirigentes.

Puntos de vista

A opinión de César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, el Congreso ha venido siendo más el espacio de defensa de los mineros informales y también de aquellos mineros ilegales “disfrazados de informales”. “El Congreso sobre todo ha sido la caja de resonancia de las pretensiones y exigencias de los mineros informales y de los ilegales disfrazados de formales”, expresó en diálogo con El Comercio.

¿Por qué este sector busca acercarse y necesita tener llegada en el Parlamento? “Para aprobar leyes que les sean convenientes, como la ampliación del Reinfo que se dio en diciembre y ahora para avanzar en la construcción de la nueva ‘Ley Mape’, que trae todos los puntos favorables a la minería informal. Hacen un trabajo de incidencia de reuniones, luego invitan a muchos a sus congresos en distintas regiones o les invitan a hacer visitas a las zonas donde operan”, comentó Ipenza.

En su mirada, esto no se trata solo de un solo grupo político, sino que “hay una bancada multipartidaria, de distintos partidos, que juegan con el falso discurso de beneficiar a los mineros, cuando en la práctica simplemente quieren perpetuar una situación que es destructiva para los mismos mineros”. Una situación que se torna aún más compleja con unas elecciones en curso, donde muchos buscan congraciarse con este sector.

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“Al final, pusieron la excusa la Ley Mape, pero lo que más les interesa a ellos [los ilegales] es más tiempo para seguir operando en la impunidad. El Ministerio de Energía y Minas ya debería de haber sincerado el Reinfo y haber sacado a todos los que no tienen las condiciones para mantenerse. No tener ese limbo de ‘suspendidos’, que, en la práctica, nadie verifica si están operando o no estando suspendidos”, cuestionó.

“La llave de la continuidad del Reinfo está en el poder Legislativo. Son los que, a través de una ley, pueden permitir que el Reinfo pueda ser extendido” y, por ello, es vital el rol que pueda tener, apuntó, por su parte, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior.

Comentó que este es un fenómeno social que se ha tornado muy complejo, que viene de años atrás, pero en donde se ha pasado de una actividad a pequeña escala a una en donde se han involucrado grupos criminales y cuya participación se extiende en las distintas fases, con un Estado ausente y el auge del precio del oro.

“La discusión de fondo sobre el tema de la minería tiene que darse, pero les conviene que no se de para tener el camino fácil para pedir la ampliación del Reinfo a los congresistas que quieren renovar su vínculo con el sector minero y ser reelegidos. Eso es lo que va a ocurrir. Es una bomba de tiempo”, comentó sobre la confluencia de esta situación con unos comicios electorales.

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En la mirada del exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, “el Congreso es el que hace las leyes; es decir, el que pone las reglas de juego, pero también es el que fiscaliza”, sobre todo a los órganos del Ejecutivo. Y es por ello que buscan ese apoyo en el Parlamento, con el fin de tratar de influenciar en las reglas, pero también de que se interceda en cuando al control que se ejerce.

Herrera Descalzi recordó que, según estimados del Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal ha alcanzado cifras récord, con exportaciones de oro que superó los US$7.415 millones en el 2024. Son ingentes cantidades de dinero con las que muestra su avance frente a la minería legal y sobre el cual se busca mantener el statu quo y evitar la fiscalización.

“La minería ilegal lo que quiere es seguir actuando como lo que está haciendo, sin que haya fiscalización. Mientras a ellos los fiscalicen lo menos posible, mejor para ellos. (…) Con el Reinfo la estrategia es extender y extender la validez de esa transitoriedad en la que puede operar como si fuera legal, sin serlo. Porque está en trámite”, aseveró.

A fines de junio vence la última prórroga. Y la decisión de prolongar (o no) esta situación mediante la ampliación del Reinfo recae ahora en el Ejecutivo. Tiene la palabra.

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